Aunque el país conoció la condena proferida contra el exparamilitar Hernán Giraldo Serna, señalado culpable de liderar un esquema sistemático de abuso sexual y sometimiento de niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la mañana del miércoles 29 de julio de 2026 se conocieron los detalles que llevó al Juzgado Primero Penal del Circuito a aplicarle más de 21 años de prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, tortura y aborto forzado contra tres menores de edad.
La sentencia documentó cómo, incluso tras su detención y traslado a varios centros penitenciarios, el exjefe paramilitar mantuvo un control directo sobre las víctimas, facilitado por colaboradores cercanos y un entorno de intimidación permanente.
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La sentencia concluyó que el exjefe paramilitar sometió en forma sistemática a tres niñas entre 2005 y 2007. Giraldo, conocido como “El Viejo”, “El señor de la Sierra” o “El Taladro”, fue comandante del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El documento revelado por El Tiempo incluyó el testimonio de Andrea (nombres ficticios para proteger sus identidades reales), cuando tenía 11 años y su padre la llevó con su hermana menor a vivir en una finca en la vereda Casa de Tabla. En una de esas casas, conocida como Casa Blanca, vio por primera vez a “El Patrón”, según declaró años después ante investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Asimismo, Jimena cumplió 13 años el 15 de julio de 2005 y solía visitar a su abuela en la vereda Machete Pelao. Según su relato, el hombre ya la observaba desde que tenía 12, y el temor a represalias marcó lo que ocurrió después.
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Sara, de 12 años, fue llevada desde Quebrada del Sol por una mujer conocida como “María” hasta otra finca, donde un hombre la esperaba en una habitación. Aunque las tres no se conocían entre sí, contaron la misma conducta: el jefe al mando de la zona les impuso una relación sin que pudieran decidir libremente.
La sentencia indicó que el sometimiento se construyó en forma progresiva y ubicó a Noralba Vasco como figura común en los tres relatos. Las víctimas la describieron como una mujer cercana a Giraldo que cocinaba para él, cuidaba su dinero, hacía los contactos y les advertía a las menores que debían acceder.
También relataron que Vasco las llevaba a comprar ropa para las visitas y presionaba cuando alguna intentaba resistirse. El miedo era parte central del mecanismo, porque la zona estaba rodeada de hombres armados y las niñas entendían que oponerse podía traer consecuencias para ellas o sus familias.
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“Como este señor era el jefe de las autodefensas, mi familia, que era mi abuela, decía que no podía hacer nada en contra de ese señor; la verdad siempre tuve temor de que me negara y atentara en contra de mi abuela”, señala el testimonio de Jimena en el expediente judicial. Su relato quedó incorporado al fallo como muestra del poder de intimidación atribuido a Giraldo.
Los abusos continuaron incluso en prisión
La sentencia sostuvo que los abusos no terminaron con la desmovilización del grupo paramilitar. Tras pasar un tiempo en la misma zona, Giraldo fue recluido en La Ceja, luego en Itagüí, después en La Modelo de Barranquilla, en forma breve en La Picota de Bogotá y otra vez en Barranquilla hasta su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008.
Andrea declaró que un hombre de la organización la llevó a la cárcel de La Ceja y que ese día tomó fotografías dentro de la celda, imágenes que después entregó a la Fiscalía. Meses más tarde, dijo, el abuso se repitió en La Modelo de Barranquilla.
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Otra de las víctimas relató una rutina similar en Itagüí, donde las visitas ocurrían cada domingo. También contó que Vasco la llevaba cada mes a una farmacia para aplicarle una inyección anticonceptiva y evitar embarazos.
Sara declaró que la llevaron a vivir cerca de Medellín para permanecer próxima a Giraldo. Según su relato, las visitas a la cárcel siguieron durante 2006 y 2007.
Las pruebas y la admisión parcial de los hechos
Entre los elementos que el juzgado destacó estuvo un trámite ante la Comisaría de Familia de Santa Marta por el que el padre de una de las víctimas entregó la custodia legal de sus hijas a Vasco. La investigación concluyó que ese documento le permitía presentarse ante las autoridades carcelarias como madre o familiar para lograr el ingreso de las menores.
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La Fiscalía revisó registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en La Ceja e Itagüí y encontró entradas de Vasco acompañada de menores en fechas que coincidían con los relatos. Esos datos se sumaron a fotografías, registros civiles y cartillas Afis valoradas por el juzgado.
El caso de Sara incluyó un episodio que la Fiscalía calificó como aborto forzado. Tras un primer embarazo en Medellín, la llevaron a una finca donde sufrió un procedimiento clandestino y doloroso, y Medicina Legal halló cicatrices compatibles con ese relato.
Giraldo, expulsado de Justicia y Paz por la Corte Suprema, admitió parcialmente los hechos, entre ellos una relación con una víctima de unos 13 años y el nacimiento de un hijo de ese vínculo. También aceptó la mayoría de los cargos el 26 de marzo de 2025 y el de aborto forzado el 27 de agosto de ese año.
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La decisión judicial dio por corroborados los testimonios con documentos oficiales, controles de ingreso a prisión, fotografías y otros registros que ubicaron a las víctimas en los lugares y momentos que describieron ante las autoridades.
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