La difusión de un video grabado en el interior de la cárcel El Bosque de Barranquilla reactivó el debate sobre la vigilancia dentro de los centros penitenciarios de la región Caribe.
En los registros audiovisuales, se observa a presuntos miembros de Los Costeños participando en una celebración con música y lo que parecen ser bebidas alcohólicas, elementos prohibidos dentro del penal.
El material, grabado en el pabellón B del establecimiento, muestra a varios privados de la libertad y destaca la presencia de alias Emiro y alias Camilo Plata, ambos señalados por las autoridades como integrantes de una estructura criminal investigada por delitos graves como la extorsión y el homicidio en la región Caribe.
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La difusión de estas grabaciones, que circularon en redes sociales, ha generado alarma pública y motivó la apertura de una investigación oficial.
La aparición de teléfonos celulares y la publicación de contenido directamente desde las cuentas de uno de los internos subrayan la existencia de vacíos en la vigilancia penitenciaria.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció el inicio de una investigación formal para determinar las circunstancias que permitieron la grabación y difusión del material desde la prisión.
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El objetivo principal es establecer si hubo fallas en los protocolos de seguridad o posibles actos de complicidad por parte del personal encargado.
Alias Emiro y alias Camilo han sido señalados públicamente como miembros de la red criminal Los Costeños. Esta organización es investigada por múltiples delitos, entre ellos extorsión y homicidio en la región Caribe. La relación de los internos con la estructura delictiva refuerza las sospechas sobre la capacidad de las bandas criminales para mantener operaciones desde el interior de los centros de reclusión.
El caso volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de las cárceles frente al ingreso y uso de dispositivos de comunicación. Las autoridades buscan establecer el modo en que los internos accedieron a estos aparatos y cómo lograron compartir contenido en plataformas digitales, a pesar de las restricciones vigentes.
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Polémica por presos que se ‘gozaron’ el carnaval de Barranquilla: grabaron la Batalla de Flores con teléfonos celulares con los que extorsionan desde la cárcel
La difusión de videos grabados desde la Cárcel Modelo de Barranquilla durante la Batalla de Flores en el Carnaval de Barranquilla 2026 despertó preocupación entre autoridades y ciudadanos.
Imágenes captadas por personas privadas de la libertad, quienes utilizaron celulares de alta gama para documentar y transmitir en directo el desfile, circularon masivamente en redes sociales.
La aparición de estos videos puso en entredicho la rigurosidad de los controles y las requisas en los centros penitenciarios. La comunidad digital no tardó en cuestionar cómo lograron los internos acceder y operar dispositivos de comunicación avanzados, pese a las restricciones formales impuestas en las cárceles.
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En el contexto del Carnaval de Barranquilla, la Batalla de Flores es un desfile emblemático que marca el inicio de las festividades y reúne a miles de personas a orillas del río Magdalena. Sin embargo, este año, la atención se desvió hacia el debate sobre la seguridad interna de los penales.
Las imágenes captadas durante el desfile no solo generaron comentarios y críticas en plataformas digitales, sino que también reavivaron el debate sobre la necesidad de fortalecer los procedimientos de requisa y la supervisión permanente en los centros de reclusión.
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¿Qué dice la ley?
El régimen penitenciario colombiano establece un marco rígido frente al uso de aparatos de comunicación en las cárceles, prohibiendo de manera tajante la tenencia de celulares, teléfonos fijos, fax, busca personas y cualquier dispositivo de comunicación privada por parte de los internos.
La entrada en vigor de la Ley 1709 de 2014 representó un endurecimiento adicional: el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia enfrenta ahora sanciones de extrema severidad si facilita o permite el acceso de estos dispositivos a los reclusos. Esta disposición busca frenar la complicidad interna y cerrar brechas que posibiliten el uso ilegal de tecnologías dentro del sistema carcelario.
Cuando un recluso es sorprendido con un equipo prohibido, el aislamiento en celda puede extenderse hasta 30 días, sanción que se agrava en caso de reincidencia. Además, la normativa contempla la pérdida de beneficios como la redención de pena mediante trabajo o estudio, y la suspensión de permisos de salida especiales.
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El sistema también prevé la suspensión temporal de visitas familiares o íntimas y la restricción en el acceso a teléfonos públicos de la prisión. En situaciones graves, la respuesta puede incluir el traslado del interno a pabellones de alta seguridad o incluso a otra penitenciaría, donde los controles son mucho más estrictos.