La Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó a la administración entrante un panorama financiero que evidencia los retos que enfrentará la entidad durante la vigencia de 2026.
Según el informe de empalme revelado por El Tiempo, la UNP requerirá $2.487.178.790.946 adicionales para finalizar el año, pese a que durante el último cuatrienio su presupuesto registró un incremento cercano al 91%.
El documento fue elaborado al cierre de la dirección de Augusto Rodríguez y será recibido por el nuevo director de la entidad, Didier Blanco, designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. De acuerdo con el reporte, la UNP llega al cambio de gobierno con 10.941 personas protegidas, de las cuales 10.459 cuentan con esquemas individuales y 482 hacen parte de esquemas colectivos.
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Presupuesto creció, pero no alcanza para cubrir la operación
Las cifras del informe muestran que el presupuesto de la UNP pasó de $1,64 billones en 2022 a $3,14 billones en 2025, reflejando un incremento cercano al 91% durante el cuatrienio. Sin embargo, la revisión de la ejecución presupuestal y de los costos reales de los programas de protección concluyó que los recursos disponibles no serán suficientes para atender las necesidades de la entidad durante 2026.
El documento también señala que la mayor parte del presupuesto continúa concentrándose en el funcionamiento de los esquemas de seguridad asignados a los beneficiarios. Estos recursos financian la contratación de servicios de protección, el alquiler y mantenimiento de vehículos blindados y convencionales, el suministro de combustible, equipos de comunicación, chalecos antibalas y otros componentes logísticos necesarios para las operaciones en todo el territorio nacional.
A pesar del déficit proyectado, el informe destaca que la entidad alcanzó altos niveles de ejecución presupuestal durante los últimos dos años. Según las cifras reportadas, la ejecución fue del 96,29% en 2024 y del 98,24% en 2025, además de registrar el pago de prácticamente la totalidad de las cuentas por pagar constituidas durante ese último año.
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La flota de la entidad se duplicó
Uno de los aspectos que más sobresalen del informe corresponde al crecimiento de los activos destinados al transporte de los esquemas de protección. Las cifras indican que el valor de estos bienes pasó de $39.754 millones al inicio del cuatrienio a $124.632 millones, lo que refleja una inversión significativa en la capacidad logística de la entidad.
Como resultado de ese proceso, la flota institucional pasó de 431 vehículos y motocicletas en 2022 a 884 en 2026, equivalente a un incremento del 105%. Dentro de esa expansión se encuentra la adquisición de más de 400 camionetas destinadas a fortalecer los esquemas de protección que presta la entidad.
El incremento de la flota, según se informó la entidad, hace parte de las inversiones realizadas para atender el aumento de las necesidades operativas relacionadas con la protección de funcionarios, líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y demás beneficiarios que cuentan con medidas asignadas.
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Más personal, procesos disciplinarios y protestas internas
El informe de empalme también presenta cambios en la estructura administrativa de la UNP durante los últimos cuatro años. De acuerdo con el documento, la entidad incorporó 6.870 cargos permanentes, de los cuales aproximadamente 5.000 corresponden a funciones misionales y cerca de 700 a personal administrativo, ampliando de manera significativa la planta institucional.
En materia disciplinaria, el reporte señala que entre agosto de 2022 y enero de 2026 fueron abiertos 3.581 procesos contra funcionarios y trabajadores de la entidad. Las investigaciones estuvieron relacionadas principalmente con 1.229 expedientes por legalización o reintegro de viáticos, 876 procesos por incumplimiento de deberes y 577 casos por presunto uso inadecuado del armamento.
Al panorama financiero también se suma un ambiente de inconformidad entre trabajadores y organizaciones sindicales. Desde el 20 de julio, empleados de la entidad mantienen protestas frente a las instalaciones de la UNP al denunciar presuntas irregularidades en los procesos de contratación.
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