Las imágenes difundidas por la institución castrense corresponden a la ofensiva que se realizó el 27 de agosto de 2026 en cercanías del río Inírida, en el municipio de El Retorno, departamento de Guaviare.
De acuerdo con el comunicado oficial, la acción incluyó un ataque aéreo estratégico contra tres zonas campamentarias que eran ocupadas por una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño.
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La operación fue ejecutada en forma conjunta por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El objetivo, según el Ministerio de Defensa, era una unidad bajo el mando de alias Cotiz, al que las autoridades vinculan con la facción dirigida por alias Calarcá.
El material audiovisual divulgado por el Comando General muestra parte del despliegue operativo y de los elementos hallados en el área después del bombardeo. La entidad presentó las imágenes como evidencia de la presencia armada y de la capacidad logística de la estructura ilegal en esta zona del sur del país.
El ataque alcanzó tres campamentos cerca del río Inírida
Según el reporte oficial, las tropas ubicaron tres sectores de campamento en un área rural cercana al río Inírida. La ofensiva aérea fue seguida por operaciones en tierra para asegurar el lugar, verificar los resultados y realizar las diligencias judiciales exigidas por la ley.
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El Ministerio de Defensa informó que durante la operación murieron 10 integrantes de la estructura armada, todos identificados inicialmente por las autoridades como personas que cumplían funciones de combate. Además, las tropas capturaron a un presunto integrante del grupo y recuperaron a un menor de edad que, de acuerdo con la institución, estaba en función continua de combate.
El adolescente quedó bajo custodia de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. La información divulgada no precisó su edad ni las circunstancias en las que habría llegado a la estructura armada.
Las autoridades señalaron que el operativo cumplió los parámetros legales previstos para ataques aéreos estratégicos. También indicaron que se realizaron los actos urgentes en la zona y que los cuerpos fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para establecer su identidad.
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Las tropas incautaron 184 minas antipersonas y más de 29.000 municiones
Después de asegurar los campamentos, los uniformados encontraron un arsenal que, según las Fuerzas Militares, incluía 19 fusiles, siete ametralladoras y 15 armas cortas.
El listado también incluyó un mortero de 60 mm, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 mm, 174 proveedores, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. Entre los hallazgos se reportaron 184 minas antipersonas, artefactos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario debido a su impacto indiscriminado sobre la población civil.
La cartera de Defensa sostuvo que el armamento incautado refleja las capacidades de la estructura que operaba en la zona. No informó, sin embargo, si el material estaba destinado a acciones específicas ni si existen otras operaciones en curso contra el grupo señalado.
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El Bloque Jorge Suárez Briceño es una de las estructuras disidentes que tienen presencia en áreas de la Amazonía colombiana. Las autoridades atribuyeron el control del grupo atacado a alias Cotiz y lo ubicaron dentro de la facción que lidera alias Calarcá.
Medicina Legal identificó a tres adolescentes entre los muertos
El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que tres de las personas fallecidas en la operación eran menores de edad: dos adolescentes de 15 años y uno de 16.
El dato abrió un nuevo capítulo en torno a la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. El Ministerio de Defensa afirmó que el reclutamiento y el empleo de menores de edad en hostilidades constituyen un crimen de guerra y una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
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La entidad responsabilizó a los grupos armados organizados por la vinculación de adolescentes a sus estructuras y recordó que el reclutamiento ilícito está tipificado en la legislación colombiana. El Gobierno señaló que los casos conocidos en Guaviare serán incluidos en las discusiones interinstitucionales sobre mecanismos de prevención, protección y sanción.
Los ministerios de Justicia y Defensa anunciaron una mesa de trabajo para reforzar la respuesta estatal frente al reclutamiento y la utilización de menores de edad. En ese espacio prevén convocar a la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes.
La discusión abarcará posibles ajustes penales, el aumento de sanciones y acciones para perseguir las cadenas de mando y las redes dedicadas a captar adolescentes para las organizaciones ilegales.
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