Entre 2015 y 2025, Colombia enfrentó una realidad persistente: 22.697 niños y adolescentes sufrieron delitos vinculados a la explotación sexual comercial.
Los datos fueron recopilados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana y revelan que casi la mitad de las víctimas tenía menos de 14 años.
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El fenómeno no ha mostrado signos de disminución significativa a lo largo de la década. En 2025, se notificaron 2.093 víctimas, lo que confirma la continuidad del problema. La información proviene de registros oficiales del Sistema Penal Oral Acusatorio y del DANE, lo que otorga solidez estadística al análisis.
Una revisión de los rangos de edad mostró que el 46,9% de los casos anuales correspondió a menores de entre cero y trece años. El promedio anual de víctimas menores de 14 años se ha mantenido en 803, sin variaciones notables desde 2015.
La explotación sexual infantil tiene efectos que trascienden el daño inmediato. Según Gloria Bernal, directora del LEE, ser víctima a edades tempranas “incrementa el riesgo de deserción educativa y limita la acumulación de capital humano, profundizando las desigualdades sociales y económicas” afirmó al Portafolio.
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Además, la especialista advirtió que esta violencia comprometió la motivación académica y el rendimiento cognitivo de los menores, lo que afectó su permanencia en el sistema educativo.
Distribución territorial y patrones de denuncia
El análisis territorial mostró que Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander concentraron el mayor número absoluto de víctimas, en parte por su alta población y una infraestructura institucional más robusta para registrar denuncias. En 2025, Bogotá lideró con una tasa de 42 víctimas por cada 100.000 menores, seguida por Guaviare (40,8), Antioquia (24,3) y Quindío (23,2).
Sin embargo, el LEE advirtió que las cifras pueden estar distorsionadas por el subregistro, especialmente en regiones con menos capacidad para recibir denuncias y activar rutas de atención. Esto implicó que una tasa elevada puede indicar tanto una mayor ocurrencia del delito como un mejor sistema de información y denuncia. El fenómeno se observó en departamentos como Vichada, que en 2024 registró una tasa de 112,4, y en el Archipiélago de San Andrés, que en 2019 alcanzó 108,7.
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Por otro lado, departamentos como Cesar, Sucre, Cundinamarca y La Guajira presentaron las tasas más bajas, todas por debajo de cuatro casos por cada 100.000 menores. Esas cifras bajas no necesariamente reflejan menor prevalencia, sino posibles limitaciones en la capacidad de denuncia y registro a nivel local.
Tipologías del delito y brechas en la judicialización
Dentro del universo de delitos asociados a la explotación sexual comercial infantil, la pornografía con menores de 18 años encabezó la lista con 12.074 casos, es decir, el 53% del total durante los 11 años analizados. Le siguieron la demanda de explotación sexual comercial (4.103 casos) y el uso de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores (2.583 casos). El delito de inducción a la prostitución sumó 1.939 registros.
El informe también recoge datos de organismos internacionales como ECPAT, Interpol y Unicef, donde se estimó que el 21% de los adolescentes en Colombia declaró haber sufrido alguna forma de explotación o abuso sexual a través de tecnologías en el último año, lo que se traduce en cerca de 860.000 jóvenes entre 12 y 17 años.
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Perfil de las víctimas y recomendaciones de política pública
La mayoría de las víctimas identificadas fueron mujeres (80,5%), aunque entre 2024 y 2025 se observó un incremento de 90 casos en varones afectados. El desglose etario indica que el 36,1% de las víctimas tenía entre cero y trece años, el 40,9% estaba en el rango de 14 a 17 años y el 23% no contaba con información precisa sobre la edad.
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