Las criptomonedas en Colombia entraron en una nueva zona de tensión: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya exige reportes sobre operaciones con criptoactivos, pero el Congreso de la República archivó el proyecto de ley que buscaba fijar reglas para las plataformas del sector.
Eso implica que Colombia aumentará el control sobre compras, ventas y tenencia de criptoactivos desde el año gravable 2026, pero sin un marco integral para vigilar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Siguen en pie obligaciones tributarias y antilavado, aunque persisten vacíos sobre reservas, segregación de fondos, custodia y respuesta ante una quiebra.
Colombia comenzó a exigir información sobre operaciones con criptoactivos al mismo tiempo que dejó caer la iniciativa que pretendía ordenar el funcionamiento de las plataformas que los administran. La diferencia marca el debate actual: una cosa es conocer movimientos y otra supervisar cómo se guardan y protegen los recursos de los clientes.
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La contradicción encendió alertas en el sector fintech y trasladó la discusión al gobierno de Abelardo de la Espriella, que deberá decidir qué camino seguirá ante un mercado que reclama reglas claras y menos impuestos.
Qué cambia con los reportes tributarios sobre criptoactivos
La obligación nació con la Resolución 000240 del 24 de diciembre de 2025, con la que la Dian adoptó el Marco de Reporte de Criptoactivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), conocido como Carf. Desde el año gravable 2026, los proveedores cobijados por esa norma deben recopilar información de sus clientes y de sus operaciones.
El primer envío de esa información está previsto para mayo de 2027. Con ese esquema, la autoridad tributaria amplía su capacidad para revisar la actividad relacionada con activos digitales dentro del país.
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Al respecto, la Dian precisó después que ese cambio no creó un tributo nuevo. En el Concepto 5146 del 26 de junio de 2026, aclaró que Colombia no tiene todavía una definición tributaria especial de criptoactivo ni una base o método exclusivo para valorarlo.
Eso significa que para patrimonio, costo fiscal e ingresos por venta siguen vigentes las reglas generales del Estatuto Tributario. El punto central, por ahora, es el deber de informar, no la creación de una carga distinta para este tipo de activos.
Vacío regulatorio que deja el archivo del proyecto de ley
El contraste aumentó porque el proyecto de ley 510 de 2025 salió del trámite legislativo. La ficha oficial de la Cámara de Representantes lo registra como archivado por aplicación del artículo 190 de la Ley 5 de 1992. La iniciativa proponía regular a los proveedores de servicios de activos virtuales y fijar condiciones para su operación. Con ese archivo, el país se quedó sin la herramienta que buscaba ordenar de forma más amplia ese mercado.
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Eso no significa que el sector opere sin ninguna obligación. Desde abril de 2022, la Resolución 314 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) exige a determinados proveedores reportes de operaciones sospechosas y reportes mensuales sobre transacciones.
Dicho control, de todos modos, apunta a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. No funciona como licencia de operación ni ofrece una garantía sobre la solvencia de una plataforma.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aclaró que no regula, supervisa, avala ni autoriza negocios basados en criptoactivos. En la práctica, una empresa puede cumplir exigencias ante la Uiaf y la Dian sin que exista un régimen integral sobre reservas, segregación de fondos, custodia o respuesta ante una quiebra.
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La presión económica y política sobre el nuevo Gobierno
La magnitud del mercado añade presión a esa discusión. Chainalysis calculó que Colombia recibió USD44.200 millones en valor de criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, el quinto volumen de América Latina.
Esa medición reúne actividad observada en cadena. No equivale a dinero declarado, inversión productiva, ganancias ni número de usuarios, pero sí muestra la escala económica del sector. Ante la situación, el director ejecutivo del Cripto Latin Fest, Santiago Guzmán, planteó el reclamo del sector: “El país ya decidió cómo va a mirar este mercado desde lo tributario, pero todavía no decide bajo qué reglas puede operar. Esa distancia es la que hay que cerrar”.
El archivo del proyecto cambió además el punto de partida del debate. Ya no se trata de acelerar una iniciativa en curso, sino de definir si el Congreso presentará otra, qué entidad vigilaría a los proveedores y cuáles serían las garantías mínimas para usuarios y empresas.
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El presidente Abelardo de la Espriella se posesionó el 7 de agosto después de prometer herramientas digitales contra la corrupción, y su Gobierno anunció una reforma tributaria para septiembre. Cualquier propuesta sobre activos virtuales deberá competir por espacio en esa agenda.
Según Guzmán, se harán tres solicitudes durante jornadas empresariales entre el 26 y el 28 de agosto en en el desarrollo del Cripto Latin Fest en Bogotá. Ellas son:
- Retomar un marco para proveedores
- Establecer reglas técnicas para proyectos de minería y centros de datos que utilicen energía renovable.
- Publicar orientación operativa de la Dian sobre el reporte que comenzó a regir.
La industria busca además evitar dos simplificaciones:
- Carf creó un tributo
- Sostener que no existe ningún control sobre el mercado.
La discusión de fondo sigue abierta para el Gobierno, el Congreso y las empresas. Mientras no exista una respuesta clara sobre quién asume responsabilidades cuando una plataforma pierde activos, mezcla recursos de clientes o cierra, la capacidad oficial para vigilar operaciones seguirá por delante de la protección efectiva para quienes participan en ese mercado.
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