La controversia por la contratación de software en entidades públicas durante el tramo final del Gobierno de Gustavo Petro, al que le restan 36 días en el poder, alcanzó su punto máximo. Todo, tras las revelaciones del senador electo y director del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, que expuso un presunto entramado de adjudicaciones irregulares de contratos de tecnología.
De acuerdo con la denuncia del congresista electo, que suena para convertirse en el presidente del Congreso en la legislatura que iniciará el 20 de julio, esta situación comprometería la seguridad de los datos de millones de ciudadanos y la viabilidad de los recursos públicos, pues tendría un fuerte impacto en dos de las entidades trascendentales, como Colpensiones y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
El polémico contrato en Colpensiones que encendió las alertas
En uno de los apartes de su denuncia, el senador Enrique Gómez Martínez, hermano del designado ministro de Hacienda, Juan Gómez Martínez, puso la lupa en lo que sucedería en Colpensiones, la entidad encargada de las pensiones en el país. Según el congresista, Jaime Dussán, presidente de la entidad, otorgó un contrato estratégico para el manejo y creación de la base de datos de pensionados a una unión temporal local.
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“El escandalazo de la nueva base de datos de Colpensiones, esa que Atila el Huno, Jaime Dussán, el destructor de Colpensiones, adjudicó a una oscura unión temporal colombiana, descartando, por un lado, al actual proveedor, que era nada menos que una filial de IBM y que llevaba años prestando el servicio, descartó por la falta de una firma, supuestamente, a Telefónica, otro gigante“, adelantó el congresista frente a este caso.
Del mismo modo, el congresista electo contó cómo también se desestimó una tercera proposición, de una compañía colombiana “mucho más grande” que a la que fue adjudicada, “porque supuestamente no aportó documentos”. De esta manera, contó cómo la beneficiaria, Integral Centro de Datos, es una empresa que “ha ganado su experiencia con contraticos de software en todo el gobierno de Gustavo Petro”, agregó Gómez.
Con ello, denunció que el manejo de los datos de los pensionados y el pago de sus mesadas quedaría en una firma sin idoneidad necesaria, lo que genera suspicacias. De ahí que la preocupación del senador radique en los efectos adversos que la gestión de los contratos podría tener sobre los usuarios y los fondos públicos; en vísperas de que se dé la transmisión de mando al nuevo presidente, De la Espriella, el 7 de agosto.
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“El cartel del software en el gobierno de Gustavo Petro no se detiene, maestro”, enfatizó el parlamentario electo, que no dudó en afirmar que existe un esquema sistemático para influir en estas contrataciones. “Esos contratos se han vuelto una ruta peligrosísima para robar la plata de los contribuyentes y poner en riesgo la información de los usuarios”, agregó Gómez Martínez, que a continuación expuso lo que sería otro grave caso.
El FNA sería epicentro de aparentes irregularidades en contratación
En otro de los apartes de la denuncia se destaca el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), institución que administra recursos de cesantías y créditos hipotecarios. Frente a lo que estaría sucediendo en la entidad, Gómez Martínez llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “Si tiene sus ahorros de cesantía en el Fondo Nacional del Ahorro o un amigo o un familiar los tiene, usted tiene que estar alerta”, destacó el congresista.
Así, el líder político describió un proceso de contratación que, según sus palabras, ha sido repetido en varias ocasiones durante el semestre sin que se logre una adjudicación definitiva. “En el Fondo Nacional del Ahorro están empeñados en cambiar el software del core bancario. El Fondo Nacional es como si fuera un banco porque ahí está su plata, la de las cesantías, de ahí le liquidan sus créditos", remarcó en su denuncia.
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Y reveló que el contrato, de $67.000 millones, no se ha podido cuadrar, según él, “para dárselo a algún calanchín. Han rehecho el proceso varias veces en lo que va del semestre y la Secretaría General está comprometida a adjudicarlo a las patadas antes del 7 de agosto”, precisó, todo esto tras una consultoría que costó $4.000 millones, en una situación que amerita máxima atención por parte de los organismos de control.
Con ello, Gómez Martínez aseguró que la insistencia en adjudicar el contrato antes de una fecha límite sugeriría un afán por beneficiar a intereses particulares; y anticipó que su denuncia se ampliará a otras entidades públicas. “Mañana (viernes 3 de julio) les cuento de otra gran entidad que nos afecta a todos y que está sufriendo las consecuencias de contratar con calanchines el software del Estado”, remarcó.