La reciente ofensiva lanzada por el gobierno de Abelardo de la Espriella en el departamento de Antioquia dejó como resultado la desarticulación de una red dedicada al robo de combustible del poliducto Sebastopol-Medellín, según informó el propio mandatario a través de sus canales oficiales.
El operativo, ejecutado por la fuerza pública, concluyó con la captura de diez personas y permitió dimensionar el impacto económico de la organización, responsable de pérdidas que superan los 8.000 millones de pesos a Ecopetrol.
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La estructura intervenida tenía como eje principal la extracción ilegal de hidrocarburos transportados por el poliducto entre Sebastopol y Medellín. Las pesquisas judiciales permitieron identificar el método utilizado para sustraer el combustible así como la ruta que seguía el producto robado.
El mandatario explicó que la investigación reveló destinos múltiples para el combustible, entre ellos actividades ilegales en otras regiones.
De la Espriella detalló que el combustible hurtado abastecía circuitos de minería ilegal y servía como insumo para el procesamiento de cocaína en distintos puntos del territorio nacional.
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“Este combustible hurtado alimenta la minería ilegal, es utilizado como insumo en el procesamiento de cocaína y financia estructuras criminales”, afirmó el presidente, subrayando la dimensión transversal del delito.
La operación no solo impactó una red local, sino que además puso al descubierto el vínculo de la organización desmantelada con una subestructura del Clan del Golfo. Según las autoridades, cerca del 20% de los recursos generados por el robo de hidrocarburos terminaban en manos de ese grupo armado ilegal, que mantiene presencia en varias zonas del país.
“Cerca del 20% de las ganancias terminaba en manos de una subestructura del Clan del Golfo”, aseguró el mandatario en un mensaje transmitido en sus plataformas sociales.
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El gobierno presentó estos resultados como parte de una estrategia en marcha para atacar las fuentes de financiación de organizaciones dedicadas a economías ilícitas.
La administración considera que el hurto de combustibles no solo repercute en las finanzas estatales y de empresas como Ecopetrol, sino que además constituye un eslabón esencial en la cadena de financiación de actividades criminales.
El Ejecutivo remarcó que la ofensiva contra este tipo de delitos se orienta a “cerrar el chorro a los criminales que se roban los recursos de los colombianos”, en palabras del propio De la Espriella.
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Las autoridades en Antioquia lograron establecer que la red criminal intervenida contaba con una logística sofisticada para la extracción y el transporte del combustible. Parte de los recursos obtenidos habrían sido utilizados para adquirir materiales y equipos, además de financiar la expansión de redes logísticas asociadas tanto al narcotráfico como a la minería ilegal.
Voceros de la administración recalcaron que la estrategia de seguridad no se limita a la captura de los autores materiales, sino que busca afectar las estructuras financieras detrás de estos delitos.
“Vamos por toda la cadena criminal. El narcotráfico y sus fuentes de financiación serán perseguidos sin tregua”, remarcó el presidente en su cuenta oficial de X.
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El mandatario cerró su intervención con un mensaje enfático de respaldo a las fuerzas de seguridad: “¡Firme por la Patria!”. Concluidas las detenciones, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por delitos como hurto agravado, daño en bien ajeno y concierto para delinquir, entre otros.
Ejército desmanteló estructura de minería ilegal vinculada a disidencias de las Farc en Ortega, Tolima
El 16 de agosto de 2026, una operación de la Sexta Brigada del Ejército Nacional en la vereda San Diego, municipio de Ortega, permitió desarticular una estructura vinculada a la extracción ilegal de oro, relacionada con la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, facción de Iván Mordisco.
Los uniformados incautaron maquinaria pesada, motores, clasificadoras metálicas y 1.200 galones de Acpm. El Ejército estimó una capacidad mensual de 4.000 gramos de oro, valorados en 1.400 millones de pesos.
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El coronel Arnold Pérez destacó que la acción frenó daños ambientales y frenó la expansión de la minería ilícita en el sur del Tolima.
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