Colombianos detenidos en Venezuela: familiares denunciaron falta de acciones concretas del Gobierno Petro y dicen que los “dejaron solos”

La cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, se ha convertido en uno de los epicentros de la angustia para los familiares de al 20 colombianos que, tras los comicios del 28 de julio de 2024, en los que el exdictador Nicolás Maduro se proclamó vencedor frente a Edmundo González, permanecen privados de la libertad en condiciones catalogadas por sus allegados como inhumanas; sin que se hayan gestado acciones vehementes para su liberación.

A cinco días de la salida del poder del presidente Gustavo Petro, la incertidumbre y el temor se apoderan de los que aguardan respuestas y acciones efectivas del Estado para tener a sus seres queridos de vuelta a casa. Aunque el mandatario electo Abelardo de la Espriella ya designó al que será su embajador en el país vecino, Jorge Jaller, todavía no se conocen pronunciamientos sobre cuál será la ofensiva para lograr la liberación de los connacionales.

“Nosotros ya estamos perdiendo la esperanza”

Uno de los testimonios más conmovedores en esta cruzada es el de Jorge Cañas, hermano de Carlos Alberto Cañas, comerciante de 54 años detenido desde septiembre de 2024, que se ha encargado de liderar al grupo de familiares que, en múltiples oportunidades, le pidió a la saliente administración hacer toda clase de gestiones para lograr que los colombianos que están en prisiones venezolanas puedan retornar al país, como es su anhelo.

“Nosotros realmente no sabemos cómo tomar lo que queda (del Gobierno), porque ya estamos perdiendo la esperanza. Nos habían dicho que los iban a liberar antes del 7 (de agosto), pero Mauricio Jaramillo, el viceministro (de Relaciones Exteriores), no nos dio ilusiones y nos dijo que Venezuela no está respondiendo. Y el embajador (Milton Rengifo) no nos volvió a responder. No habíamos querido presionar, esperando si se cumplía o no", dijo.

Jorge relató que su familia desconoció el paradero de Carlos, lo que hizo temer por su desaparición forzada. “Fueron cinco meses donde no supimos exactamente dónde lo tenían. Simplemente nos llegaban personas diciendo: ‘Su hermano está preso’, y ya. Después de cinco meses nos enteramos que estaba en el Rodeo 1”, reveló el familiar, que precisó que la detención ocurrió tras cruzar la aduana en la frontera de Arauca y el estado Apure.

Allí su hermano fue aprehendido por miembros de la Guardia Bolivariana junto a otros extranjeros que luego fueron liberados, mientras los colombianos permanecieron recluidos bajo acusaciones sin pruebas ni proceso judicial abierto. De hecho, Jorge compartió a Infobae Colombia el más reciente testimonio de su hermano, en el que pedía que se hiciera “presión” para su liberación; en especial después del doble terremono del 24 de julio.

“Yo no sé, hermano, si ustedes pueden hablar allá con el Gobierno, si de pronto pueden pasar esto por los noticieros, porque estoy detenido de una manera ilegal en Venezuela, sin cargos, sin derecho a un abogado y una defensa. Así estamos todos los colombianos de acá y pedimos la solidaridad del Gobierno colombiano saliente y entrante, de la Iglesia católica y las congregaciones cristianas. Le pedimos a Estados Unidos si nos puede ayudar", expresó.

“No hemos querido presionar, pero tampoco sabemos si se está negociando”

De acuerdo con Cañas, la falta de información y de contacto directo con las autoridades agrava la desesperanza. “Hasta los custodios de la cárcel en El Rodeo, porque últimamente los están dejando llamar cada 15 días, les dicen: ‘presionen’. Es una cosa rarísima porque no sabemos por qué al final no quisieron terminar de presionar, pero si nosotros no atacamos directamente el Gobierno, no sabemos si se está negociando”, afirmó el familiar.

Con respecto a la gestión diplomática, Cañas narró que en la última reunión que tuvieron con el equipo de la Cancillería les habían dado una luz de esperanza, pues el embajador Milton Rengifo había logrado entrar al penal de El Rodeo I a hablar con sus familiares. “Nos llegó con esperanzas de que eso se tenía que solucionar, porque no había un proceso abierto. Lo que nunca nos dieron fue un informe escrito de esa reunión”, remarcó.

