El bloqueo en el muelle turístico de Buenaventura completa casi una semana y ya afecta al turismo y al empleo local, según advirtió la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en un puente festivo marcado por una mayor afluencia de visitantes.
Según la gobernadora, en diálogo con El Tiempo, la restricción perjudica a los consejos comunitarios, hoteles, empresarios y trabajadores del turismo porque frena la movilidad en una zona del Pacífico vallecaucano y provoca pérdidas en la cadena productiva regional.
La mandataria pidió levantar el bloqueo, sobre todo durante el puente festivo, cuando aumenta la llegada de turistas. Toro pidió a los manifestantes que permitieran el paso para evitar más pérdidas en la región. “Yo sí creo que no están haciendo un beneficio, sino que están haciendo un daño a la gente trabajadora de Buenaventura, que todos los días labora en el sector del turismo para poder tener sus ingresos”, afirmó la gobernadora al medio citado.
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La mandataria también insistió en que se debe “levantar la restricción, más aún en un puente festivo, que es cuando incrementa la visita de turistas”.
Además, cuestionó el efecto del bloqueo durante un fin de semana de alta temporada turística. “Me parece el colmo que estén generando esas pérdidas, especialmente este fin de semana que es de alta temporada turística. Le están haciendo daño a los consejos comunitarios que tienen sus negocios, a los hoteles, a los empresarios y al empleo de Buenaventura”, remarcó Toro, según El Tiempo.
Qué motivó el bloqueo en el muelle turístico
El cierre en el muelle turístico lo mantiene el Comité del Paro Cívico, que alega incumplimientos de varios acuerdos con la Nación. Toro sostuvo que esos reclamos corresponden al Gobierno nacional y rechazó que la protesta afecte a la economía local.
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El bloqueo coincide con días de mayor movimiento turístico en una zona de la ciudad. Esa situación agrava las pérdidas para quienes dependen de la operación del muelle, según la gobernadora.
La gobernadora dijo que espera la autorización del Instituto Nacional de Vías (Invías) para retirar la estructura actual, que considera riesgosa, y poner en servicio un nuevo embarcadero promovido por la Gobernación del Valle del Cauca.
La obra hace parte de inversiones priorizadas en los Conversatorios Ciudadanos. Toro explicó que el nuevo punto será un embarcadero flotante.
También servirá para el transporte de alimentos, ya que es uno de los principales puntos de abastecimiento de los bonaverenses. La propuesta oficial prevé que la futura concesión dé paso a una empresa pública-comunitaria. El esquema plantea mayoría accionaria del municipio y 49% de la comunidad, con participación de consejos comunitarios, motoristas y empresarios en la administración y el mantenimiento del nuevo muelle.
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La gobernadora Dilian Francisca Toro alerta por una fase crítica en la crisis hospitalaria del Valle
La gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió que la crisis hospitalaria del Valle del Cauca entró en una fase crítica por la falta de pago de recursos de mayo y junio por parte de EPS intervenidas, una situación que pone en riesgo el cierre de servicios médicos esenciales y agrava la atención de pacientes en toda la red pública y privada del departamento.
El alcance del problema es amplio: 76% de la población del Valle del Cauca está afiliada a EPS bajo intervención estatal, de modo que cualquier interrupción en los giros repercute sobre buena parte del sistema regional.
Según El Tiempo, la administración departamental sostiene que esa dependencia amplifica el impacto de la crisis sobre consultas, tratamientos y servicios especializados.
La respuesta de emergencia ya está en marcha en algunos frentes. El caso más delicado es el de Emssanar, cuya falta de financiación obligaría a reubicar de forma urgente a 463 pacientes en distintas instituciones de la región para evitar interrupciones en la atención.
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El déficit de $500.000 millones compromete la operación de clínicas y hospitales
La Gobernación del Valle del Cauca ubicó el origen de la crisis en la diferencia entre los recursos proyectados y los efectivamente recibidos.
El valor mensual de la Unidad de Pago por Capitación para los regímenes subsidiado y contributivo asciende a $789.000 millones, pero hasta ahora solo se habían girado $289.000 millones.
Esa brecha deja un déficit de $500.000 millones, de acuerdo con la administración departamental.
La gobernadora sostuvo que esta coyuntura financiera profundiza la crisis humanitaria en salud ya declarada en la región y afecta de forma directa la atención de los usuarios, además de aumentar las barreras de acceso a tratamientos.
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El diagnóstico oficial no se limita a la falta de recursos. La Gobernación también afirmó que desconoce el destino del dinero ya girado y los criterios utilizados para su asignación.
Citado por El Tiempo, el gobierno departamental señaló que hubo giros directos de tesorería de algunas EPS a ciertos prestadores, pero sin claridad sobre el procedimiento técnico ni sobre la aplicación de esos fondos. Para la administración, esa falta de precisión impide garantizar la sostenibilidad operativa de clínicas y hospitales y obliga a reclamar una distribución razonable entre los sectores público y privado.