El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó a la Procuraduría General de la Nación realizar una intervención preventiva sobre el contrato de $786.000 millones destinado a la construcción y operación de una planta desalinizadora de agua potable en Santa Marta (Magdalena).
La petición fue presentada por los integrantes de la nueva administración tras identificar inconsistencias en la planeación, el sustento presupuestal y los términos de competencia del proceso de contratación, a solo 11 días de que Gustavo Petro entregue el Ejecutivo.
A través de un comunicado emitido por su equipo de comunicaciones, la comisión de empalme confirmó las acciones adelantadas ante el órgano de control para evaluar el manejo de los fondos del proyecto: “La solicitud, presentada por su coordinador, Germán Calderón España, advierte posibles riesgos relacionados con la planeación, el respaldo presupuestal, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia y la transparencia del proceso”.
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Entre los elementos puestos a consideración del ente de control se encuentra un cambio en las especificaciones formuladas para la solución del desabastecimiento hídrico en la ciudad. La propuesta inicial contemplaba la construcción de dos plantas de tratamiento, pero en el desarrollo del proceso contractual los pliegos sufrieron modificaciones de estructura.
El equipo auditor solicitó un análisis sobre la publicación de documentos efectuada por la administración saliente en las fechas previas al cierre del periodo de gobierno.
Por eso, la comunicación ante la Procuraduría pide de manera específica “verificar la modificación del proyecto inicialmente concebido para dos plantas desalinizadoras y la trazabilidad de los documentos publicados durante los últimos días del Gobierno saliente”.
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La postura de la nueva jefatura de Estado, que se posesionará el 7 de agosto, frente a este proceso se enfoca en la fiscalización de las contrataciones en las regiones de la nación: “El Gobierno del presidente electo Abelardo. De la Espriella defenderá cada peso destinado a garantizar el acceso al agua. En la Patria Milagro, las grandes obras responderán a las necesidades de las comunidades y no a los afanes políticos de quienes están próximos a abandonar el poder”.
La obra que prometía acabar con la crisis del agua terminó bajo la lupa de la nueva administración
Con una inversión de $786.000 millones, el Gobierno nacional y las autoridades locales pusieron en marcha uno de los proyectos de infraestructura hídrica más ambiciosos para Santa Marta: la construcción de dos plantas desalinizadoras con las que se busca enfrentar el histórico desabastecimiento de agua potable que ha afectado a la capital del Magdalena durante décadas.
Los recursos fueron garantizados mediante la aprobación del Documento CONPES 4159 de 2025 (que tendrá vigencia entre 2026 y 2030), que declaró la iniciativa como un Proyecto Estratégico de la Nación, lo que aseguró su financiación y dio vía libre a la ejecución de las obras.
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El proyecto contempla la construcción de dos plantas desalinizadoras que, en conjunto, producirán más de 600 litros de agua potable por segundo, capacidad con la que se espera atender la demanda de una población superior a los 760.000 habitantes.
La principal infraestructura será la denominada Planta del Sur, concebida como el eje central del sistema por su mayor capacidad de producción. A esta se sumará una segunda planta en Taganga, diseñada para abastecer específicamente a esa zona costera y con una capacidad estimada de cerca de 2.000 metros cúbicos diarios, equivalentes a 23 litros por segundo.
Tras la aprobación de los recursos, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar) abrió en junio de 2026 las convocatorias públicas para que firmas de ingeniería nacionales e internacionales presenten propuestas para el diseño, construcción y posterior operación de las plantas desalinizadoras.
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La fase de selección de contratistas será determinante para establecer los cronogramas definitivos de ejecución de una obra considerada prioritaria tanto por el Gobierno nacional como por las autoridades distritales (pese al cambio de administración gubernamental).
Pelea por la ubicación de la planta principal
Pese al respaldo institucional, el proyecto no está exento de controversias y uno de los principales puntos de discusión gira en torno a la ubicación de la Planta del Sur.
Desde el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro planteó la necesidad de revisar el sitio inicialmente previsto, cercano a sectores turísticos como El Rodadero e Irotama, al considerar que la inversión pública debe priorizar las zonas con mayores déficits históricos de acceso al agua potable.
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Las diferencias en torno a la ubicación de la planta del sur derivaron en una controversia institucional sobre el desarrollo del proyecto. Como parte de ese escenario, el presidente electo Abelardo de la Espriella elevó una solicitud ante la Procuraduría para que revise el contrato.