El presidente de la República, Gustavo Petro, vinculó el asesinato del líder social Jader Durango Petro en Tierralta, Córdoba, con una advertencia sobre el futuro del narcoparamilitarismo en la región y un mensaje directo al mandatario electo Abelardo de la Espriella: “Veremos renacer el narcoparamilitarismo en Córdoba o Córdoba debe seguir el camino de la reforma agraria que construí”.
En su pronunciamiento, vía redes sociales, Petro afirmó que Durango fue “asesinado por el clan del Golfo” y lo describió como “periodista y educador, líder social”. En ese contexto, agregó: “En la mafia italiana llamaban a eso vendetta”, escribió en su cuenta de X.
El mandatario saliente defendió su política agraria y sostuvo que, en su ejecución, no se registraron víctimas: “No hubo un solo muerto en la reforma agraria que hicimos y que debe avanzar”. También comparó ese proceso con experiencias en el exterior: “A otros países les costó millones de muertos”.
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Petro aseguró que su Gobierno avanzó en la redistribución de tierras al señalar que “logré avanzar en la democratización de la tenencia de la tierra en 361.000 hectáreas al campesinado de Colombia” y que hay “500.000 más que quedan en el fondo de tierras” para futuras adjudicaciones.
Sobre ese punto, mencionó al presidente electo, Abelardo de la Espriella y lo ubicó como responsable de la entrega de esos predios en Córdoba: “500.000 más que quedan en el fondo de tierras para que Abelardo, descendiente de terratenientes, se las entregue al campesinado de Córdoba”.
Según su planteamiento, la decisión del líder del movimiento Defensores de la Patria tendrá un impacto político y social en la región: “Si Abelardo obedece a sus familiares terratenientes, sabremos que volverá el atraso y la sangre derramada”.
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En otra parte del mensaje, Petro contrapuso dos escenarios para el departamento y para el país: “Volvemos al feudalismo sanguinario de los terratenientes o el campesinado es capaz de defender la tierra, el agua y el alimento”. Luego, llamó a una acción directa: “Creo que llegó el momento de romper la cerca”.
Al referirse a las tierras disponibles, el jefe de Estado afirmó que el “medio millón de hectáreas de tierra fértil en el fondo de tierras, aún sin adjudicación, es para el campesinado de Colombia y para nadie más”.
A su vez, pidió coordinación inmediata en varios departamentos de la región Caribe: “Que el campesinado de Córdoba y de Sucre y de Bolívar de inmediato se coordinen para defender la tierra conseguida para la producción de alimentos”. También cerró con una consigna: “Tierra y Libertad en las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar”.
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Petro publicó demanda que busca tumbar elección de Abelardo de la Espriella
En otro mensaje, Gustavo Petro hizo pública una demanda de nulidad electoral con la que un grupo de ciudadanos busca tumbar la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026.
El documento, de 61 páginas y fechado el 17 de julio de 2026, fue dirigido a la Sección Quinta del Consejo de Estado contra la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026. Esa resolución fue el acto mediante el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente la elección de De la Espriella y Restrepo.
“Aquí se encuentra la demanda de nulidad de la elección presidencial del 2026. Su lenguaje técnico será explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular”, expuso.
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El presidente afirmó que la demanda fue presentada por más de 70.000 ciudadanos que se denominan “testigos digitales”. Según su versión, estas personas habrían revisado información disponible en internet y encontrado señales de presuntas irregularidades en el proceso electoral.
Petro sostuvo que esos ciudadanos “lograron descubrir en las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”.
La afirmación del primer mandatario hace parte de la tesis que ha venido defendiendo sobre una supuesta alteración del resultado electoral. Sin embargo, el documento deberá ser estudiado por el Consejo de Estado, que será la instancia encargada de determinar si los argumentos tienen sustento jurídico suficiente para avanzar.
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