El trato diferencial entre nacionalidades también ha sido motivo de frustración y reclamo entre las familias, sobre todo cuando se trata de gobiernos europeos, que, según ellos, sí han ejercido presión hasta lograr la salida de sus ciudadanos. “España mandó una comitiva a El Rodeo 1, que era donde había seis españoles y se quedaron en Venezuela hasta que los liberaron. Aunque acá sí han hecho, no es el mismo trato que le dan a otros casos, afirmó.

Y en ese sentido recordó cómo el interés de la administración Petro ha sido, a su juicio, total con detenciones de colombianos en otros países. “Han pasado cartas, pero realmente no es el mismo trato al que se le da, por ejemplo, a casos de EE. UU. y cuando hubo detenciones arbitrarias en Israel. A Venezuela se le trata como sin presión. Eso es lo que nos siempre nos molestó”, señaló Jorge Cañas en su testimonio a Infobae Colombia.

El hermano del detenido insistió en que la presión política ha sido insuficiente. “La defensa de que Petro sí hizo es que tuiteó varias veces sobre la liberación de los colombianos, pero a mí me parece que es insuficiente. No se puede manejar un país desde la cuenta de X diciendo: ‘hay que liberar a los colombianos’, porque lo hizo tres veces. Entonces, cada vez que nosotros decimos ‘necesitamos presión’ dicen: ‘sí, vea, Petro lo dijo’, y citan el tuit", refirió.

“Las condiciones allá son totalmente inhumanas”

Según los seres queridos de los presos colombianos en Venezuela, la situación dentro de la cárcel El Rodeo I es descrita como crítica por los familiares. Lorena Espitia, hermana del boyacense Arlei Espitia, relató que, según su hermano, las condiciones son “totalmente inhumanas”, pues además de que la alimentación es precaria, duermen en camas de cemento, con baños insalubres y, en donde dijo, les están “violando todos sus derechos”.

En efecto, la mujer detalló que no tienen agua potable y que eso ha dificultado las labores de higiene, aunque en los últimos días han podido hacerles llegar elementos de aseo personal, jabón y ropa interior. “Les permitieron también ingresar cartas. Todos llaman por medio del mismo número de WhatsApp, se turnan cada uno para poder llamar a su familiar. A veces les dan cinco minutos, tres o solo uno“, contó la mujer, que pide por la pronta liberación.

Y pese a que han contemplado la idea de desplazarse a Venezuela, Espitia reconoció que el miedo postergó ese deseo, pues temen correr con la misma suerte y perder comunicación. “Muchos hemos pensado en viajar, pero lamentablemente el miedo y el temor de terminar en las mismas condiciones que ellos es lo que no nos ha permitido ir. No sabemos si cuando pisemos territorio venezolano también corramos con la misma suerte”, confesó.

A su vez, la ausencia de contacto directo con el jefe de Estado es otro de los reclamos recurrentes, como lo expresó Espitia, que no ocultó su desazón. “Desde el inicio hemos solicitado una reunión directamente con el presidente para que él nos escuche y conozca el caso de nuestros familiares, pero nunca ha sido posible", destacó la hermana de Arlei Espitia, que lamentó que la presión no se haya ejercido directamente por el presidente saliente de Colombia.

En su testimonio, Lorena expresó que comunicación con las autoridades se diluyó de manera progresiva. “Siempre hemos tenido contacto con el viceministro Jaramillo, que él es el que nos ha ayudado. Pero el embajador nunca nos contesta los mensajes y, en estos últimos días, lo que se dice es que ya no pueden hacer más porque están pronto a salir del Gobierno; entonces que no pueden realizar más gestiones”, enfatizó en su señalamiento esta familiar.

¿Hubo contradicciones sobre la postura del Gobierno Petro sobre los colombianos presos en Venezuela?

La saliente canciller Rosa Villavicencio también aceptó ante la Cámara de Representantes, en la sesión del 5 de agosto de 2025, la existencia de presos de forma irregular. “Hemos realizado y antes una serie de gestiones que no han fructificado. Nos hemos ofrecido, hemos hecho notas verbales de reclamo. Yo he hablado con el canciller (Yván Gil) dos veces y le he manifestado la necesidad y la urgencia del debido proceso", indicó Villavicencio.

