La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá entregó detalles oficiales sobre el caso de Adriana Manotas Rodríguez, que falleció el 10 de julio de 2026 tras someterse a una intervención quirúrgica en un centro clandestino de Puente Aranda.
La autoridad distrital confirmó que el establecimiento donde se realizó el procedimiento no contaba con habilitación para prestar servicios de salud y ya había sido objeto de medidas de seguridad vigentes, las cuales fueron vulneradas por los responsables del lugar, exponiendo a la víctima y a otros usuarios a graves riesgos para su vida y salud.
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La Secretaría Distrital de Salud expresó sus condolencias a la familia de Adriana Manotas y reiteró su compromiso en la protección de la vida y el esclarecimiento de los hechos. El 10 de julio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se realizó un allanamiento al establecimiento, donde se halló material quirúrgico y residuos biológicos, evidenciando que allí se practicaban procedimientos invasivos sin cumplir la normatividad vigente.
Como parte de la inspección, los equipos técnicos de la secretaría verificaron que el lugar seguía operando a pesar de que, en noviembre de 2025, ya se le habían impuesto dos medidas sanitarias preventivas: una dirigida al establecimiento y otra al profesional médico.
Las restricciones, de obligatorio cumplimiento, habían sido dictadas por no estar debidamente habilitados y buscaban prevenir riesgos para la ciudadanía. No obstante, durante la diligencia del 10 de julio, se demostró que las condiciones que motivaron la sanción no habían sido subsanadas y que el centro continuaba ofreciendo servicios ilegales.
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En consecuencia, la Secretaría Distrital de Salud impuso dos nuevas medidas: la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de 108 materiales y objetos, entre ellos equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. El objetivo fue proteger la salud pública e impedir el uso de estos elementos en futuras intervenciones clandestinas. La entidad anunció que continuará articulando acciones con la Fiscalía, la Policía Metropolitana y demás autoridades para contribuir al esclarecimiento del caso y prevenir hechos similares.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente la muerte de Adriana Manotas, que falleció en un centro médico de la Cruz Roja en Kennedy, aparentemente por un paro cardíaco, tres días después de haberse sometido al procedimiento en el barrio Muzú.
El mandatario enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre el CTI de la Fiscalía, la Policía y las autoridades distritales para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. Hizo además un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier clínica o centro estético ilegal. “Ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer en un establecimiento que no esté autorizado por la Secretaría de Salud”, subrayó Galán.
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La Secretaría Distrital de Salud recordó que ejerce acciones permanentes de inspección, vigilancia y control sobre los establecimientos de salud en Bogotá. El 9 de julio, en una jornada articulada con el CTI, la Policía Judicial, Invima y la Superintendencia Nacional de Salud, se realizaron operativos simultáneos en varias zonas de la ciudad, verificando la prestación de servicios y recabando material probatorio.
Como resultado, se impusieron medidas de suspensión de servicios, decomiso y destrucción de medicamentos y dispositivos médicos que representaban riesgos sanitarios, y se identificaron graves irregularidades en la realización de procedimientos invasivos sin habilitación.
Desde 2025, la secretaría ha realizado 1.296 visitas de control, 590 operativos y ha aplicado 155 medidas sanitarias a establecimientos que incumplen la norma. Solo en 2026, se han adelantado 104 visitas por quejas y 34 medidas de seguridad adicionales. La entidad invitó a la ciudadanía a reportar sitios sospechosos a la línea 601 364 9550, opción 1, disponible las 24 horas.
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Las críticas a la administración distrital no se hicieron esperar. La concejala Donka Atanassova lamentó que, pese a las alertas tras la tragedia de Yulixa Toloza y al debate de control político en el Concejo, no se hayan implementado planes de choque articulados entre las diferentes entidades y alcaldías locales para inspeccionar y controlar estos lugares.
“El debilitamiento del Sistema Distrital de Cuidado sigue poniendo en riesgo la vida de las mujeres, porque no les garantiza información suficiente, prevención, orientación ni una respuesta institucional articulada”, advirtió la cabildante.
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