Las autoridades lograron decomisar más de 1.000 millones de pesos en efectivo durante una intervención en Zaragoza, Antioquia, dinero que según las indagaciones estaría destinado a fortalecer las finanzas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, asociada al Clan del Golfo.
El operativo permitió la detención en flagrancia de alias el Tuerto, señalado como presunto cabecilla financiero de esta organización criminal.
Durante el procedimiento, la fuerza pública también incautó equipos de comunicación y documentación relevante. Estos elementos serán fundamentales para la investigación, pues podrían arrojar pistas sobre las operaciones internas de la red delictiva.
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En la acción conjunta participaron unidades del Gaula Militar Bajo Cauca, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.
La captura se produjo tras una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble urbano de Zaragoza, resultado de labores de inteligencia que permitieron localizar al presunto responsable.
Alias el Tuerto habría intentado frenar el procedimiento judicial ofreciendo 500 millones de pesos a una oficial del Ejército Nacional a cambio de detener la operación. La uniformada rechazó el soborno y notificó de inmediato a sus superiores, hecho que ya forma parte de la investigación penal en curso.
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Durante el allanamiento, además del dinero, fueron incautados un revólver calibre 38, municiones y una máquina contadora de billetes. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las investigaciones y el proceso judicial contra el capturado.
El dinero incautado, según la hipótesis inicial, provendría del cobro de extorsiones a comerciantes, gremios económicos y habitantes del Bajo Cauca, además de otras actividades ilícitas atribuidas a la estructura criminal. Las autoridades sostienen que estos recursos alimentaban el funcionamiento y los pagos internos del grupo armado.
De acuerdo con las declaraciones oficiales, el dinero será sometido a análisis detallados para rastrear su origen y verificar si corresponde a rentas ilegales. La incautación busca frenar la capacidad del grupo para financiar nuevas acciones y expandir su presencia en el territorio nacional.
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Desmantelaron centros de minería ilegal del Clan del Golfo en Antioquia
La reciente intervención del Ejército Nacional en el departamento de Antioquia dejó como saldo la destrucción de dos complejos dedicados a la minería ilegal, lo que supone una pérdida económica considerable para el Clan del Golfo. Según información oficial, la operación dificultó de manera directa la obtención de recursos por parte de la organización criminal, al inutilizar la infraestructura que empleaba para extraer oro de manera ilícita.
En una acción coordinada por la Cuarta Brigada, los uniformados actuaron en los municipios de La Pintada y San Francisco, donde se localizaban las unidades de producción minera asociadas a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.
La intervención incluyó la destrucción de equipos clave, entre ellos una draga tipo buzo, una retroexcavadora y una plataforma para lavado de oro. Además, las autoridades confiscaron cerca de 2.200 galones de ACPM y 500 galones de gasolina, insumos esenciales para el funcionamiento de la maquinaria.
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La Fuerza Pública explicó que, con este operativo, se impidió la extracción mensual de cerca de 8.400 gramos de oro, lo que habría representado ingresos cercanos a 3.915 millones de pesos para la estructura criminal. Este dato resume el impacto financiero inmediato de la acción militar: la organización pierde una fuente de capital que alimentaba otras actividades ilegales en la zona.
Las autoridades destacaron que, más allá de la maquinaria incautada, el golpe a la logística de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés podría reducir la capacidad operativa del grupo. El Ejército calculó que la destrucción de la infraestructura y equipos representa una afectación superior a 800 millones de pesos, sumando el valor de la maquinaria y los insumos decomisados.
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La operación también fue interpretada como una medida para contrarrestar la explotación de recursos naturales en Antioquia, ya que el Clan del Golfo utilizaba la minería ilegal como fuente principal de ingresos ilícitos. Con estas acciones, la Fuerza Pública pretende debilitar las finanzas de los grupos armados y frenar el daño ambiental en la región.