El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó un “golpe contundente” contra una de las facciones de alias Calarcá, comandante principal del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.
El mandatario colombiano indicó en su cuenta oficial de X que durante la madrugada del jueves 27 de agosto de 2026 la fuerza pública ejecutó la operación Amón en la zona rural de El Retorno, departamento del Guaviare, sobre campamentos utilizados, según De la Espriella, por el Bloque Jorge Suárez Briceño.
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“Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare. Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño (sic)”, expresó el jefe de Estado.
El presidente Abelardo de la Espriella comunicó que el operativo dejó un balance preliminar de ocho personas fallecidas, así como once fusiles y cinco ametralladoras incautados.
“En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra 8 terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia (sic)”, afirmó De la Espriella.
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El jefe de Estado precisó que los operativos militares seguirán y que las tropas del Ejército Nacional siguen avanzando en la “consolidación de la zona”.
El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje a los cabecillas de los grupos armados de Colombia, en el que aseguró que no tendrán escondite en ninguna parte del país.
“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, expresó.
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Más temprano, el mandatario colombiano había señalado que durante las próximas horas iba a anunciar el operativo militar al país.
“En un par de horas le confirmaré al país los resultados de una contundente operación militar realizada esta madrugada por nuestra Fuerza Pública. Por ahora solo puedo decir una cosa: la ofensiva contra el crimen no se detiene (sic)”, afirmó el jefe de Estado.
Primer bombardeo
Durante la madrugada del martes 11 de agosto de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó un bombardeo militar en la región del Catatumbo, una zona caracterizada por la presencia de grupos armados ilegales en el nororiente colombiano.
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La operación, denominada Beta, fue ejecutada por las Fuerzas Militares en áreas rurales entre Tibú y San Calixto, en Norte de Santander. El objetivo principal fueron estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes oficiales, la acción permitió destruir cinco campamentos, dos búnkeres y decomisar armamento, explosivos y drones.
A pesar de los resultados anunciados, la Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles impactos en la población civil. Se reportó que al menos tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, sufrieron heridas en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto. También se presentaron desplazamientos forzados hacia El Tarra.
La Defensoría inició presencia en la zona para verificar los hechos y coordinar la atención a las comunidades afectadas. La incursión aérea se dio pocos días después del inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, lo que representó un giro en la política de seguridad respecto a la administración anterior. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la estrategia de bombardeos no se utilizó sino hasta dos años después de su posesión.
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La nueva gestión decidió recurrir a la capacidad aérea desde las primeras semanas. En Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc han generado desplazamientos, confinamiento y muertes.
La Defensoría del Pueblo pidió a la fuerza pública ajustar la planeación y evaluación de las operaciones militares para cumplir los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad definidos por el Derecho Internacional Humanitario. Además, anunció que continuará monitoreando la situación y apoyando la respuesta institucional para proteger los derechos de los afectados.
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