El presidente electo Abelardo de la Espriella generó polémica tras impartir una instrucción al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, relacionada con Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). El mandatario entrante pidió que se inicie el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Appa.
“El próximo Gobierno revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales. El procedimiento se adelantará con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica”, se lee en un comunicado oficial de la Oficina de Prensa del presidente electo.
De acuerdo con el Gobierno entrante, esta decisión está sustentada en la necesidad de eliminar restricciones que, a su juicio, están afectando “injustificadamente” el uso productivo de la tierra. De esta manera, la administración electa pretende crear mejores condiciones para generar empleo y mejorar la confianza de los productores e inversionistas. Además, tiene el objetivo de aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo colombiano.
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Sin embargo, el Ministerio de Agricultura rechazó el anuncio de Abelardo de la Espriella. Por medio de un comunicado, las Appa constituyen una figura que fue creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la producción de alimentos en el país.
Con ese objetivo, durante el Gobierno del presidente GUstavo Petro, cerca de un millón de hectáreas de tierra ubicadas en 55 municipios ya se han declarado como Appa. Con esas declaratorias, el suelo rural agropecuario es reconocido como un patrimonio estratégico y como un elemento esencial para garantizar la producción de los alimentos. Por eso, el ordenamiento territorial se diseña con el objetivo de proteger esos espacios.
En ese sentido, el ministerio advirtió sobre las consecuencias negativas que podrían presentarse en caso de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogue las Appa ya declaradas.
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“La eventual derogatoria de estas medidas representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos”, detalló la cartera.
Además, informó que, si se derogan las Appa, la situación de degradación de los suelos en el país podría empeorar. Esto, teniendo en cuenta que, según información oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igag) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), más de 20 millones de hectáreas de tierra en Colombia presentan procesos severos de deterioro a nivel físico, químico o biológico.
De igual manera, los suelos agrícolas del 60% de los municipios del país tienen afectaciones y la seguridad alimentaria puede estar en riesgo debido a la pérdida de la capa orgánica y la transformación del uso del suelo.
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En ese sentido, la cartera indicó que la protección del suelo no es una opción que pueda aceptar o descartar el Gobierno de turno. La normativa vigente establece que el Estado tiene la responsabilidad de conservar los suelos.
“La protección del suelo rural agropecuario no constituye una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas. El Decreto Ley 2811 de 1974 estableció la obligación de conservar la integridad y la capacidad productiva de los suelos; posteriormente, la Ley 388 de 1997 ordenó la delimitación y protección de las áreas destinadas a la producción agropecuaria dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial”, detalló el Ministerio de Agricultura.
Así las cosas, advirtió que la derogatoria de las Appa terminaría por debilitar los instrumentos que fueron creados para prevenir la degradación de los suelos, así como también derivaría en un aumento de presión sobre las áreas productivas del país.
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En ese sentido, negó que las Appa sean “mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos”, Contrario a ello, aseguró que en esas zonas no se restringen las actividades económicas ni se impide el desarrollo de obras de infraestructura. Además, aseguró que no vulneran la autonomía territorial.
“Cada declaratoria se soporta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), bajo metodologías objetivas y criterios técnicos, y se adopta mediante procedimientos que garantizan la publicidad, la participación ciudadana y la transparencia”, aclaró.