Debido a un anuncio que se realizó por parte del Ministerio de Defensa de Argentina, y que menciona a la aplicación móvil Rappi (con sede en Bogotá), usada por miles de usuarios en América Latina, y en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, México, Ecuador, Chile y Costa Rica, la cartera homóloga colombiana en cabeza de Pedro Arnulfo Sánchez tuvo que salir a aclarar en una publicación que la decisión se tomó en el país del Cono Sur.
“Es importante precisar que este contenido que circula en redes sociales corresponde a un hecho ocurrido en Argentina y no tiene relación alguna con acontecimientos registrados en Colombia”, inicia la publicación en la cuenta de X del Ministerio de Defensa colombiano el miércoles 10 de junio de 2026.
En concreto, y como señaló la captura de pantalla del artículo de Red+ Noticias que compartió la cuenta en X del Ministerio de Defensa colombiano, la misma cartera, pero en Argentina, ha autorizado que los miembros de las Fuerzas Militares puedan desempeñar trabajos alternos en su tiempo libre, como conductores de Uber, repartidores de Rappi, repartidores de pizza o incluso como personal de seguridad privada.
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Por este motivo y con el fin de evitar que los usuarios caiga en la desinformación, el mensaje oficial por parte de la institución continuó con la invitación “a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales y verificar el origen, la fecha y el contexto de la información antes de compartirla”.
Todo lo anterior obedece a que algunos internautas llegaron a pensar que la medida correspondía a Colombia, pero en la misma captura de pantalla se recalcó que esta decisión corresponde a Argentina.
“Difundir contenidos falsos, engañosos o descontextualizados contribuye a la desinformación, genera percepciones erróneas y afecta el acceso de la ciudadanía a información veraz y confiable”, agregó la publicación en la red social.
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Para finalizar, y en otro mensaje que se difundió la misma mañana del viernes, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa de Colombia precisó: “Denunciar delitos, amenazas o cualquier afectación a la seguridad de los colombianos no solo es un derecho, sino un deber constitucional de los integrantes de la Fuerza Pública”.
El preámbulo del mensaje siguió con una aclaración para que los ciudadanos no caigan en publicaciones que solo buscan desinformar: “Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal”.
Seguido a esto, la cartera de Defensa colombiana recalcó que “bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional”.
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“Nuestros militares y policías tienen el respaldo para actuar con honor, transparencia y apego a la Constitución y la ley”, cierra el mensaje, que al final incluyó las líneas de denunciar (bajo absoluta reserva) para combatir a quienes buscan desestabilizar el país con fake news:
- Línea contra el crimen: 314 358 7212
- Líneas 107 – 157
- GAULA: 147 – 165
- Reclutamiento infantil: 141
La decisión del Ministerio de Defensa de Argentina y Rappi
Esta decisión responde a la dura realidad económica que atraviesa el país liderado por Javier Milei, caracterizada por recortes presupuestales y e hiperinflación que han golpeado los ingresos de los sectores estatales, incluidos los uniformados.
La medida, que flexibiliza restricciones históricas sobre la compatibilidad de actividades laborales para soldados, suboficiales y oficiales fuera del servicio, busca que el personal militar pueda mejorar sus ingresos y “llegar a fin de mes” en medio de un escenario de bajos salarios y reducción de la jornada laboral, motivadas por las políticas de recorte implementadas por el Gobierno.
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Según medios locales, el principal problema radica en los bajos sueldos, y en especial entre los suboficiales, y en la reducción de horas de trabajo para recortar gastos en el marco del ajuste fiscal.
La autorización se produjo luego de que militares, tanto en servicio como retirados, expusieran en público su situación en redes sociales.
Casos como el de un suboficial principal con 30 años de servicio en Salta, sancionado por trabajar en Uber, evidenciaron la magnitud del problema. La presión social y las denuncias de las propias fuerzas terminaron por forzar una modificación en la política del Ministerio de Defensa de ese país.
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