En la antesala del Día Mundial de las Microempresas que se celebra el 27 de junio, se conocieron resultados del Índice de Salud Financiera de los microempresarios en Colombia. El mismo mostró que gran parte de los encuestados tiene un nivel financiero saludable y una solvencia estable para sus familias. La medición analiza la capacidad de los trabajadores independientes para generar ingresos regulares, cubrir sus gastos diarios y planificar a largo plazo sin comprometer su bienestar.
El informe señaló que “únicamente el 33% de los microempresarios encuestados cuenta con un nivel financiero saludable y de solvencia estable para sus familias”. El resto de la muestra se distribuyó entre un 19% en estado crítico, 21% en estado expuesto y 27% en condiciones de supervivencia.
Además, el grupo en estado crítico registra serias dificultades para sostener su operación diaria. El segmento expuesto resuelve su cotidianidad con ahorros mínimos, mientras que el que está en supervivencia cubre el día a día, pero carece por completo de activos.
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Brechas de género, territorio y capacidad de ahorro
Se identificaron diferencias por género y territorio en la estabilidad económica. Las mayores probabilidades de alcanzar un estado saludable se concentraron en los hombres (42%) y en los emprendedores de cascos urbanos (36%).
Por su parte, persisten rezagos estructurales en las zonas rurales. El documento también estableció una relación directa entre la escolaridad y el éxito administrativo: a mayor nivel educativo, mejor organización interna para generar excedentes y fondos de reserva.
Al evaluar la administración ordinaria de los recursos, el 57% de los hogares encuestados reportó dificultades iguales o superiores para cubrir sus gastos básicos. Otro 24% manifestó convivir con ingresos inestables o altamente fluctuantes.
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En cuanto a la preparación ante choques económicos, 55% de los microempresarios dispone de algún instrumento de ahorro, formal o informal. Sin embargo, el informe sostuvo que “solo una cuarta parte de la muestra analizada tendría la capacidad de sostenerse exclusivamente de sus fondos guardados ante un cese de actividades”.
Crédito, microseguros y educación financiera como respuesta
Frente al escenario, los expertos del sector señalaron que la inclusión financiera por medio del crédito es insuficiente sin el desarrollo de destrezas operativas. Bancamía indicó que el acompañamiento a las unidades productivas vulnerables debe articular el microcrédito, la oferta de microseguros ante riesgos climáticos o de salud y programas de educación financiera.
La entidad, que lideró la recolección de los datos, precisó que el 57% de sus clientes son mujeres y que el 72% experimenta vulnerabilidad económica. También planteó que ese apoyo debe orientarse a la toma de decisiones prácticas en el terreno.
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La agenda de las microempresas para el periodo 2026-2030
En paralelo a los resultados del índice, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) respaldó la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia y afirmó que “las mipymes no pueden seguir siendo consideradas un asunto secundario dentro de las políticas públicas”. También remarcó que “su fortalecimiento debe convertirse en una política de Estado”.
Para el gremio, la agenda prioritaria para 2026-2030 comienza con una reforma tributaria diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas. Acopi propuso una tributación más equitativa, el fortalecimiento del Régimen Simple de Tributación, esquemas sancionatorios diferenciados y la eliminación de sobrecostos que afectan la generación de empleo formal.
Otros frentes son:
- Formalización y empleo: el gremio pidió mecanismos modernos de contratación, cotización proporcional por horas, agilidad en el reconocimiento de incapacidades e incentivos permanentes para contratar a jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.
- Simplificar la tributación territorial mediante un Estatuto Tributario Territorial unificado: según Acopi, la multiplicidad de tributos locales reduce la competitividad y eleva trámites, costos y cargas administrativas.
- Seguridad y estabilidad empresarial: la organización reclamó una estrategia nacional de protección frente a la extorsión, el hurto y la inseguridad en zonas productivas para resguardar la inversión y el crecimiento económico.
- Acceso al crédito y el fortalecimiento financiero: allí incluyó mejores condiciones de financiamiento, ampliación de líneas de crédito, fortalecimiento de la banca de desarrollo y programas de educación financiera para elevar la sostenibilidad y la capacidad de crecimiento.
Los tres puntos finales apuntan a:
- Reindustrialización y participación de las mipymes manufactureras en compras públicas.
- Desarrollo agroindustrial con mayor acceso a tecnología, maquinaria, financiamiento y simplificación regulatoria.
- Política energética confiable que asegure abastecimiento, estabilidad en los costos de producción y una transición responsable hacia fuentes renovables.