El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó la alerta del analista y empresario del sector agro, Indalecio Dangond Baquero, sobre la posible creación de un sindicato en el Ministerio de Agricultura y defendió que la organización sindical es un derecho protegido por la Constitución y por normas internacionales, en una controversia que escaló hasta la Procuraduría y que se proyecta sobre la discusión laboral dentro de una cartera clave para la política agropecuaria en Boyacá.
La disputa también expuso un trasfondo más amplio: la tensión entre la administración pública y sectores del agro frente a la sindicalización, en un país en el que, según recordó el funcionario, la persecución antisindical marcó durante décadas la vida laboral.
Dangond Baquero envió un mensaje de alerta a la Procuraduría General de la Nación por la presunta promoción de un sindicato al interior del Ministerio de Agricultura. En su señalamiento sostuvo que un abogado de la Oficina Jurídica de esa cartera estaría impulsando esa organización con personal de planta y contratistas.
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El empresario pidió además una “investigación inmediata y las sanciones disciplinarias correspondientes” contra Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. El mensaje fue publicado en su cuenta de X y se produjo en medio de la atención sobre el funcionamiento interno de la cartera.
“Señor @PGN_COL: hemos recibido información según la cual un abogado de la Of Jurídica del @MinAgricultura estaría promoviendo un sindicato con personal de planta y contratistas. Solicitamos investigación inmediata y las sanciones disciplinarias correspondientes a @MCarvajalinoV”, dice en la publicación hecha por Dangond en su cuenta en X.
La respuesta llegó desde la misma red social. Sanguino cuestionó que la posible constitución de un sindicato fuera presentada como una conducta que ameritara investigación disciplinaria.
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“Es de suma gravedad que el círculo cercano a quien asumirá la Presidencia este 7 de agosto lance este tipo de estigmatizaciones y posturas abiertamente antisindicales. ¿Desde cuándo constituir un sindicato es un delito o una conducta que deba investigar la Procuraduría?”, escribió.
El ministro Sanguino sostuvo que la libertad sindical “es un derecho humano de protección internacional y constitucional”. Para respaldar esa afirmación citó el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y añadió: “Todas las trabajadoras y trabajadores, públicos y privados en Colombia, deben ser protegidos por el Estado para ejercer este derecho, y no ser perseguidos como ocurrió durante décadas, lo que nos convirtió en uno de los países de mayor violencia y persecución antisindical del mundo”.
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El jefe de la cartera laboral cerró su pronunciamiento con una definición política de su postura frente al caso: “Rechazó categóricamente estos señalamientos. ¡El sindicalismo no es un crimen, es democracia laboral!”.
La controversia se concentra en el Ministerio de Agricultura y su impacto político
La discusión quedó planteada alrededor de un punto concreto: si la promoción de un sindicato dentro de Ministerio de Agricultura puede ser tratada como una irregularidad o si, por el contrario, se trata del ejercicio de un derecho protegido por el ordenamiento colombiano e internacional.
El texto publiado por Dangond Baquero no presentó pruebas adicionales en el material difundido, pero sí identificó como origen de su advertencia información recibida sobre actividades de un abogado de la Oficina Jurídica del ministerio. A partir de esa versión, solicitó la intervención de la Procuraduría.
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La controversia adquiere peso por el papel del Ministerio de Agricultura en la definición de políticas para regiones como Boyacá, donde productores y actores del sector agropecuario siguen de cerca cualquier disputa que pueda afectar la orientación de la cartera.
Indalecio Dangond Baquero, al parecer, es considerado como una persona cercana al presidente electo Abelardo de la Espriella, un dato que Sanguino usó en forma indirecta al advertir sobre el mensaje emitido desde “el círculo cercano a quien asumirá la Presidencia” el 7 de agosto.