El Gobierno nacional expidió el Decreto 0742 de 2026, con el que reglamenta por primera vez el cierre de minas en Colombia mediante un marco integral que establece obligaciones ambientales, laborales, sociales, técnicas y financieras para los proyectos mineros al finalizar sus operaciones.
La nueva normativa busca garantizar que el cierre de las actividades extractivas se realice bajo criterios de sostenibilidad, con protección para los trabajadores, participación de las comunidades y seguimiento institucional posterior a la clausura.
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La medida, anunciada el 15 de julio de 2026 desde Cali, Valle del Cauca, incorpora el cierre minero como una fase obligatoria dentro del ciclo de vida de todos los proyectos de explotación. Además, articula las competencias de los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Trabajo, con el propósito de integrar las dimensiones ambiental, laboral y territorial en una sola política pública orientada a la transición energética justa.
El Decreto 0742 de 2026 establece que el cierre de minas deberá planificarse desde la etapa de explotación y ejecutarse bajo medidas administrativas, técnicas, sociales, laborales, ambientales y financieras, con seguimiento posterior a la finalización de las operaciones.
La reglamentación también crea diferentes modalidades de cierre, adaptadas a las características de cada proyecto. Entre ellas se encuentran el cierre progresivo, temporal, anticipado, final y el cierre técnico gradual dirigido a la pequeña minería y a los procesos de formalización.
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Cierre minero con enfoque ambiental, social y territorial
De acuerdo con el Gobierno, el nuevo marco regulatorio busca que ningún proyecto minero concluya dejando pasivos ambientales o sociales y que, por el contrario, genere condiciones para nuevas alternativas de desarrollo en los territorios donde operó.
En ese sentido, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la expedición del decreto representa un cambio en la forma como el Estado aborda la finalización de la actividad minera. “Con este decreto Colombia salda una deuda histórica con el país. El cierre de una mina se convierte en una responsabilidad integral con los trabajadores, las comunidades y los territorios. La transición energética justa también significa garantizar que ningún proyecto abandone pasivos ambientales o sociales, sino que deje oportunidades para el desarrollo sostenible”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.
La reglamentación dispone que, una vez concluida la actividad extractiva, las áreas intervenidas podrán destinarse a diferentes usos compatibles con el desarrollo territorial. Entre ellos se incluyen proyectos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, generación de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras iniciativas que contribuyan al aprovechamiento sostenible de esos espacios.
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Protección laboral y mecanismos de transición para los trabajadores
Uno de los componentes incorporados por el nuevo decreto corresponde a las medidas orientadas a proteger los derechos de los trabajadores durante los procesos de cierre de las operaciones mineras.
La norma exige la elaboración de planes de transición laboral, así como procesos de concertación con organizaciones sindicales. También contempla programas de reconversión productiva, capacitación a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y mecanismos destinados a garantizar el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social durante el desarrollo de los procesos de cierre.
Sobre este aspecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó el alcance de la reglamentación en materia de derechos laborales. “Por primera vez una reglamentación de cierre minero incorpora de manera expresa la protección de los derechos laborales. Garantizamos mecanismos de transición laboral, reconversión productiva, acompañamiento institucional y vigilancia para que las y los trabajadores sean protagonistas de una transición justa y no las principales víctimas del cierre de una operación minera”, puntualizó Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.
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Por su parte, la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, señaló que la ausencia de una reglamentación específica había generado durante décadas impactos ambientales y sociales que fueron asumidos por los territorios donde se desarrollaron proyectos mineros.
“En el contexto de la superación del extractivismo, el cierre de minas adquiere una importancia aún mayor. Por eso, por primera vez el país cuenta con un marco regulatorio que integra las dimensiones ambiental, laboral y minera para planificar el cierre responsable de las actividades extractivas. Además, incorpora la participación activa de las comunidades y promueve una transición productiva y ecológica que permita restaurar los territorios y construir nuevas oportunidades para quienes los habitan”, explicó Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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