La persistencia de los feminicidios en Colombia pese a la aplicación de la Ley Rosa Elvira Cely expone que el problema no está en la falta de normas, sino en la demora de la justicia y en una respuesta institucional que sigue llegando tarde, con efectos directos sobre la prevención, la sanción y la protección de las mujeres.
Ese déficit aparece también en las cifras. De acuerdo con análisis de la Fiscalía General de la Nación, cerca del 33% de los casos registrados desde la entrada en vigor de la norma han llegado a ejecución de penas, mientras el 67% sigue en indagación, investigación o juicio.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo indicó que en 2025 en Bogotá se registró una tasa de violencia de pareja de 164,83, por encima del promedio nacional de 120,4, y entre el 70% y el 77% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres.
Los registros de la Policía Nacional indican que cada hora 12 mujeres son agredidas dentro de sus propios hogares. Ese panorama refuerza la idea de que la ley, por sí sola, no garantiza la protección efectiva de los derechos fundamentales.
La principal falla está en la aplicación de la ley
La Ley Rosa Elvira Cely fue presentada como un avance para sancionar el feminicidio y dar celeridad a los procesos. El punto crítico es que su efectividad depende de la capacidad institucional de cada territorio y, en algunos casos, de la voluntad política.
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Ante el panorama, Carolina Zúñiga Fonseca, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, indicó que la dificultad está en la aplicación de la norma y que en las zonas rurales la atención a las víctimas es deficiente, en un escenario donde la impunidad forma parte de la vida cotidiana.
La académica explicó además que en Colombia persisten falencias en la investigación con enfoque de género. Esa omisión hace que muchos casos sean investigados o sancionados como homicidios y no como feminicidios. Zúñiga señaló que el feminicidio tiene una pena de entre 21 y 41 años de prisión, mientras que el homicidio se castiga con entre 17 y 37 años.
A esa falla se suman otros obstáculos como la escasa articulación entre las entidades encargadas de prevenir, atender y judicializar, el seguimiento insuficiente a las medidas de protección, la falta de personal especializado y la necesidad de garantizar investigaciones oportunas.
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Las medidas de protección tardías debilitan la prevención
En muchos casos las medidas de protección llegan demasiado tarde. Esa demora revela la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y de actuar con mayor rapidez frente a situaciones de riesgo.
Sobre el papel de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, la experta reconoció los avances, pero advierte que la coordinación institucional sigue siendo insuficiente: “Aún existen problemas de coordinación y no siempre se garantiza una atención oportuna que permita prevenir estos hechos”.
Cabe mencionar, que el llamado también radica en que las denuncias por violencia intrafamiliar deberían ser tratadas como alertas tempranas, con evaluación del riesgo desde el primer momento, acceso efectivo a la justicia y formación continua para los operadores judiciales, en especial en las zonas rurales.
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Así, se aclaró que los feminicidios siguen ocurriendo en Colombia porque la existencia de una ley no asegura investigaciones con enfoque de género, protección inmediata ni sanciones rápidas. Cuando esos tres aspectos fallan, la capacidad preventiva del sistema se reduce.
La demora judicial prolonga el daño para las familias
Para las familias, cada aplazamiento, cada trámite pendiente y cada año sin decisión judicial prolongan el dolor, la incertidumbre y la sensación de abandono por parte del Estado.
Zúñiga advirtió que esas demoras tienen otros efectos: “Estas demoras también generan consecuencias económicas, emocionales y sociales. Los familiares suelen convertirse en impulsores permanentes de los procesos, asumiendo costos de desplazamiento, acompañamiento jurídico y afectaciones a su salud mental. Cuando la justicia tarda excesivamente, la reparación integral se dificulta y el duelo permanece suspendido por la falta de respuestas”.
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La lentitud judicial produce además un efecto más amplio sobre la prevención. Cuando los responsables no son investigados y sancionados a tiempo, se debilita el efecto disuasivo del sistema de justicia y crece la percepción de impunidad, lo que puede normalizar las violencias basadas en género y reducir la confianza de otras mujeres para denunciar. También dificulta detectar patrones de violencia, agresores reincidentes y fallas institucionales que podrían servir para evitar nuevos casos.
Cada feminicidio investigado de manera adecuada puede aportar lecciones para fortalecer las medidas de protección y los mecanismos de alerta temprana. En contraste, cuando los procesos se estancan, ese aprendizaje institucional también se retrasa.
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