El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a los señalamientos surgidos en el medio del proceso judicial que enfrenta por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Uribe, que fue también gobernador de Antioquia, ha utilizado sus redes sociales para rechazar las versiones que lo vinculan con el sobrevuelo de un helicóptero oficial sobre el corregimiento de El Aro durante los hechos investigados.
PUBLICIDAD
El exmandatario dijo que es “falso que el helicóptero de la Gobernación de Antioquia hubiera volado sobre el Aro al momento de la masacre” y sostuvo que esa versión “está desvirtuado por el control técnico de la ruta de vuelo del aparato (Bitácora)”.
El líder natural del Centro Democrático fue informado a principios de junio de 2026 sobre la investigación y desde entonces ha publicado múltiples denuncias sobre el caso a través de sus redes sociales.
En un mensaje divulgado en la mañana del 4 de julio, el exmandatario afirmó que el soporte para negar el sobrevuelo del helicóptero en el corregimiento es la bitácora técnica del vuelo y agregó que “sus pilotos, que venían de las gobernaciones de Gilberto Echeverri y Juan Gómez, han declarado en todas las instancias desde 1998”. En la misma publicación, Uribe señaló que “el helicóptero era manejado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud”.
PUBLICIDAD
Uribe criticó decisión en la investigación en su contra
La Fiscalía General de la Nación sostiene que existen “fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para ordenar la apertura de instrucción y la diligencia de indagatoria” contra Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en llos hehcos ya mencionados con anterioridad.
Esa conclusión aparece en un documento citado por el exmandatario, donde se precisa que, de acuerdo con la Ley 600 de 2000, “no es indispensable el recaudo de la totalidad de las pruebas ordenadas en la etapa de investigación previa”.
El proceso contra Uribe ha generado nuevas tensiones políticas, luego de que el propio expresidente denunció públicamente que la Fiscalía ya le estaría “anticipando la condena sin practicar las pruebas decretadas”. Uribe, en su cuenta de X, calificó la actuación del ente acusador como “abuso de una fiscalía politiquera”, y agregó: “La Fiscalía me anticipa la condena sin practicar las pruebas decretadas. Además, la JEP está oyendo testigos del Aro”.
PUBLICIDAD
El debate jurídico gira en torno a la interpretación del artículo 331 de la Ley 600, citado en el documento: “Basta con que exista mérito para vincular al procesado, lo que se cumple cuando de la evidencia recaudada existe prueba que acredita la ocurrencia del hecho y se infiere razonablemente que el procesado puede ser su autor o partícipe”.
Según sostiene el ente investigativo, ese estándar permite avanzar en el caso aun sin haber escuchado la totalidad de testigos inicialmente previstos.
En este momento, la Fiscalía formalizó la vinculación de Álvaro Uribe Vélez al proceso por las masacres de El Aro y La Granja, basándose en la normativa procesal vigente. El expresidente alega que el ente acusador tomó esa decisión sin agotar las pruebas decretadas en su defensa y recalca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue recibiendo testimonios relevantes sobre los hechos.
PUBLICIDAD
El exgobernador de Antioquia publicó horas después otra declaración en la que insistió en que se están omitiendo testimonios que podrían exonerarlo, tanto a él como a su hermano Santiago Uribe Vélez, al que se confirmó una condena de 28 años de prisión por crímenes relacionados con el paramilitarismo en Antioquia, según el fallo ratificado en 2025 por el Tribunal Superior de ese departamento.
Uribe remarcó: “Pruebas no practicadas Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor que en Justicia y Paz dijo: ¿Quién ordenó la masacre de El Aro?”. En su mensaje, citó a Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros de las autodefensas, que “declaró bajo juramento que Álvaro Uribe y su hermano Santiago jamás fueron mencionados en las reuniones de planificación”. Según el testimonio presentado por Uribe, “la incursión fue un asunto exclusivo de las autodefensas”.
Las próximas semanas serán decisivas para clarificar si la Fiscalía mantiene su postura o si, ante la presión pública y política, decide revisar la práctica de las pruebas pendientes antes de tomar una determinación definitiva sobre el futuro judicial del expresidente
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD