La deuda de entidades públicas con las empresas de energía llegó a un punto que llevó a la Procuraduría General de la Nación a poner la lupa sobre tres casos: Santander de Quilichao, Empaso, en El Paso, Cesar, y Air-e. El organismo abrió actuaciones para establecer si hubo omisiones administrativas, financieras o presupuestales relacionadas con obligaciones que siguen pendientes.
El panorama de cartera también fue advertido por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), que respaldó la Directiva 16 del 21 de agosto de 2026. Según el gremio, las deudas de los llamados usuarios oficiales alcanzaron un máximo histórico de $1,5 billones. José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, señaló que esos recursos corresponden a consumos de energía acumulados que no fueron pagados.
“La directiva se expide en momentos en que el monto de la deuda con las empresas ha alcanzado un máximo histórico: $1,5 billones. Esta cifra equivale a consumos de energía a lo largo del tiempo que no han sido pagados por parte de los llamados usuarios oficiales”, expresó. Uno de los expedientes abiertos por el Ministerio Público corresponde a la Alcaldía de Santander de Quilichao. La Procuraduría inició una indagación previa para establecer posibles omisiones frente a la deuda con la Compañía Energética de Occidente.
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La obligación superaba los $61.870 millones a febrero de 2024 y, de acuerdo con el organismo, para mayo ascendía a $73.798 millones. Se indicó que existen decisiones judiciales ejecutoriadas, por lo que la investigación busca determinar eventuales responsabilidades de quienes estuvieron al frente de la Alcaldía y de las secretarías de Hacienda durante los periodos correspondientes. La deuda de Empaso corresponde a Afinia, empresa de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y se viene acumulando desde 2019. Además, la investigación pretende establecer quiénes pudieron incurrir en omisiones relacionadas con el pago de las obligaciones. La entidad revisará las actuaciones de quienes tuvieron responsabilidad durante esos periodos.
El segundo caso involucra a Empaso, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios El Paso, en Cesar. La investigación disciplinaria cobija a cinco personas que ocuparon la gerencia de la compañía. Adriana Salcedo, procuradora delegada para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios de la Procuraduría, explicó la dimensión del problema.
“Afinia reportó una deuda de $13.500 millones. El caso evidencia además un problema de planeación: para 2026 se habrían apropiado solamente $80 millones dentro del presupuesto para el pago de servicios públicos, mientras que las facturas de energía oscilaron en $100 millones mensuales o más”, declaró Salcedo.
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El tercer frente de investigación está relacionado con Air-e y la intervención estatal que atraviesa la compañía desde 2024. El proceso incluye a los agentes interventores. “Entre los hechos relevantes están la ausencia de una solución empresarial estructurada, problemas en la gestión de la deuda posterior a la toma de posesión por parte del Gobierno Nacional y la baja ejecución de inversiones, deterioro del índice de pérdidas, incumplimientos regulatorios y otras posibles omisiones”, declaró la Procuraduría.
Para Asocodis, el problema tiene consecuencias que van más allá de las cuentas pendientes. Manzur sostuvo que la deuda representa 34 % del total adeudado a las compañías, que además atraviesan una situación financiera delicada. Esa presión, según Asocodis, reduce la capacidad de inversión destinada a reponer redes y puede afectar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en las regiones.
El gremio pidió a gobernaciones, alcaldías y representantes legales atender las obligaciones pendientes. También manifestó su disposición para conciliar cartera, establecer acuerdos de pago y participar en mesas de trabajo que permitan aclarar información sobre facturación y consumo.
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“Nuestro llamado cordial y respetuoso es a los destinatarios de la directiva de la Procuraduría para que apropien las partidas necesarias y suficientes, paguen oportunamente las facturas de energía eléctrica y adelanten el saneamiento de las deudas de vigencias anteriores, evitando el incumplimiento de sus deberes como usuarios de los servicios públicos y actuaciones disciplinarias”, expresó el gremio.
Asocodis advirtió finalmente que, aunque se busquen acuerdos, los costos de la falta de pago terminan trasladándose a los usuarios y comprometen la sostenibilidad y confiabilidad del suministro eléctrico en las regiones.
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