La ocupación ilegal de terrenos vuelve a estar en el centro del debate sobre el crecimiento urbano de Bogotá. Desde el Concejo de la ciudad, el cabildante Rubén Torrado advirtió que los registros relacionados con invasiones de predio aumentaron durante la Administración distrital y pidió fortalecer las acciones de control para evitar que esta problemática continúe expandiéndose.
Los datos presentados por el concejal del Partido de la U muestran un incremento en los casos reportados durante los últimos años. Según las cifras entregadas por la Secretaría de Hábitat, al cierre de 2025 se contabilizaron 17.514 registros relacionados con invasiones a lotes, mientras que durante el último año de la administración de Claudia López la cifra llegó a 15.903 casos. “Durante el último año de mandato de Claudia López, las invasiones a lotes en Bogotá llegaron a 15.903, según cifras consolidadas de la Secretaría de Hábitat, y para 2025, a dos años de gobierno de Galán, van en 17.514; esto quiere decir que han aumentado un 10%. Esto es preocupante”, advirtió Torrado.
La alerta del concejal también se concentró en las localidades donde, según los registros oficiales, se presenta la mayor cantidad de casos asociados a posibles ocupaciones ilegales. Ciudad Bolívar encabeza el listado con 8.365 reportes durante el 2025, seguida de Usme, con 2.048; Usaquén, con 1.993; Rafael Uribe Uribe, con 1.086; y Bosa, con 1.053. El ranking continúa con San Cristóbal, que registra 677 casos; Chapinero, con 639; Kennedy, con 493; Santa Fe, con 491, y Suba, con 469. Para Torrado, estas cifras reflejan la necesidad de reforzar la presencia institucional en las zonas donde se identifican mayores riesgos de expansión de urbanismo informal.
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Además de los casos consolidados, el concejal señaló que al incluir denuncias que todavía se encuentran en procesos de verificación, relacionadas con lotes y posibles ocupaciones, la tendencia también muestra un aumento. Según sus cifras, el total pasó de 28.642 registros en 2023, al finalizar la administración anterior, a 31.088 en 2025, lo que representa un crecimiento del 8,5%.
“Las estadísticas de los casos totalizados, que comprenden los consolidados, más otras denuncias que están en trámite de verificación (proceso, lote y provisional), también muestran una tendencia al aumento durante la administración actual, pasando de 28.642 en 2023 (fin de administración de Claudia López) a 31.088 casos en 2025, es decir, un aumento del 8,5%”, agregó.
Frente a este panorama, Torrado pidió una actuación coordinada entre la Secretaría de Hábitat, las alcaldías locales, la Secretaría de Gobierno y las entidades encargadas de vigilancia y control. El objetivo, según explicó, es fortalecer la prevención y evitar que las ocupaciones irregulares afecten tanto predios privados como terrenos de carácter público.
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El concejal también cuestionó el desempeño de algunas inspecciones de Policía en distintas localidades, al considerar que no lograron resultados suficientes frente a una problemática que, según él, continúa creciendo en varios sectores de la ciudad.
“Bogotá necesita frenar el urbanismo informal, proteger el espacio público y evitar los asentamientos en zonas de reserva ambiental o de alto riesgo. No da buena señal que esta práctica no autorizada venga aumentando durante la actual administración; por ejemplo, ya en los primeros dos meses de 2026 van 14 nuevos casos. Hace algunos meses denuncié un caso en Suba, pero las autoridades no hicieron nada: las invasiones no se hacen a escondidas, se hacen a plena luz del día”, concluyó.
La situación no es nueva para la capital. La Secretaría de Hábitat señaló que durante la última década la ocupación ilegal o informal del territorio aumentó 34,5%, una dinámica que extendió la presencia de asentamientos no autorizados en diferentes zonas de Bogotá. Entre los puntos que generan mayor preocupación están las áreas con importancia ambiental, como los Cerros Orientales, los Cerros de Suba y las zonas cercanas a cuerpos de agua como humedales, quebradas y ríos. Estas áreas, por sus características, requieren especial protección debido a los riesgos ambientales y de seguridad que pueden generar las ocupaciones sin planificación.
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Mientras el Concejo insiste en la necesidad de reforzar los controles, las autoridades distritales enfrentan el reto de contener el crecimiento de estos asentamientos y garantizar que el desarrollo urbano de la ciudad avance bajo criterios de legalidad, protección ambiental y seguridad para sus habitantes.