El Dane presentó la nueva guía para producir estadísticas oficiales con enfoque diferencial: en qué consiste

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó una nueva guía para producir estadísticas oficiales con enfoque diferencial e interseccional, un cambio con el que busca que indicadores como desempleo, pobreza o ingresos dejen de leerse solo como promedios nacionales y reflejen mejor las brechas que afectan a poblaciones históricamente subregistradas o invisibilizadas en Colombia.

La actualización se apoya en la Ley 2335 de 2023, que incorporó el principio de inclusión en la producción estadística oficial, y en el Plan Estadístico Nacional 2023-2027, en el que consolidar estos enfoques aparece como una estrategia central del Sistema Estadístico Nacional.

Según el Dane, la nueva versión de la Guía para la Inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional está dirigida a todas las entidades públicas y privadas que producen estadísticas dentro del sistema, así como a academia, organizaciones sociales, comunidades científicas, estudiantes y periodistas que usan esos datos para análisis, políticas públicas y seguimiento de derechos.

La directora general encargada del organismo, Claudia Díaz, presentó el documento con un mensaje centrado en el alcance institucional del documento: “Damos un paso muy importante para seguir fortaleciendo las estadísticas oficiales de Colombia. El Dane pone a consideración de la ciudadanía la actualización de la guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional”.

Díaz añadió que la revisión incorpora avances normativos, metodológicos y técnicos de los últimos años, además de recomendaciones nacionales e internacionales, para que las estadísticas oficiales reflejen de mejor manera la diversidad de la población y mejoren la comprensión de brechas y desigualdades.

El documento quedó organizado en cinco secciones: ciclo de vida, discapacidad, étnico-racial, género y campesinado. Cada una incluye marco conceptual, normatividad vigente, variables para identificar a la población y recomendaciones de captación de información.

El Dane definió el enfoque diferencial como un método de análisis para obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares por edad, pertenencia étnica, identidad cultural, nacionalidad, estatus migratorio, sexo, identidad de género, posiciones políticas o ideológicas, creencias religiosas, orientación sexual, discapacidad o situación económica o laboral, entre otros criterios recogidos en el artículo cinco de la Ley 2335 de 2023.

La interseccionalidad, de acuerdo con la adaptación que hace la guía de la Sentencia T-141 de 2015 de la Corte Constitucional, permite identificar la presencia simultánea de dos o más de esas características cuando, en un contexto histórico, social y cultural determinado, incrementan la carga de desigualdad y producen experiencias sustantivamente diferentes entre las personas.

Uno de los cambios más marcados está en el enfoque de género, que ahora se estructura en dos líneas: autonomía de las mujeres y diversidad sexual y de género. En la primera, la guía define la autonomía económica como la capacidad de las mujeres para acceder, generar y controlar ingresos propios, activos y recursos productivos, financieros y tecnológicos, además del tiempo y la propiedad.

Esa definición incorpora la organización social del cuidado. En 2020, el tiempo de cuidado destinado por mujeres a integrantes de hogares con personas mayores de 65 años fue de 66,68 horas semanales, mientras que en los hombres fue de 39,36 horas semanales, según cifras citadas en el documento de World Population Prospects y Ecofeminita, la Asociación Civil Economía Feminista.

La diferencia también aparece en ingresos no percibidos por trabajo de cuidado no remunerado: las mujeres dejaron de ganar aproximadamente COP 556.000 semanales y los hombres COP 328.000. A partir de esos datos, la guía plantea medir esta dimensión con indicadores de participación laboral, ingresos propios y uso del tiempo.

Por primera vez, el texto incorpora preguntas estandarizadas para reconocer la identidad de género más allá de la binariedad hombre-mujer e incluye la categoría de persona no binaria. Además, agrega una pregunta específica de autorreconocimiento para la población trans.

En Bogotá, según la circular 55 de 2024 del Ministerio de Trabajo, el 49% de las personas trans no cuenta con algún tipo de formación para el trabajo y, dentro de ese grupo, el 80% dijo haber sentido discriminación en procesos de selección y contratación por su identidad de género.

En discapacidad, la guía adopta la Resolución 1197 de 2024 del Ministerio de Salud y asume un modelo biopsicosocial. Bajo ese criterio, la discapacidad deja de entenderse solo como una condición individual y pasa a definirse como el resultado de la interacción entre una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras del entorno que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad.

Para medirla, el organismo incorporó en sus encuestas las seis preguntas sugeridas por el Grupo de Washington y sumó dos más. Las categorías cubren visión, audición, movilidad, cognición, cuidado personal y comunicación, a las que se añaden aspectos sobre manipulación de objetos con las manos y la relación con otras personas.

El problema que intenta corregir ese ajuste aparece con claridad en el mercado laboral. Según el Servicio Público de Empleo, la participación laboral de personas en condición de discapacidad varía entre el 1% y el 3% en empresas con entre uno y 3.001 empleados.

Para cerrar parte de esa brecha, la ley 2466 de 2025 estableció una cuota obligatoria de vinculación de personas en condición de discapacidad en empresas de 100 o más trabajadores. Esa obligación empezó a regir desde junio de 2026.

La actualización recoge además antecedentes nacionales como el Plan Estadístico Nacional 2017-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, e internacionales como el Consenso de Montevideo de 2013, el manual de estadísticas de gobernanza elaborado por el Grupo de Praia en 2020 y la Agenda 2030, todos citados como referentes para ampliar la desagregación de datos y evitar que grupos históricamente discriminados queden fuera de la medición oficial.