La representante a la Cámara por Antioquia Ana Ligia Mora solicitó formalmente al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, la instalación urgente de una mesa técnica de trabajo interinstitucional para avanzar en la reglamentación de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el Ruido.
La congresista del Centro Democrático e integrante de la Comisión Quinta de la Cámara envió una comunicación oficial al despacho ministerial con el objetivo de establecer una hoja de ruta que permita aplicar las sanciones y controles previstos en la norma aprobada por el Congreso de la República.
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A través de su cuenta en la red social X, la legisladora señaló la necesidad de llevar la legislación a la práctica en los territorios: “Solicitamos al Ministerio de Ambiente la instalación de una mesa técnica que permita avanzar de manera prioritaria en su reglamentación, definir una hoja de ruta y articular a las autoridades competentes”.
“La tranquilidad, la salud y la convivencia de los ciudadanos también deben ser prioridad”, afirmó Mora en su post.
Congresista pide reglamentar la Ley contra el Ruido
En el documento, la legisladora explicó que la contaminación acústica representa un problema recurrente de salud pública en los centros urbanos. Según la representante, la falta de un decreto reglamentario actualizado impide que las autoridades locales y la Policía intervengan de manera eficaz ante las denuncias presentadas por la comunidad.
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“La falta de una reglamentación técnica vigente limita la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales, de salud, de policía y demás entidades responsables, frente a las quejas ciudadanas, e impide que los municipios y distritos incorporen plenamente las herramientas previstas por la ley”, sostuvo Mora en la carta remitida al ministro Arjona.
La petición enviada al Ejecutivo contempla tres objetivos principales para la mesa técnica:
- Hacer seguimiento directo al borrador del acto administrativo reglamentario.
- Definir un cronograma para la expedición de la norma.
- Convocar la participación de la academia, la ciudadanía y las corporaciones autónomas regionales.
Asimismo, la congresista solicitó la designación formal de un enlace institucional dentro del Ministerio de Ambiente para definir la fecha y la modalidad de la primera sesión de trabajo.
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¿De qué se trata la Ley contra el Ruido?
La Ley 2450 de 2025 creó la Política Nacional de Calidad Acústica para regular las emisiones sonoras producidas por actividades comerciales, industriales y de transporte en todo el territorio nacional.
La norma fija restricciones de decibeles para establecimientos como bares, discotecas y restaurantes. De igual manera, responsabiliza a los dueños o arrendatarios de los predios donde se generen ruidos que alteren la tranquilidad pública.
Entre las herramientas contempladas en la ley se destaca la obligación de elaborar mapas de ruido georreferenciados en los municipios. Estos insumos permitirán a los alcaldes ordenar el territorio, restringir horarios de funcionamiento de negocios y orientar los planes de movilidad en zonas residenciales.
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La legislación abarca también al sector de la construcción. Las obras que se ejecuten a partir de la entrada en vigencia de los decretos reglamentarios deberán incluir estándares de aislamiento acústico en las estructuras.
Las sanciones previstas en el texto legal incluyen multas económicas y cierres temporales o definitivos para los establecimientos comerciales que excedan los límites permitidos. Las autoridades de policía contarán con la facultad de atender de forma directa las llamadas de auxilio por perturbación al descanso.
Con estas medidas, la política nacional busca que el control del ruido no dependa únicamente de las denuncias de los ciudadanos, sino que haga parte de la planificación territorial, la construcción y la vigilancia de las actividades que generan contaminación auditiva.
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La puesta en marcha de estas medidas de control y prevención depende de los parámetros técnicos que adopte el Ministerio de Ambiente a través de la reglamentación requerida por los legisladores.
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