Es oficial: el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, declaró en la noche del miércoles 19 de agosto el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, durante 30 días, tras el sismo del 10 de agosto de 2026 que, de acuerdo con los registros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), deja un balance de 319 muertos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos.
La medida, según se especificó en el citado documento, regirá en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. También podrá aplicarse a otros municipios si se demuestra una afectación concreta derivada del fenómeno natural y de sus réplicas, con afectaciones físicas.
El decreto ordena además que el Ministerio del Interior rinda un informe motivado al Congreso. También dispone remitir el texto al día siguiente a la Corte Constitucional y comunicar su adopción a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA). En efecto, con la declaratoria, el Ejecutivo activó un régimen excepcional limitado en el tiempo y en el territorio para enfrentar la crisis.
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Los daños que sustentan la declaratoria de emergencia por Abelardo de la Espriella
Según el decreto, el sismo alcanzó magnitud 7,4, tuvo una profundidad de 103,4 kilómetros y dejó 393 réplicas registradas hasta las 6:00 a. m. del 19 de agosto. Al respecto, la Ungrd registró en forma preliminar afectación directa en 15 departamentos y 471 municipios, con un balance de 30.803 viviendas destruidas y 151.433 averiadas; con focos de emergencia en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.
El mismo reporte señala 302 edificios colapsados y 3.513 centros educativos, comunitarios y de salud afectados. También reporta daños en 14 puentes peatonales, 70 puentes vehiculares, 450 vías, 110 acueductos, cinco aeropuertos y 18 bancos. Además, contabiliza 151.133 familias y 272.830 personas damnificadas a lo largo y ancho del territorio nacional, a nueve días de que se registrara el evento.
En el decreto ser advirtió que esas cifras pueden aumentar porque el relieve montañoso, la dispersión rural, los deslizamientos y la pérdida de conectividad han dificultado las verificaciones en terreno. Solo en animales, han sido 1.731 los afectados, de los cuales 549 pudieron ser rescatados.
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El impacto en servicios, abastecimiento y economía
Producto del fuerte movimiento telúrico, se han registrado fallas en el suministro de agua potable, gas, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y energía eléctrica. En el caso de la red eléctrica, XM reportó que la demanda no atendida llegó inicialmente a cerca del 18% nacional, aunque para el 13 de agosto el restablecimiento había alcanzado el 97% en las regiones afectadas; con solo un 3% pendiente.
En transporte aéreo, el sismo afectó siete terminales, entre ellas las de Cali, Pereira, Cartago, Armenia, Quibdó, Manizales y Buenaventura. Esos aeropuertos movilizaron en conjunto el 10,8% de los pasajeros del país en el primer semestre de 2026, y aún persistían restricciones en Pereira y Cartago; que siguen sin operar por cuenta de los graves daños en su infraestructura, a la espera de ser habilitados.
En el decreto también se menciona cierres y restricciones viales que comprometen corredores para la carga y el abastecimiento. Los departamentos afectados aportan el 11,5% del abastecimiento total de alimentos del país, con peso especial en verduras, carnes, alimentos procesados, frutas y lácteos y huevos; lo que ha generado desabastecimiento en diferentes regiones del país, sobre todo en el suroccidente.
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Entretanto, en el frente ambiental, el Ministerio de Ambiente identificó riesgos por escombros, residuos peligrosos, daños en sistemas hídricos, afectación de fauna silvestre y posibles impactos sobre áreas protegidas. El pasivo de escombros se estima entre 1,5 millones y 2,4 millones de toneladas, en labores que ya empezaron de manera meticulosa, ante la esperanza de encontrar rastros de vida.
El decreto añadió que el desastre afectó vivienda, salud, educación, comercio, turismo, manufactura, agroindustria y servicios. El impacto económico preliminar se calcula en al menos $30 billones, cerca del 1,8% del PIB, mientras una estimación del Servicio Geológico de los Estados Unidos (Usgs, por sus siglas en inglés), ubica como más probable un rango de pérdidas de USD 1.000 millones a USD 10.000 millones.
¿Por qué el Gobierno dice que las vías ordinarias no bastan para atender la emergencia?
El Gobierno sostuvo que ya activó mecanismos ordinarios, entre ellos la declaración previa de desastre nacional. También puso en marcha la respuesta humanitaria del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con evacuaciones, alojamientos, remoción de escombros, traslados de pacientes; además de la priorización eléctrica para servicios esenciales y la suspensión de términos judiciales y tributarios.
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Aun así, el decreto afirmó que esas herramientas resultan insuficientes por límites jurídicos, de tiempo y de recursos. Según el documento firmado por el presidente de la Espriella, algunas de las barreras solo pueden removerse con decretos con fuerza de ley en materias como presupuesto, contratación, crédito público, tributos, vivienda, salud, educación, transporte, justicia, servicios públicos y reactivación económica.
El documento añadió que la estrechez fiscal no causó la emergencia, pero sí restringe la capacidad de respuesta del Estado. Entre otros datos, señala que el cupo de endeudamiento anual aprobado por el Congreso asciende a USD 17.273.146.933 y que la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para manejo de desastres dispone de apenas $47.265.782.863 para la atención.
Por eso, el Ejecutivo prevé decretos legislativos para habilitar nuevas fuentes de recursos, reasignaciones presupuestarias, alivios tributarios temporales, operaciones de crédito más ágiles, uso de recursos del Sistema General de Regalías, ampliación de Obras por Impuestos y mecanismos extraordinarios con activos que, en la actualidad, son administradosa por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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