La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanzó con la salida de dos viceministros y el fin del encargo de otros dos funcionarios, una decisión adoptada mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella revisa la legalidad de pagos, contratos y compromisos presupuestales en una cartera que perdió sustento jurídico tras la anulación de la ley que la creó.
La revisión también apunta al control de $200.000 millones que el Ejecutivo busca recuperar para destinarlos a prioridades nacionales, entre ellas la atención de la emergencia económica y a víctimas del reciente terremoto. El fondo FonIgualdad, adscrito a la entidad, quedó bajo examen para detectar nóminas paralelas, contratos y programas sin sustento.
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De acuerdo con información oficial, la medida afecta a Tamara Ospina, viceministra de las Mujeres, y a Pablo Zabala, viceministro de Juventudes, ambos declarados insubsistentes.
También terminó el encargo de Aura Tegria, viceministra encargada de los Pueblos Étnicos y Campesinos, y de Santiago Salinas, viceministro encargado de Poblaciones y Territorios Excluidos.
El proceso está a cargo de John Milton Rodríguez, liquidador designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Su tarea incluye reestructurar la entidad y controlar recursos después de la supresión de toda la estructura viceministerial.
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La cartera, creada durante la administración de Gustavo Petro, enfrenta una auditoría integral tras la identificación de “un desgreño administrativo”, la ausencia de estados financieros de cierre y compromisos presupuestales sin soporte legal suficiente. El liquidador sostuvo en una intervención pública difundida por las redes del ministerio que encontró una “olla podrida”.
Rodríguez afirmó: “El gobierno de Gustavo Petro dejó un Ministerio en caos, sin un cierre ordenado y una liquidación responsable”. También señaló que la entidad tenía un atraso superior a tres meses en los estados financieros.
El funcionario añadió que seguían vigentes compromisos de nómina, arriendos y otros gastos sin verificación documental. En ese marco, ordenó el congelamiento contractual y presupuestal y exigió formalmente que la administración anterior entregue toda la gestión con soportes verificables.
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Rodríguez precisó que sólo se autorizarán pagos con respaldo jurídico y laboral comprobado. En el video institucional dijo: “Las obligaciones y nóminas pendientes causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán auditadas una por una”.
El liquidador aseguró: “No se autorizará un solo peso que no corresponda estrictamente al proceso de liquidación”.
La Corte Constitucional dejó sin base legal a la cartera desde mayo de 2024
La eliminación inmediata de la estructura viceministerial forma parte de la estrategia para desmontar la operación de la entidad después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen al ministerio. Desde mayo de 2024, la cartera quedó sin soporte legal por vicios en el trámite legislativo y por la falta de análisis fiscal.
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El proceso de liquidación es el primero de este tipo para una cartera en el país. Las decisiones adoptadas incluyen además la radicación de denuncias ante los órganos de control por posibles detrimentos patrimoniales y otras irregularidades.
La revisión del cierre administrativo ocurre en medio de denuncias de acoso laboral, investigaciones disciplinarias y cuestionamientos a los nombramientos de altos funcionarios de la administración anterior. Según el liquidador, la instrucción es proteger los recursos públicos y “defender hasta el último peso de los colombianos”.
El representante Daniel Briceño denunció un contrato de $30.275 millones en el Ministerio de la Igualdad
El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño denunció una contratación millonaria en el Ministerio de la Igualdad en pleno proceso de liquidación, luego de que la cartera no lograra su aprobación en el Congreso de la República.
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Según la denuncia, el contrato dejaría “amarradas” a 1.270 personas a través de una empresa de servicios temporales, pese a que la entidad avanza en su cierre y se registró un centenar de despidos.
El costo del acuerdo sería de $30.275.999.986 e incluiría un anticipo de $9.082.799.996. El contrato figura entre el patrimonio autónomo fondo para la superación de brechas de desigualdad poblacional e inequidad territorial y Laborando S.A.S.
Briceño cuestionó que la firma ocurra durante la liquidación de la cartera y afirmó: “Se van a llevar hasta los inodoros”.
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