Clientes de Ferrari en Colombia denunciaron que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos de la marca y hoy no tienen ni los carros ni el reembolso, después de que la casa italiana cancelara la concesión de su representante en Bogotá y dejara abierta la designación de un nuevo operador en el país.
El caso afecta a compras de modelos de alta gama con entregas a plazos largos, una práctica habitual en este mercado porque cada país recibe cupos limitados.
Según reveló una investigación de El Tiempo, varios de los reclamos empezaron a hacerse visibles solo ahora, aunque algunos compradores ya llevaban más de un año esperando la devolución de su dinero con intereses.
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Uno de los vehículos mencionados por los afectados es un Ferrari Roma Spider color Nero DS, cuyo precio de venta para julio de 2025 era de USD 410.000. Con personalizaciones, la cifra subía de 1.700 millones de pesos a 2.000 millones de pesos.
Los negocios se cerraron en la vitrina de la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá. Allí, según las denuncias conocidas por la publicación, una gerente de ventas les mostraba a los clientes el catálogo disponible y las opciones de personalización, incluidos vidrios polarizados.
La respuesta formal que recibieron varios clientes llegó en una carta enviada desde Estados Unidos. En ese documento, Luca Zanetti, presidente de Ferrari para Norteamérica, informó que Autos Italianos de Colombia ya no era parte de la red de concesionarios autorizados.
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“A partir del 4 de junio de 2026, ya no forma parte de la red de concesionarios autorizados de Ferrari en Colombia. Estamos en proceso de designar un nuevo representante autorizado para garantizar una representación sostenible y de alta calidad. Le informaremos una vez que se haya designado al nuevo representante autorizado de Ventas y Servicio de Ferrari. (...) El servicio y la asistencia técnica continuarán prestándose a través de canales autorizados, incluyendo el cumplimiento de garantías”, dice la carta citada por El Tiempo.
Aunque ese mensaje resolvió una parte del problema no aclaró, según los compradores, cómo se devolverá el dinero ya entregado por negocios que no se concretaron.
Un empresario que pidió reserva de su identidad contó al diario citado que su vehículo debía ser entregado en mayo y que, dos meses después, la única respuesta recibida del representante legal fue que contratara un abogado para recuperar la plata. También dijo que le señalaron que esa persona ya no tenía nada que ver con los representantes de la marca.
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La firma operaba en Bogotá y tenía matriz en Panamá
El contrato de compraventa de uno de los vehículos aparece firmado por Henry Ávila Herrera, identificado en los documentos como representante legal suplente de Autos Italianos de Colombia S. A., sucursal Colombia. Esa empresa, con matriz en Panamá, actuaba en Bogotá como representante autorizado de Ferrari.
Consultado por El Tiempo, Ávila dijo que ya no trabaja con la marca, que no es directivo y que tampoco ha sido accionista de la concesión.
Así mismo, estableció que los directivos de la firma son los empresarios mexicanos Sergio de la Vega y Erik Stolberg Fernández, junto con el colombiano Jorge Enrique Carvajales Orozco.
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Carvajales fue presidente de Reficar entre 2006 y 2008 y estuvo mencionado en el escándalo por los sobrecostos en la modernización de la refinería. El medio no reportó una respuesta suya dentro de estas denuncias.
Expertos del sector dijeron al diario que las ventas en Colombia hacían parte de una concesión que Ferrari había entregado a un empresario de México y que también manejaba el mercado en Panamá.
Según esas fuentes, la marca retiró la concesión después de que esta fuera vendida sin autorización a un empresario salvadoreño.
La consecuencia inmediata para los compradores es un vacío de interlocución comercial. Ferrari aseguró continuidad en el servicio técnico y en las garantías, pero los afectados sostienen que la carta no define qué ocurrirá con los anticipos entregados por autos que nunca recibieron.
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Algunos de esos clientes ya empezaron a buscar salidas conjuntas y asesoría legal para reclamar la devolución de sus inversiones. También esperan que la designación de un nuevo representante autorizado en Colombia permita aclarar el destino de las operaciones que quedaron suspendidas.