El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Claudia Victoria Carrasquilla Minami como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, una designación que lleva a la formulación de la estrategia estatal a una funcionaria reconocida por su trayectoria en investigaciones contra estructuras criminales. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, Carrasquilla llega al cargo en medio de los primeros ajustes del Gobierno en materia de seguridad.
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Desde el viceministerio tendrá participación en la formulación, coordinación y seguimiento de políticas de defensa, un escenario distinto al que ocupó durante buena parte de su carrera, cuando estuvo vinculada a investigaciones judiciales y operaciones contra el crimen organizado.
Su perfil combina formación jurídica, experiencia en persecución penal y paso por escenarios de control político local. Carrasquilla es abogada penalista, especialista en Procedimiento y Derecho Constitucional, y construyó buena parte de su trayectoria dentro de la Fiscalía. También es presentada como una funcionaria con conocimiento directo sobre las formas en que las redes ilegales se adaptan a los golpes institucionales.
Esos cargos la pusieron frente a investigaciones sobre estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el homicidio y otras economías ilícitas.
Su trabajo no se limitó a identificar responsables. También estuvo relacionado con la reconstrucción de cadenas de mando, mecanismos de financiación, redes de apoyo y formas de control territorial usadas por organizaciones criminales. Ese conocimiento será clave ahora en un cargo que exige convertir diagnósticos de seguridad en decisiones de política pública.
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Durante esa etapa comenzó a ser conocida como la “fiscal de hierro”, un apelativo asociado a investigaciones contra la Oficina de Envigado y sus diferentes componentes. En esas operaciones fueron capturados más de 800 integrantes vinculados con esa estructura criminal, según el reporte.
Esa experiencia explica por qué su nombramiento tiene una lectura más amplia que un simple relevo administrativo. El Gobierno incorpora a la dirección de su estrategia de seguridad a una funcionaria que durante años conoció desde adentro la forma en que operan, se financian y se reorganizan las estructuras criminales.
El reto de articular inteligencia y Fuerza Pública
El escenario que enfrentará Carrasquilla en el Ministerio de Defensa es diferente al de los expedientes judiciales. El crimen organizado ya no se expresa únicamente en estructuras locales, sino en redes que combinan narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otras rentas ilícitas con presencia territorial y capacidad de reemplazar mandos después de golpes operacionales.
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Por eso, una de las tareas del viceministerio será articular capacidades militares y policiales con herramientas de inteligencia e investigación criminal. Para Carrasquilla, el desafío será trasladar su experiencia judicial a una estrategia pública que pueda aplicarse en regiones con dinámicas de violencia distintas y con grupos que tienen capacidad de presión sobre comunidades, economías locales y autoridades.
Su carrera también incluye un paso por el Concejo de Medellín, donde ejerció control político y participó en discusiones sobre seguridad ciudadana, institucionalidad y atención a víctimas. Además, presidió la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de esa corporación.
Ese recorrido agrega una dimensión política a una trayectoria marcada por la investigación penal. En el Ministerio de Defensa deberá combinar el conocimiento operativo sobre estructuras criminales con la formulación de decisiones que orienten la respuesta de la Fuerza Pública.
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Con su llegada al viceministerio, Claudia Carrasquilla pasa de perseguir judicialmente redes criminales a participar en el diseño de la política con la que el Gobierno buscará enfrentarlas en los territorios. Su gestión será observada por la capacidad de traducir esa experiencia en acciones coordinadas, seguimiento institucional y resultados frente a organizaciones armadas y economías ilegales.
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