Se conoció el último reporte integral del observatorio Así Vamos en Salud sobre el estado del sistema de salud colombiano al finalizar el Gobierno 2022–2026.
El reporte analizó el periodo bajo cinco dimensiones fundamentales para medir la calidad de la gestión sanitaria en el país: acceso efectivo, suficiencia financiera, salud pública, modelo de salud del magisterio y cumplimiento de la Sentencia T-760.
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Sin embargo, pese a que durante el cuatrienio la salud ocupó un lugar central en la agenda pública, según el reporte, el sistema enfrentó tensiones crecientes debido a la reforma de salud “inconclusa”, intervenciones a entidades promotoras de salud (EPS), cambios en la administración de recursos y la puesta en marcha de un nuevo modelo para el magisterio.
Además, a pesar del aumento del presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) en un 55,7%, que pasó de 73,8 billones en 2022 a 114,9 billones en 2026, el incremento resultó insuficiente frente a las necesidades reales, indicó el estudio.
Los resultados detallados del reporte
En primer lugar, la cobertura de afiliación cayó al 98,23%, que en términos absolutos dejó fuera del sistema a más de un millón de personas. Dentro de esas cifras, el estudio midió la atención ambulatoria, que cerró 2025 con 13,77 millones de personas atendidas, cifra similar a la de 2022 y lejos del máximo histórico de 17,91 millones en 2024.
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También se señaló que la experiencia ciudadana alcanzó niveles de insatisfacción prácticamente históricos, con 2.048.435 peticiones, quejas y reclamos (Pqrs) en 2025, el 60% relacionados con EPS intervenidas. En esas, puntualizaron que las tutelas en salud se duplicaron y sumaron 312.573 en 2025.
El deterioro financiero: el núcleo de la problemática
El deterioro financiero del sector quedó reflejado en el estudio por medio de varios indicadores. Uno de ellos fue el patrimonio agregado de las EPS, que pasó de -2,33 billones de pesos en 2022 a -16,86 billones de pesos en diciembre de 2025 y -18,7 billones en mayo de 2026.
El índice de endeudamiento, otra de las mediciones, subió de 1,11 a 1,87 en el mismo periodo y, de la misma manera, se indicó que las pérdidas operacionales se duplicaron y llegaron a los -8,65 billones.
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La siniestralidad global, a su vez, ascendió a 109%, por encima del equilibrio técnico del aseguramiento, mientras que los recursos para servicios no cubiertos por la UPC se asignaron “de manera tardía e incompleta”, lo que, en consecuencia, profundizó la presión sobre EPS, IPS y proveedores.
En el caso de la Nueva EPS, la ausencia de información oficial sobre sus estados financieros para 2024 y 2025 impidió un balance completo, pero con los datos que publicó la entidad en las últimas semanas, proyectaron un patrimonio negativo de -11,9 billones y pérdidas operacionales de -4,8 billones de pesos en 2024.
Así le fue al Gobierno Petro en materia de salud pública
En salud pública, el informe expresó que hubo un resurgimiento de enfermedades transmisibles y persistentes brechas territoriales en vacunación, en el contexto, por ejemplo, de la reaparición de la malaria.
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Pero, en específico, en 2024, en el país se registraron 320.982 casos de dengue y 127.600 de malaria, sumados a un brote de fiebre amarilla con 125 casos y 46 muertes en 2025.
La incidencia de sífilis congénita se multiplicó, y en el país se llegó a una media de 4,5 casos por 1.000 nacidos vivos, nueve veces la meta nacional.
En el caso de la cobertura de vacunación contra el VPH, se alcanzó apenas el 60%, muy por debajo del estándar internacional del 90%. También se reportó que continuaron desigualdades, incluso, en las zonas que estarían con mayor foco gubernamental. Por ejemplo, en Bogotá la cobertura de pentavalente fue de 99,32% y en Vichada solo 52,94%.
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En relación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el patrimonio pasó de 1 billón en 2022 a -3,01 billones de pesos en 2025. La red de atención sufrió una contracción considerable, con apenas 584 sedes habilitadas al cierre del primer semestre de 2026.
El seguimiento constitucional a la Sentencia T-760 de 2008 reveló el incumplimiento en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la persistencia de problemas de acceso, sostenibilidad financiera y calidad de la información.
En 2025, la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud y Protección Social por el incumplimiento de los parámetros de financiación.
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Así Vamos en Salud alertó que el próximo Gobierno recibirá un sistema con fragilidad financiera, alertas epidemiológicas crecientes y una confianza deteriorada entre los usuarios y el sector que requerirá “medidas urgentes”.
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