La muerte de Ian Alarcón, un niño de dos años, ocurrió durante una salida recreativa organizada por un jardín infantil de Cali hacia una finca ubicada en jurisdicción de El Cerrito, Valle del Cauca. El caso, que sucedió el 9 de diciembre de 2024, avanza en la justicia con imputación contra dos funcionarias que estaban a cargo de la supervisión del grupo escolar.
La información publicada por Revista Semana señala que las autoridades competentes iniciaron la recolección de testimonios para establecer responsabilidades en torno al cuidado de los menores durante la jornada. Según los registros del caso, las docentes tenían bajo su custodia a cerca de 18 niños cuando ocurrió la emergencia en el predio campestre.
Durante la actividad, el menor ingresó a una piscina que, de acuerdo con el reporte, no contaba con cerramientos de seguridad. Tras lo sucedido, fue trasladado de urgencia al centro asistencial de El Cerrito por la docente encargada, pero el personal médico confirmó posteriormente su fallecimiento.
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Madre había advertido riesgos en la finca
La madre de Ian, Sandra Villegas, entregó detalles de lo ocurrido en una entrevista con el formato periodístico Testigo Directo. Según relató, antes de la salida escolar realizó una inspección al predio y advirtió a las docentes sobre la falta de medidas de protección en la zona donde después ocurrió la emergencia.
Esa alerta, de acuerdo con la versión reseñada, también fue respaldada por otra madre de familia que acompañó la verificación de las instalaciones. Para la familia, ese antecedente es clave dentro del proceso, pues demostraría que existían advertencias previas sobre posibles riesgos para los menores.
Villegas contó que el día de los hechos se encontraba en Palmira, comprando juguetes de Navidad para su hijo, cuando recibió una llamada que cambió por completo la jornada. “Me dijeron que estaban reanimando a mi hijo”, expresó la madre al recordar el momento en que fue informada sobre la emergencia.
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La madre llegó al hospital local de El Cerrito, donde recibió la confirmación del fallecimiento del niño. Desde entonces, la familia ha insistido en que se esclarezcan las responsabilidades de quienes estaban encargadas de la supervisión durante la salida escolar.
Hasta el momento, la institución de primera infancia se ha mantenido al margen de las audiencias de imputación y del proceso penal en curso. Además, las dos funcionarias señaladas en la investigación no han emitido declaraciones públicas sobre las circunstancias del caso.
Proceso judicial contra dos docentes
En el proceso, la autoridad judicial formuló imputación por el delito de homicidio culposo, en calidad de coautoras, contra la docente de párvulos Lina Cuervo y su auxiliar Ingrid Daniela Sandoval. Durante las diligencias, ninguna de las dos aceptó los cargos imputados.
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También se estructuró un preacuerdo que contempla una pena de 26 meses de prisión y una sanción económica equivalente a 30 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, la representación legal de la familia manifestó desacuerdo con los términos planteados dentro del proceso.
El abogado Andrés Ríos, quien lidera la defensa de las víctimas, sostuvo que los familiares no están conformes con la tasación de la pena. La defensa argumenta que esa sanción no respondería de manera adecuada a los protocolos de seguridad que, según su postura, fueron omitidos durante la salida escolar.
Por esa razón, el equipo jurídico evalúa la presentación de recursos legales alternos ante los jueces de conocimiento. La familia busca que el expediente incorpore nuevas evidencias y que se revise el alcance de las responsabilidades en la organización, supervisión y respuesta frente a la emergencia.
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