Sindicatos bloquean las instalaciones de la UNP: la protesta se mantendrá hasta el 7 de agosto si no hay acuerdos

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) instalaron campamentos en la sede de la entidad en Bogotá para protestar por el incumplimiento de acuerdos laborales.

Los voceros de los sindicatos exigen el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo y la formalización de contratos, ya que muchos prestan servicios bajo modalidades que, según denuncian, generan inestabilidad y falta de garantías. Afirman que la UNP no ha cumplido compromisos relacionados con la remuneración, la seguridad social y la entrega de equipos y dotaciones necesarias para el desempeño de sus funciones.

A la protesta se sumó el gremio de las Uniones Temporales de la UNP, que reclama mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes. Alrededor de 250 personas permanecen en el lugar y advierten que mantendrán la protesta hasta el 7 de agosto si no logran acuerdos. La UNP informó que mantiene canales de diálogo abiertos para buscar una solución a las reclamaciones laborales. En la tarde del 21 de julio, líderes del sindicato se reunieron con voceros del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo, pero no llegaron a un acuerdo.

Las claves de las protestas contra la UNP

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos al frente de las protestas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), en diálogo con Infobae Colombia, cuestionó los procedimientos y decisiones de la administración actual. Según Gallo, uno de los principales problemas radica en la falta de transparencia en la vinculación de personal y en la precariedad de las condiciones que se ofrecen a los escoltas, especialmente ante la inminente creación de una planta de personal en los últimos días del actual gobierno.

Gallo denunció que existen sindicatos que han actuado a favor del Gobierno para recibir beneficios y ubicando a sus afiliados en cargos de coordinación dentro de la UNP. Aseguró que algunas de estas prácticas han generado favoritismos y una protección selectiva, y que algunos dirigentes han tenido relaciones personales con directivos de la entidad, lo que, a su juicio, ha propiciado decisiones poco transparentes y alejadas del interés general de los trabajadores.

Uno de los puntos más críticos expuestos por Gallo es la supuesta intención de la UNP de incorporar a más de 11.000 personas como escoltas en un corto plazo, sin contar con suficientes armas, chalecos antibalas ni municiones para garantizar condiciones mínimas de seguridad y operatividad. Advirtió que esto podría derivar en un detrimento patrimonial grave, ya que la entidad solo dispone de poco más de 1.000 armas, y cuestionó cómo se pretende que el resto de los escoltas ejerza sus funciones en condiciones tan precarias.

Para el líder sindical, la reducción de los requisitos para ingresar a la planta, bajando la experiencia mínima a seis meses y el nivel académico a bachillerato, genera riesgos de seguridad, pues teme que personas sin el debido estudio de antecedentes o preparación puedan ingresar a la UNP, lo que podría facilitar el acceso a cargos de protección a individuos sin los filtros de confianza y formación necesarios.

Gallo indicó que la responsabilidad es de Augusto Rodríguez, director de la UNP, por lo que cuestionó que la administración priorice el ingreso de nuevos aspirantes sin garantizar condiciones dignas, salarios adecuados ni estabilidad laboral para quienes llevan años en el servicio.

Además, denunció que los actuales salarios netos ofrecidos no cubren las necesidades básicas de quienes podrían ser trasladados a cualquier parte del país, lo que, en su opinión, constituye una oferta indigna. Gallo rechazó los intentos de desacreditar la protesta sindical y reafirmó que la lucha de Analtraseg y otros sindicatos busca condiciones laborales transparentes y justas para los más de 16.000 trabajadores de la UNP, y exigió que cualquier proceso de vinculación a la planta se realice con garantías de transparencia, estudios de seguridad y condiciones salariales que dignifiquen la labor de los escoltas.