La muerte de Fénix, un perro que fue quemado vivo en el municipio de Tena, Cundinamarca, generó una ola de indignación entre habitantes, autoridades y organizaciones defensoras de animales en Colombia.
El animal, que sufrió quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo, falleció tras recibir atención veterinaria de urgencia, mientras la opinión pública exige respuestas y sanciones ejemplares para los responsables de este acto de crueldad.
Hallazgo y rescate de Fénix
De acuerdo con City Tv, el ataque ocurrió el 10 de julio de 2026. Residentes de la zona reportaron haber visto una bola de fuego corriendo cerca de la estación de Policía del sector de La Gran Vía.
PUBLICIDAD
Al acercarse, advirtieron que se trataba de un perro envuelto en llamas, corriendo desorientado y en estado de pánico. Uniformados reaccionaron de inmediato y utilizaron un extintor para apagar el fuego, pero el perro, afectado por el intenso dolor, huyó del lugar.
“La comunidad se alertó al escuchar sus gritos, pues salió toda la comunidad, el perrito pues gritaba, se revolcaba en la tierra tratando de apagarse”, relató uno de los testigos en declaraciones recogidas por el noticiero.
Bomberos, Policía y habitantes lograron sofocar el fuego, aunque el animal huyó producto del dolor y el temor. Su búsqueda se extendió durante toda la jornada hasta que, gracias a la información de ciudadanos, Fénix fue localizado y rescatado pasadas las 8:00 p. m. El perro fue remitido de urgencia a una clínica veterinaria, donde se confirmó el alcance de las lesiones: quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo.
PUBLICIDAD
Esfuerzos veterinarios y desenlace
Durante dos días, veterinarios y voluntarios intentaron salvar la vida de Fénix, brindándole atención especializada y seguimiento constante. Sin embargo, la gravedad de las heridas resultó irreversible. “Nos llega una llamada del doctor informando que lamentablemente el perrito había fallecido”, explicaron miembros de la comunidad citados por City Tv.
La noticia de la muerte de Fénix provocó pronunciamientos inmediatos de la Alcaldía de Tena, que expresó su rechazo al hecho mediante un comunicado oficial. “Estos hechos son materia de investigación y se están adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables”, indicó la administración municipal.
Desde la inspección de la Policía Nacional y otras autoridades, se confirmó la apertura de un proceso administrativo. Las autoridades aseguran tener identificados a los presuntos responsables e iniciaron las diligencias para individualizarlos y llevarlos ante la justicia.
PUBLICIDAD
Mientras avanzan las investigaciones, han surgido diferentes hipótesis sobre lo sucedido, entre ellas un posible accidente con combustible, gas o una batería de vehículo. Sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada oficialmente.
Exigencia de justicia y movilización ciudadana
La muerte de Fénix no solo impactó al municipio de Cundinamarca, sino que movilizó a organizaciones defensoras de animales en todo el país. Estas entidades insisten en que el caso no quede en la impunidad y que los autores reciban sanciones ejemplares.
“Es increíble tanta crueldad y nos unimos a ese llamado a las autoridades, a la policía de Cundinamarca, a la gobernación de Cundinamarca, para que den con el paradero de estas personas y respondan y les caiga todo el peso de la ley”, manifestaron voceros de la comunidad en el noticiero mencionado.
PUBLICIDAD
Mientras avanzan las investigaciones, se aguardan los resultados de la necropsia médico veterinaria, que será incorporada como prueba en el proceso judicial.
Ley Ángel: endurecimiento de las penas por maltrato animal
La comunidad exige que los responsables de la muerte de Fénix sean judicializados con la la Ley Ángel, catalogada como la herramienta legal más robusta del país para combatir la violencia contra los animales.
Según lo aprobado, las penas por matar con dolo o lesionar gravemente a un animal superarán los tres años de prisión, dejando de ser excarcelables. Las multas económicas también se incrementan sustancialmente, alcanzando hasta 60 salarios mínimos en caso de muerte del animal.
PUBLICIDAD
La normativa introduce agravantes como la violencia vicaria, la difusión de escenas de violencia animal y la agresión en contextos económicos. Además, contempla penas accesorias como la prohibición de tener animales y la inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con ellos. Se creará un registro nacional de personas condenadas por delitos contra animales, bajo responsabilidad de la Fiscalía y la Policía Nacional.