El 23 de julio de 2026, un juez aplazó la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del saliente presidente de la República, Gustavo Petro.
Durante la sesión, la autoridad judicial explicó que la diligencia no se pudo materializar por la ausencia de quien debe asumir formalmente el despacho: “Ante la imposibilidad de llevarla a cabo o materializarla por inasistencia del titular o la titular de esa fiscalía. De esta manera, se declara fracasada esta audiencia”.
El aplazamiento se produjo porque Lucy Marcela Laborde, que había presentado la solicitud, dejó de estar vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de julio de 2026, tras terminar su nombramiento en provisionalidad por no presentarse al concurso de méritos.
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Según se expuso en estrados, la falta de claridad sobre el reemplazo impidió fijar el trámite: “Ante la incertidumbre, es decir, ante el desconocimiento por parte de este estrato judicial sobre quién o cuándo, en qué momento llegará el titular de ese despacho, no tengo otro remedio distinto a declarar fracasada esta audiencia”.
El juzgado indicó que, una vez el ente acusador tenga definida la titularidad del despacho, deberá volver a presentar la solicitud: “Proceda a radicar ante la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Barranquilla, la correspondiente solicitud de audiencias preliminares”.
La reacción del abogado de Laura Ojeda a la decisión del juez
Alejandro Carranza, abogado de Laura Ojeda, atribuyó vía redes sociales el aplazamiento de la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra su cliente a una actuación sin competencia de la exfiscal Lucy Marcela Laborde y sostuvo que detrás del movimiento hay una represalia contra la defensa de Nicolás Petro Burgos y su familia. Su planteo no se limitó a cuestionar la citación: afirmó que la exfuncionaria ya no podía pedir esa diligencia porque había dejado el cargo.
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Carranza agregó un dato que amplía el alcance de la disputa judicial: dijo que ya se emitieron órdenes de compulsa de copias penales y disciplinarias contra el abogado Alait Freja, el exfiscal Burgos, Vicky Dávila, Revista Semana y la propia Laborde. Según su versión, esa última compulsa se produjo después de que la exfiscal intentara que a él le impusieran arresto.
El litigante también anticipó que “pronto” habrá decisiones sobre las medidas de aseguramiento de Daysuris del Carmen Vásquez, expareja sentimental de Petro Burgos, y sobre un presunto fraude procesal vinculado con su principio de oportunidad. Esa mención introdujo otro frente del caso, más allá de la audiencia aplazada sobre Ojeda.
Carranza habló de una “imputación fracasada” en el caso de Laura Ojeda y pidió que el nuevo fiscal o la nueva fiscal revise lo actuado por Laborde. En su relato, el problema no es solo de trámite: sostiene que el expediente quedó marcado por actuaciones previas que, a su juicio, carecen de sustento.
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El penalista también apuntó a la legitimidad de la audiencia solicitada. “No me cabe en la cabeza por qué la ex fiscal Lucy Marcela Laborde está pidiendo audiencias que ya no puede atender porque ya no está en el puesto. No puede pedir audiencias de imputación y medida de aseguramiento porque ya no es la fiscal”, expuso en su cuenta de X.
En esa misma línea, vinculó esa actuación con un conflicto personal y procesal con la defensa. Carranza dijo que Laborde siente “odio” y “rabia” contra Nicolás Petro y su familia, y presentó la nueva citación como una derivación de ese enfrentamiento.
A su vez, Carranza aseguró que las medidas cautelares dentro de una acción de tutela con la que, según él, la exfiscal buscaba “amarrarse” a los procesos fueron negadas. A partir de ese antecedente, sostuvo que Laborde “debería ser más prudente” y que no debe seguir citándolos a audiencias sobre las que “no tiene competencia”.
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