El Gobierno de Gustavo Petro entregó al Congreso de la República una hoja de ruta compuesta por 14 proyectos de ley para modernizar la justicia en Colombia, resultado de cuatro años de trabajo técnico y diálogo interinstitucional.
Esta propuesta, elaborada por la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia (Carj), busca destrabar reformas históricas y crear un sistema más humano, accesible y eficiente, según informó el Ministerio de Justicia y del Derecho.
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Una agenda de Estado tras cuatro años de trabajo técnico
La ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, presentó públicamente los proyectos, subrayando que “la justicia sólo puede llamarse pública cuando sea accesible a todas las personas”.
De acuerdo con el reporte oficial, la Carj trabajó durante todo el periodo de Gobierno de Petro en la construcción de una agenda plural, técnica y participativa, con el acompañamiento de entidades del sector justicia, la academia y organizaciones de la sociedad civil. El proceso también contó con el apoyo técnico del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja).
El paquete de reformas fue puesto a disposición del Congreso de la República, especialmente de la bancada del Pacto Histórico, con el objetivo de impulsar cambios estructurales que trasciendan los periodos de gobierno y sirvan de base para futuros desarrollos legislativos.
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La ministra Rusinque afirmó: “Este informe constituye un elemento trascendental de diálogo y articulación en el plan decenal de justicia, los planes de desarrollo de la rama judicial y los planes de desarrollo de los próximos gobiernos”.
Los 14 proyectos: ejes y propuestas normativas
Las iniciativas abordan los principales desafíos del sistema judicial colombiano. Entre los temas destacados se encuentran la erradicación de las violencias basadas en género, la modernización del sistema penal, la unificación del régimen procesal y el fortalecimiento de la justicia restaurativa.
También se proponen mecanismos para ampliar la protección de las víctimas, modernizar la justicia laboral colectiva y reforzar la independencia judicial. Algunas de las propuestas más relevantes incluyen:
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- Una ley para erradicar las violencias basadas en género, que introduce herramientas para acelerar procesos, modificar la valoración probatoria y otorgar mayor credibilidad a la palabra de la víctima.
- Un proyecto para aclarar las reglas de allanamiento, preacuerdos y negociaciones en el proceso penal, estableciendo rebajas de pena claras y un régimen especial para delitos graves.
- La eliminación definitiva del sistema inquisitivo (Ley 600 de 2000), con la migración total al sistema acusatorio, incluso en procesos contra congresistas y funcionarios aforados.
- Cambios en la libertad condicional, que dependerán más del comportamiento del condenado y de su colaboración con la justicia.
- Una reforma al artículo 410 del Código Penal, que restringe la persecución penal a funcionarios públicos sólo a casos con intención de obtener beneficio indebido, enfocando la acción penal en actos de corrupción y no en errores administrativos.
En materia de derechos humanos, el paquete prevé que las demandas de reparación directa al Estado por violaciones graves no prescriban, permitiendo a las víctimas acceder a la justicia sin restricción temporal.
Modernización, acceso y protección de derechos
Entre los proyectos se contempla la actualización de normas sobre familia, arbitraje y función pública, así como la protección especial del derecho de habitación para cónyuges o parejas sobrevivientes.
Se plantea también la modificación de la Ley 54 de 1990 para reconocer los derechos patrimoniales en uniones maritales de hecho, incluso cuando hay separación de hecho previa a un matrimonio anterior.
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La reforma arbitral busca agilizar y transparentar los procesos alternativos de resolución de conflictos, mientras que la modificación al Decreto 1083 de 2015 exige motivación escrita para la remoción de funcionarios judiciales de libre nombramiento, con el fin de proteger la independencia judicial.
Un punto clave es la creación de un sistema de control jurisdiccional disciplinario para funcionarios de elección popular, eliminando la facultad de la Procuraduría para destituir e inhabilitar alcaldes y gobernadores, trasladando esa potestad a órganos judiciales.
En materia de justicia restaurativa, la propuesta amplía el acceso a la mediación en distintas etapas del proceso penal, incluyendo zonas rurales y comunidades étnicas, y establece que el éxito del programa se medirá por la satisfacción de las víctimas y el cumplimiento de los acuerdos.
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Reforma laboral colectiva y nueva institucionalidad
La agenda incluye una reforma al derecho laboral colectivo que fortalece la protección sindical, reduce requisitos para la conformación de sindicatos, eleva las multas por incumplimiento y extiende el derecho de huelga al sector público. También adapta la normativa a nuevas formas de empleo como el teletrabajo y las plataformas digitales.
Además, se propone una nueva institucionalidad en la Fiscalía General de la Nación, con direcciones y juzgados especializados y la creación de Centros Judiciales en todo el país, donde las víctimas puedan acceder a acompañamiento psicológico, representación legal e investigación penal en un solo espacio.
Consulta pública y próximos pasos
El informe final de la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, junto con los textos completos de los proyectos y una cartilla de pedagogía ciudadana, estará disponible para consulta pública en el portal del Ministerio de Justicia.
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Según informó la cartera, estos documentos servirán como base técnica para el debate democrático y la construcción de una política de Estado en materia de justicia.
La ministra Rusinque reiteró: “La reforma a la justicia es un proceso permanente de diálogo plural, técnico e institucional que trasciende gobiernos. Es una cuestión de Estado”.
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