El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la falta de respuesta frente a las alertas de seguridad relacionadas con varios concejales del Distrito de Medellín. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario local afirmó que la administración nacional no ha atendido las solicitudes enviadas para evaluar y fortalecer las medidas de protección de algunos integrantes del Concejo que, según indicó, han reportado amenazas vinculadas con el ejercicio de sus funciones públicas.
En su pronunciamiento, Gutiérrez aseguró que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades nacionales mediante una comunicación formal remitida al Ministerio del Interior.
Además, señaló que pese al tiempo transcurrido desde el envío de la solicitud, no se ha recibido una respuesta oficial por parte del Gobierno nacional. “El Gobierno de Petro ha hecho caso omiso a las amenazas que existen sobre algunos Concejales de Medellín, que son además opositores democráticos a su gobierno. En cambio sí protegen desde la UNP a los cabecillas de las Farc, como alias Calarcá y muchos otros”, escribió el alcalde.
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Asimismo, agregó: “Hace unos días oficié de manera formal al Ministerio del Interior sobre el riesgo que existe para los Concejales. Al día de hoy, después de casi 2 meses de haber enviado la carta, no hemos recibido respuesta”.
Solicitud al Ministerio del Interior y a organismos de seguridad
Los documentos divulgados por el alcalde muestran que el 25 de abril de 2026 fue radicada una comunicación dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, así como al director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.
En el oficio, la Alcaldía de Medellín informó que había recibido reportes relacionados con preocupaciones de seguridad expresadas por varios concejales del Distrito. Entre los mencionados en la comunicación aparecen Alejandro de Bedout Arango, Andrés Felipe Tobón Villada, Andrés Felipe Rodríguez Puerta y Claudia Victoria Carrasquilla Minami.
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De acuerdo con el documento, la administración distrital manifestó que los concejales habían puesto en conocimiento de las autoridades competentes diversos hechos, amenazas y situaciones de riesgo relacionadas con el desarrollo de sus funciones públicas.
La comunicación señala que dichos hechos generaban una situación de alerta respecto a la vida e integridad personal de los cabildantes, motivo por el cual se solicitó una revisión urgente de sus condiciones de seguridad.
El alcalde pidió que se adelantara una valoración de los niveles de riesgo y que se adoptaran las medidas de protección necesarias conforme a la normatividad vigente. Según el texto, la solicitud tenía como propósito prevenir hechos que pudieran afectar la vida, la integridad personal y el adecuado ejercicio de las funciones de los concejales.
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“En atención a lo anterior, y en cumplimiento del deber constitucional y legal de las autoridades de proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los servidores públicos, respetuosamente solicito se adelante, con carácter urgente, la valoración de sus niveles de riesgo y la adopción de las medidas de protección efectivas a que haya lugar”, señala el oficio firmado por Federico Gutiérrez.
Procuraduría solicitó actuación inmediata de la UNP
La controversia tomó un nuevo rumbo tras conocerse un oficio expedido por la Procuraduría General de la Nación el 16 de junio de 2026 y dirigido al alcalde de Medellín. En el documento, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos informó que tuvo conocimiento de una petición relacionada con presuntas amenazas contra concejales de Medellín derivadas de su actividad pública.
Como resultado de la revisión realizada en el marco de sus funciones preventivas, el organismo indicó que solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelantar varias actuaciones. Entre ellas, pidió “iniciar ruta de protección individual a los mencionados concejales del Distrito de Medellín”, así como “adoptar e implementar de manera inmediata las medidas de protección eficaces, preventivas y proporcionales a las que haya lugar” para garantizar la vida, la integridad personal y el libre ejercicio de sus funciones constitucionales.
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La Procuraduría también solicitó a la entidad informar las actuaciones adelantadas frente a este caso.