La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue desarticulada una estructura delincuencial que desviaba subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y beneficiarios de programas sociales en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
En medio de la operación, once personas fueron capturadas, señaladas por la apropiación ilícita de más de $116 millones mediante los delitos de suplantación de identidad y fraude informático.
De acuerdo con el comunicado oficial del ente judicial, la red ilegal operaba en Medellín y Montería accediendo a sistemas de subsidios sociales y usurpando la identidad de los beneficiarios.
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Del mismo modo, se aclaró que el grupo empleaba registros biométricos irregulares y credenciales adulteradas para retirar los recursos asignados a las poblaciones vulnerables.
Este tipo de fraudes fueron identificados en más de 240 ocasiones, en las que la organización criminal demostró tener una clara división de roles entre los implicados, pues uno de ellos se desempeñaba como el líder, mientras que los gestores de bases de datos y coordinadores de puntos físicos seguían sus órdenes.
Cómo operaba la estructura delincuencial en los subsidios
La organización obtenía información de los beneficiarios de subsidios para acceder de manera ilícita a sus ayudas económicas. Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, identificado como presunto líder, definía los valores a ser cobrados y coordinaba la entrega y retiro de los fondos.
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Entre tanto, se identificaron tres gestoras que ingresaban a las bases de datos institucionales y gestionaban desembolsos usando registros biométricos no autorizados. La investigación indicó que las señaladas son: María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez.
Además, se logró establecer que una parte del dinero extraído era transferido a Israel Segundo Gutiérrez Severiche, mientras que otros seis miembros del grupo criminal cumplían tareas de suplantación, cobro de subsidios y verificación de identidad para consumar las extracciones ilícitas, que adelantaban con movimientos cautelosos para evitar ser descubiertos. Finalmente, el operativo de las autoridades evitó que continuaran afectando a la población vulnerable.
Resultados de las acciones judiciales en Antioquia y Córdoba
Durante los procedimientos de captura, las autoridades incautaron ocho computadores portátiles, así como un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos relevantes en una vivienda que eran empleados por los delincuentes para lograr quedarse con las altas sumas de dinero.
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A los capturados que quedaron vinculados en el proceso, se les imputaron delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de confianza, según el grado de participación identificado.
Como medida judicial, la mitad de los capturados fue enviada a establecimiento carcelario y el resto deberá permanecer privado de la libertad en su residencia, con el objetivo de frenar nuevas acciones ilícitas contra los programas destinados a los grupos más vulnerables.
Cómo evitar estafas si recibe un subsidio
Debido a los riesgos, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones a los ciudadanos que son beneficiarios de este tipo de ayudas económicas:
- No compartir datos personales: no entregar información personal, bancaria o contraseñas a desconocidos, ni por teléfono, mensajes o redes sociales.
- Verificar la fuente de los mensajes: confirmar cualquier comunicación sobre subsidios directamente en los canales oficiales del organismo que otorga el beneficio.
- Evitar enlaces sospechosos: no ingresar a sitios web ni descargar archivos enviados por mensajes, correos electrónicos o redes sociales que no sean oficiales.
- No entregar dinero ni pagar gestiones: ningún trámite legítimo de subsidios exige pagos para acceder al beneficio. Si solicitan dinero, se trata de una estafa.
- Consultar ante dudas: ante cualquier duda, consultar con la entidad oficial, presencialmente o a través de sus canales oficiales.
- Reportar intentos de estafa: si recibe un mensaje o llamado sospechoso, se recomienda denunciarlo ante la Fiscalía en la línea 122 o asistir directamente a una de sus sedes.