Incluso, el 4 de septiembre del mismo año, el canciller (e) José Miguel Sánchez, señaló que entre octubre de 2024 y junio de 2025 se enviaron varias notas diplomáticas al más alto nivel para solicitar información sobre el proceso judicial y la situación de detención de connacionales, así como la autorización para brindar asistencia consular. “No hemos tenido respuesta”, afirmó, y agregó que consideraba legítimo que se revisaran esas detenciones.

Y añadió que desde septiembre de 2024, la Cancillería de Colombia ha identificado un patrón de detenciones arbitrarias de ciudadanos colombianos a lo largo de la frontera con Venezuela. “El primer caso registrado corresponde a ese mes, y a partir de entonces hemos documentado la situación de 38 connacionales que permanecen detenidos en Venezuela de manera arbitraria“, dijo; aunque luego se liberaron 17 de ellos.

Sin embargo, el 28 de mayo de 2026, en respuesta a una petición formal elevada por los familiares de los detenidos, la embajada de Colombia en Venezuela emitió una comunicación que evidenciaba, a juicio de los familiares, una aparente contradicción frente a la manera en que se hablaba de la detención de los connacionales después de las fallidas elecciones presidenciales en el vecino territorio, como se expondría en el documento.

“Misión Diplomática no posee conocimiento ni registro de casos de detenciones arbitrarias de connacionales colombianos en la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, toda información detallada y la plena identificación de los ciudadanos privados de la libertad se encuentran sujetas a estricta reserva legal y al principio de confidencialidad", expresó el embajador Rengifo, lo que causó en su momento la indignación de los familiares.

“Es fundamental precisar que el registro oficial, la custodia y el manejo de las estadísticas de la población carcelaria en territorio venezolano son competencia exclusiva y soberana de las autoridades penitenciarias y judiciales de la República Bolivariana de Venezuela”, se agregó en la misiva, en la que reiteró que cualquier actuación de la diplomacia colombiana en Caracas se enmarca en la neutralidad y la no injerencia.

Con esto, según los familiares, se estaría limitando la gestión a canales consulares y humanitarios; aunque para la embajada, todas las solicitudes de verificación sobre la situación de detenidos se remitían a través de notas verbales en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y dependían de las autorizaciones que concedan las autoridades venezolanas para el acceso a los centros de reclusión.

“No hay argumento para mantener la detención de los colombianos”

La anterior comunicación también difiere de lo que el mismo embajador saliente Rengifo reconocía ante los familiares de estas víctimas: la falta de justificación para las detenciones: “No hay razón, causa, motivo, argumento de peso para mantener la situación que se presenta con los detenidos colombianos. Cuando se dice que no hemos actuado, bueno, tenemos una actuación, ya liberamos diecisiete, también detenidos injustamente”.

En un diálogo virtual el 15 de abril de 2026 Rengifo detalló que la embajada presentó listas y notas verbales, y que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió un listado de 65 ciudadanos colombianos que requerían atención urgente. “Tuvimos un intercambio tirante con el canciller. Al ciudadano detenido (Luis) Quinchía, que decían que era el fallecido, nos pasaron un video, una fe de vida que hemos solicitado”, indicó.

Asimismo indicó que han hablado con miembros de la recién creada Comisión de Paz y Reconciliación sobre el particular. “La liberación, nos prometieron en la reunión del lunes de antier que este tema lo íbamos a abordar antes de la reunión en Maracaibo. Esa fue la promesa. Estamos a la expectativa”, destacó Rengifo, que fue consultado por Infobae Colombia, se le envió una decena de preguntas sobre el tema, pero no respondió.

En este caso, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había reconocido en octubre de 2025 la gravedad de la situación y la advirtió cómo una grave violación a los derechos humanos, en la medida en que no se tenía claro cuál era la causal de detención. “Hay elementos para sostener que hay violaciones al debido proceso y, por tal razón, podrían configurar detenciones arbitrarias", expresó la defensora que pidió al régimen de Venezuela su liberación.

