La embajada de Rusia en Colombia negó tener relación con redes que vinculan a colombianos con la guerra en Ucrania. Además, su pronunciamiento no respondió a lo que ocurre con los 173 ciudadanos reportados como desaparecidos ante el consulado colombiano en Moscú ni cómo avanzan su búsqueda, identificación y eventual repatriación.
El obstáculo más costoso aparece cuando un caso se confirma como fallecimiento. Según una investigación de El Tiempo, trasladar un cuerpo desde Europa puede costar hasta $860 millones, mientras conservarlo en una morgue puede implicar hasta 2.000 euros por día.
En ese escenario, más de 50 familiares hicieron un plantón el miércoles 8 de julio sobre la avenida El Dorado, en Bogotá, para denunciar que han enviado solicitudes a autoridades colombianas y rusas, sin recibir respuestas claras sobre el paradero de sus allegados o sobre el retorno de los cuerpos.
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La representación diplomática rusa difundió un comunicado en el que rechazó cualquier vínculo con organizaciones o métodos de incorporación de ciudadanos colombianos a los combates. También recomendó evitar contacto con personas o entidades que ofrezcan ese tipo de participación bajo “pretextos falsos”.
La embajada agregó: “La Embajada de la Federación de Rusia en Colombia no tiene ninguna relación con las organizaciones o métodos de eventual involucramiento de los ciudadanos colombianos a los combates de guerra bajo los pretextos falsos. Recomendamos a todos los colombianos evitar cualquier contacto con las entidades o personas inescrupulosas que supuestamente realicen la actividad ilegal mencionada”.
En el mismo texto sostuvo que ha pedido al Gobierno colombiano frenar la participación de nacionales en conflictos en el exterior, en particular en Ucrania. También destacó la adhesión de Colombia a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios adoptada por la ONU en 1989.
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“Al contrario, abogamos en numerosas ocasiones ante el Gobierno colombiano por parar cuanto antes la mala práctica de la participación de los oriundos de la República en los conflictos en el exterior, en particular en Ucrania”, dice el documento.
El comunicado no mencionó los procesos de búsqueda, identificación o repatriación de los colombianos desaparecidos.
La Cancillería colombiana trabaja con un equipo interdisciplinario junto con Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo para tratar de establecer el paradero de los ciudadanos reportados como desaparecidos en Rusia.
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Una fuente cercana a ese equipo dijo al medio citado que uno de los principales problemas es la falta de datos precisos aportados por los familiares.
En varios casos, explicó esa fuente, las familias solo entregan el nombre del desaparecido. Desconocen la ciudad en la que estaba, la unidad militar en la que pudo haber estado, las fechas de desplazamiento dentro del país o la persona que facilitó su llegada a Rusia.
Esa ausencia de datos limita las gestiones ante las autoridades rusas, porque los organismos de ese país exigen información concreta para iniciar verificaciones. La misma fuente señaló que, cuando ha sido posible completar repatriaciones, la opción más viable ha sido la cremación y el envío de cenizas por valija diplomática.
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Enny Peña, esposa de Pabón Escalante, dijo que acudió al consulado de Colombia en Moscú, pero que no ha obtenido información suficiente sobre el paradero de Francisco Antonio Pabón Escalante, de 51 años desde finales de marzo de 2026.
En una respuesta, el consulado informó que el 11 de junio de 2026 remitió una solicitud oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para pedir información sobre el ciudadano.
El consulado advirtió además que esos trámites no tienen un plazo cierto en la práctica: “Nos permitimos informar que, por normativa rusa, las solicitudes de esta naturaleza, dirigidas a entidades oficiales rusas, cuentan con un tiempo de respuesta de 30 días calendario, que en la práctica se han prolongado de manera indefinida debido a la actual coyuntura del conflicto armado".
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Otro expediente es el de Juan Sebastián Calderón, un colombiano de 25 años que murió el 1 de noviembre en Rostov del Don, Rusia. Según la información recopilada, había firmado con una empresa de Medellín un contrato de un año para prestar servicios militares.
Ese acuerdo contemplaba un pago de $40 millones en caso de resultar herido y de $300 millones en caso de muerte para el familiar designado en la póliza. La familia afirma que no ha recibido ese dinero y que tampoco cuenta con los cerca de $45 millones que costaría traer el cuerpo a Colombia.
Las autoridades rusas exigen una prueba de ADN para confirmar la identidad del fallecido. La familia sostiene que ese proceso avanza con lentitud y que no dispone de los recursos para afrontar el traslado.
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Carlos Ramírez, cofundador de la ONG La Voz que No Están, explicó al medio citado que acompaña a más de 400 familias que buscan a desaparecidos en Rusia y Ucrania. Según dijo, mientras en Ucrania una solicitud puede tardar alrededor de 15 días, en Rusia puede demorar hasta dos meses o no obtener respuesta.
Ramírez detalló que, cuando las autoridades rusas identifican un caso, ofrecen tres caminos: autorizar el entierro del cuerpo en territorio ruso para que la familia viaje a la ceremonia, solicitar la cremación o pedir la cremación con envío de cenizas al país de origen.
También afirmó que solo conoce dos casos de desaparecidos en Rusia que hayan sido repatriados y que otro problema es que ese país muchas veces no acepta pruebas de ADN hechas por particulares.
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