La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), por la presunta exigencia de 100 millones de pesos colombianos a una candidata al Congreso de la República.
Según el reporte oficial que emitió la mañana del martes 4 de agosto de 2026 el ente investigador, el funcionario público habría ofrecido favorecer a la aspirante con mil votos en las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo.
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La investigación determinó que el procesado contactó a la candidata el 25 de febrero y solicitó una reunión en su residencia, donde le habría planteado la petición de dinero.
Seguido a esto, en un segundo encuentro que se acordó en una cafetería de Montería, el funcionario reiteró la solicitud y aseguró contar con la capacidad para manipular los resultados electorales y garantizar los votos ofrecidos.
Por todo lo anterior, la Fiscalía a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción detalló en su informe oficial que a Mendoza Soto se le imputó el delito de concusión, aunque el acusado no aceptó el cargo.
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Quién fue la candidata que denunció al funcionario de la Registraduría en Montería
El 10 de marzo de 2026 se conoció un informe del diario El Tiempo en el que la excandidata al Senado Ana Cristina Muñoz (Frente Amplio Unitario) viajó a Bogotá para reunirse con el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de exponer detalles de la denuncia presentada durante la jornada electoral del 8 de marzo.
Muñoz sostuvo que un hombre, identificado como funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Córdoba, le ofreció mil votos a cambio de 100 millones de pesos colombianos para favorecer su campaña.
De acuerdo con la denuncia, la excandidata se reunió en dos ocasiones con el señalado, quien le propuso el intercambio de votos por dinero y le citó en distintos puntos para acordar el pago, tal y como precisó el comunicado de la Fiscalía.
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Muñoz afirmó contar con grabaciones y fotografías como material probatorio de los encuentros.
“Tengo una grabación y fotos de las reuniones en las que me citó para pedirme plata a cambio de votos”, declaró la excandidata en conversación con el mismo medio local.
Por su parte, el ministro Benedetti se refirió al caso durante la jornada electoral, al calificar el hecho como “grave y determinante” al asegurar que existía una grabación sobre el ofrecimiento y aceptación del dinero.
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El ministro agregó: “Ya ahoritica más tarde se entregarán las grabaciones a la Fiscalía General de la Nación”.
Muñoz declaró que también interpuso una segunda denuncia por presuntos delitos electorales, al sostener que, tras hacer público el caso, los votos prometidos no se reflejaron en el conteo oficial, pues obtuvo 622 votos.
Además, ella relató que comenzó a recibir amenazas en Córdoba tras la denuncia, y por este motivo la Fiscalía General de la Nación incluyó el caso en su sistema penal, investigando el delito de tráfico de votos.
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Respecto al perfil del funcionario investigado, desde el mismo diario se verificó que no se trata de un registrador, como se mencionó inicialmente, sino de un supernumerario contratado de forma temporal por la Registraduría Nacional entre el 3 y el 12 de marzo, dentro de un grupo de 30 mil personas reclutadas en todo el país para labores logísticas en las elecciones.
El señalado cumplía funciones transitorias y no ocupaba un cargo directivo.
En diálogo con el mismo medio, el hoy judicializado afirmó: “Nos vimos en un parque en Montería. Ella estaba dando un discurso, buscando líderes para su candidatura. Yo me acerqué, como muchas otras personas, y le di mi número”, pero precisó: “Ella fue la que me marcó a mí, me dijo que si podíamos encontrarnos y nos vimos en un centro comercial, en una cafetería”.
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