La ofensiva de las autoridades en las veredas El Hoyo y El Roblal, ubicadas en el norte de Antioquia, resultó en un golpe directo a la logística armada de la Estructura 36, organización residual de las Farc.
El operativo fue liderado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 en articulación con el CTI de la Fiscalía.
El hallazgo de un taller clandestino, donde se fabricaban explosivos y equipos para drones adaptados al ataque, resultó clave para debilitar la capacidad de acción del grupo armado. En el lugar, los uniformados decomisaron herramientas como taladros, pulidoras y soldadores, además de baterías y materiales para la confección de artefactos letales.
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Durante la intervención, se produjo la rendición de una mujer identificada como alias la Mona, quien era señalada como operadora de drones y responsable del manejo de cargas explosivas en la estructura criminal. La detención de esta persona supone una reducción en la operatividad de tecnología armada en la zona rural de Briceño.
Incautaciones y debilitamiento de la estructura armada
Las fuerzas militares lograron decomisar tres drones, uno de ellos especializado en reconocimiento y los otros dos adaptados para lanzar granadas artesanales. También encontraron 30 granadas de 60 milímetros, listas para ser ensambladas en los drones, junto a un fusil AK-47, proveedores, más de 950 cartuchos de varios calibres y 80 eslabones para munición de 7,62 milímetros.
En el mismo operativo fueron localizados 25 artefactos explosivos improvisados, siete minas antipersonal y una rampa artesanal de lanzamiento. Además, se sumó la incautación de dos balones bomba y más de 100 kilogramos de explosivos entre R1 y pólvora negra, material que pretendía ser utilizado en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.
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La acción incluyó la confiscación de uniformes camuflados, chalecos multipropósito, equipos de campaña y calzado táctico, todos de uso privativo de las Fuerzas Militares, lo que evidencia el nivel de preparación de la Estructura 36 para enfrentar a las autoridades.
Impacto de la operación en la seguridad regional
La captura de alias la Mona y el desmantelamiento del taller de explosivos, según el parte oficial, representan un avance en la neutralización de la cadena de producción de artefactos con los que la estructura planeaba atentados en la subregión.
La operación también deja sin capacidad inmediata a la organización para emplear tecnología armada, especialmente en el uso de drones modificados para ofensivas.
La operación militar en Briceño, Antioquia, se traduce en la incautación de armas, explosivos y material logístico, así como en la reducción del potencial ofensivo de un grupo armado que había intensificado el uso de tecnología para atacar a civiles y uniformados en zonas rurales.
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El resultado refuerza el control estatal en una de las regiones más afectadas por la presencia de organizaciones residuales armadas.
Ejército Nacional desarticuló red minera ilegal vinculada a disidencias de las Farc en Honda
La reciente acción de la Sexta Brigada del Ejército Nacional en el sur del Tolima significó un duro revés para las estructuras armadas ilegales que operan en la región. El operativo permitió incautar maquinaria pesada y sustancias químicas empleadas en la extracción y procesamiento ilícito de oro, afectando directamente las fuentes de financiación de estos grupos.
En la vereda San Diego de Ortega, los militares hallaron una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras metálicas y 1.200 galones de Acpm. Todos estos insumos, según información oficial, eran usados para explotar yacimientos auríferos sin autorización estatal, lo que facilitaba la obtención de cuantiosos recursos para las organizaciones ilegales.
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De acuerdo con estimaciones del Ejército, la estructura desmantelada tenía una capacidad mensual de extracción de hasta 4.000 gramos de oro. El valor de la producción ilícita podría alcanzar los 1.400 millones de pesos cada mes, lo que evidencia la magnitud de los beneficios económicos que esta actividad representaba para los grupos armados.
La intervención, ejecutada en una zona rural del municipio de Ortega, fue el resultado de labores de inteligencia que vinculan la operación minera con la comisión Gerónimo Galeano, facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco. Estas organizaciones, según las autoridades, han diversificado sus fuentes de financiación recurriendo cada vez más a la minería ilegal.
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