Álvaro Gómez Hurtado: la JEP revela nuevas pistas sobre la posible participación de las Farc en el magnicidio

La investigación sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado continúa generando debate tres décadas después del crimen. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sostuvo que existen elementos que apuntan a una posible participación de las Farc en el magnicidio del líder conservador, aunque la familia del exsenador mantiene su rechazo frente a esa versión.

La Sala de Reconocimiento de la JEP llegó a esta conclusión tras revisar distintos expedientes judiciales y cruzar información relacionada con la forma en que operaban las estructuras urbanas de la antigua guerrilla. Según la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, los elementos encontrados permiten establecer que al menos dos de los sicarios que participaron en el asesinato pertenecerían a una red urbana de las Farc.

El crimen de Gómez Hurtado ocurrió el 2 de noviembre de 1995, cuando el dirigente político fue asesinado junto a su acompañante José del Cristo Huertas Hastamorir. El caso volvió a tomar relevancia en 2020, cuando antiguos integrantes del Secretariado de las Farc reconocieron ante la JEP su responsabilidad en varios homicidios, entre ellos el del exsenador, una afirmación que fue rechazada por sus familiares.

La magistrada explicó que la hipótesis de la participación guerrillera está sustentada en documentos y testimonios que coinciden con el modo de operación utilizado por las estructuras urbanas de esa organización. “Encontramos varios reportes que nos confirman que esta modalidad de crimen la cometían las estructuras urbanas, es decir, asesinatos bajo la modalidad de sicariato en los que no reclamaban su autoría. Tenían sus razones y cada uno de quienes reconocieron estos hechos las expuso. Además, tenemos esos casos documentados porque, en las ciudades, la Fiscalía pudo reconstruir algunos de ellos”.

Lemaitre agregó que el análisis permitió identificar patrones similares entre diferentes hechos violentos atribuidos a las Farc.

“Entonces tenemos documentado el modus operandi, las estructuras, y eso coincide. En particular, en el caso de la familia Gómez, que ha afirmado públicamente que no es cierto que la célula urbana a la que se refiere el compareciente cometió el crimen, profundizamos en ese aspecto y, tras cruzar varios expedientes, que es parte de lo que pudimos hacer, encontramos evidencia que convence a la Sala de que existen razones para pensar que, en el caso de Álvaro Gómez, por lo menos dos de los sicarios que cometieron el asesinato efectivamente pertenecían a la red urbana”.

Entre las pruebas revisadas por la Sala aparece la necropsia de Juan Carlos Palacios, uno de los sicarios asesinado en 1996. En ese documento se registró una candonga de plata que también fue identificada en uno de los hombres señalados de participar en el homicidio de Gómez Hurtado. La magistrada indicó que este elemento coincide con los retratos hablados elaborados después del crimen.

Además, la JEP tuvo en cuenta declaraciones juramentadas de un infiltrado de la Policía dentro de una red urbana de las Farc. Según esa información entregada a la Fiscalía en 1996, los responsables del asesinato pertenecían a esa estructura y el crimen habría sido tratado internamente como una operación propia de la organización. “La Sala encontró que el asesinato sí corresponde al modus operandi de la guerrilla en las ciudades, en modalidad sicarial y no reclamado por la organización armada en su momento”, dijo Lemaitre.

La magistrada también señaló que en computadores incautados a la guerrilla fueron halladas referencias negativas contra Álvaro Gómez, aunque aclaró que no encontraron documentos donde se asumiera directamente la responsabilidad por el asesinato. Para la Sala, estos elementos permiten afirmar que dos de los presuntos sicarios sí pertenecían a la estructura urbana.

Sobre los posibles motivos del crimen, Lemaitre aseguró que no existe una explicación clara basada únicamente en declaraciones antiguas de Gómez sobre las Farc. “Parece irracional vincular el asesinato a que él (Gómez) dijo a principios de los años 60 que los campesinos que fundaron las Farc eran repúblicas independientes. No parece haber racionalidad allí. Pero también creemos que, por el lugar en el mando, que tenía en ese momento Julián Gallo, sus superiores no tenían por qué compartirles motivos”.

La JEP también indicó que no descarta la participación de otros actores en la planeación intelectual del homicidio, como lo plantea la familia Gómez. La Sala recordó que otros magnicidios ocurridos durante los años noventa involucraron alianzas entre diferentes grupos criminales. Finalmente, el tribunal señaló que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes conservan la competencia para investigar a otros posibles responsables que no hacen parte de la jurisdicción de la JEP.