“No sabemos por qué siguen ahí detenidos”

Las familias insistieron en que no existe claridad sobre los cargos ni sobre la razón por la que los colombianos no han sido liberados, a diferencia de los extranjeros de otras nacionalidades. “No sabemos por qué siguen ahí detenidos, pero es una cosa que no se le está dando la suficiente importancia. Hace poco me enteré que también hay 12 italianos en esa misma cárcel; cubanos y muchísimos venezolanos", dijo Cañas, con pesadumbre en su voz.

Si bien se han registrado liberaciones de presos tras la caída del exdictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, la situación de los connacionales parece seguir siendo la misma. El listado que han elaborado los familiares incluye al menos 20 nombres, aunque Cancillería reconoce solo 12, pues aducen que el resto tiene doble nacionalidad, lo que convierte sus casos en un aparente limbo en el que, de parte del Gobierno, no habría interés

Y Espitia resumió la frustración de las familias ante la falta de resultados. “Ellos siempre lo que nos manifiestan a nosotros es que Venezuela no les permite ir más allá, que lo único que pueden hacer ellos es la asistencia consular, más no la libertad como tal”, expresó la mujer, oriunda de Úmbita (Boyacá), que se enteró el 17 de octubre de 2024 de la detención de su hermano por un anuncio de Diosdado Cabello, ficha clave del régimen.

“Nosotros nos enteramos en un artículo en el diario Últimas Noticias en Venezuela, donde Diosdado Cabello anunciaba que tenían un grupo de mercenarios que tenían como plan derrocar el gobierno de Venezuela. Allí muestra a mi hermano en una imagen, con toda su información: su nombre u su número de documento, diciendo que él es un terrorista y un jefe paramilitar, lo cual es falso", destacó Lorena en relación con su hermano Arlei.

Sobre la asistencia consular, contó que lo que ha hecho la representación colombiana es darles asistencia jurídica y en salud, aprovechando el impacto de la Ley de Aministía decretada por la presidenta Rodríguez. “Querían como meterse por ese lado, de pronto que esa ley los cubriera a ellos también como presos políticos. A lo cual manifestamos que no eran presos políticos, sino personas secuestradas injustamente”, señaló Lorena Espitia.

Las familias esperan una postura del Gobierno de Abelardo de la Espriella

En consecuencia, de cara a la transmisión de mando en Colombia, la incertidumbre persiste, pues las familias intentan establecer contacto con las nuevas autoridades, pero no han recibido respuesta. “No hemos podido acceder y estamos buscando cómo contactarlos por otros lados. Todavía no hay una correspondencia ni forma de enviar un derecho de petición”, expresó Jorge Cañas, que aguarda por el juramento de Abelardo de la Espriella.

De esta forma, la esperanza de las familias está depositada en la llegada de nuevas autoridades que puedan establecer canales de comunicación y generar presión diplomática real. “Ya en funciones sabe uno que con correspondencia legal podemos pedir las primeras reuniones con ellos”, destacó este familiar, que lamentó -eso sí- que no haya existido un empalme entre ambos equipos de Gobierno, lo que hubiera facilitado la mediación.

Las preguntas que no quiso responder el embajador Milton Rengifo a Infobae Colombia:

1. ¿Cuál es la cifra oficial de colombianos detenidos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 con la que cuenta la Cancillería a la fecha?
2. ¿Se ha logrado identificar los motivos específicos por los cuales fueron detenidos estos ciudadanos y siguen privados de la libertad?
3. ¿Qué tipo de asistencia consular está prestando la embajada a los detenidos y a sus familias?
4. ¿Ha recibido la embajada denuncias de violaciones a los derechos humanos o malos tratos hacia los colombianos detenidos?
5. ¿Qué gestiones diplomáticas ha efectuado el gobierno colombiano ante las autoridades venezolanas para garantizar el debido proceso y la liberación de los detenidos?
6. ¿Existe algún acuerdo bilateral vigente que regule la protección y el trato de ciudadanos colombianos en Venezuela en este tipo de situaciones?
7. ¿Cómo evalúa la cooperación de las autoridades venezolanas en la atención de estos casos?
8. ¿La embajada ha recibido información sobre el estado de salud y las condiciones de reclusión de los detenidos?
9. ¿Qué recomendaciones está haciendo la embajada a los colombianos que residen en Venezuela ante el actual contexto político?
10. ¿Hay seguimiento por parte de organismos internacionales o de derechos humanos a los casos de colombianos detenidos?