Abelardo de la Espriella reafirmó que buscará eliminar la JEP cuando sea presidente: “Tiene un altísimo costo para Colombia”

El jurista indicó que el presupuesto que se invierte en el tribunal transicional no es proporcional a los resultados que se han presentado

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El abogado es un crítico de la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito JEP

Como parte del Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con las Farc-EP se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es un tribunal transicional que tiene como función investigar, juzgar y sancionar a los involucrados en crímenes registrados durante el conflicto armado.

Desde 2016 la JEP ha juzgado a excombatientes de las Farc, agentes del Estado, militares y diferentes individuos que tuvieron algún tipo de injerencia en crímenes de lesa humanidad y similares, ofreciendo beneficios jurídicos a quienes reconozcan su responsabilidad y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

Antes de la segunda vuelta electoral este ente acusador ha sido mencionado en repetidas ocasiones debido a que Abelardo de la Espriella ha asegurado en varias entrevistas que buscará que la JEP desaparezca si es elegido.

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El jurista afirmó que hará lo que pueda para que la JEP deje funcionar - crédito AP

Su propuesta fue ratificada el 9 de junio en diálogo con Caracol Radio, en una entrevista en la que el abogado, que fue pieza clave en las negociaciones de paz con las AUC en lo que se conoce como el “pacto de Ralito”, indicó que no quiere que el país siga invirtiendo dinero en la JEP.

“La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada. La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”, respondió Abelardo de la Espriella a la pregunta sobre por qué no está de acuerdo con la continuidad de la justicia transicional.

El jurista argumentó que la inversión que hace Colombia para mantener la JEP es un precio que no está dispuesto a seguir pagando en su hipotético mandato.

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“Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP, es imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y que le podemos devolver al bolsillo de los colombianos. Haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”.

Con la JEP se han esclarecido crímenes de lesa humanidad registrados durante el conflicto interno de Colombia - crédito Vissuales IA

¿Cuánto invierte Colombia en la JEP y hasta cuándo funcionará?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con un presupuesto anual que ronda los 739.000 millones de pesos. El presupuesto del 2025 se ejecutó en un 99.3%, destinando cerca del 80% a gastos de funcionamiento y el 20% restante a proyectos de inversión.

Sobre su funcionamiento, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda han destacado a la JEP como una de las entidades del sector justicia con mayor nivel de ejecución en el Presupuesto General de la Nación.

Inicialmente, la JEP se mantendrá hasta 2032 - crédito Europa Press

En teoría, la JEP tendrá un funcionamiento de 15 años a partir de la entrada en vigor de su régimen procesal, con la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales solo para finalizar procesos en curso. Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido por completo en tan poco tiempo.

A nivel de logros, en los informes que se han presentado, la JEP afirma haber logrado avances en la investigación y el juzgamiento de crímenes graves ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. Entre sus principales logros destaca la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a excomandantes de las Farc y miembros de la fuerza pública, la apertura de macrocasos como los de secuestro, “falsos positivos” y violencia sexual, y la adopción de medidas de protección y reparación para las víctimas. Además, ha promovido la verdad a través de audiencias públicas en las que los responsables han reconocido hechos sobre los que no se tenía claridad y han pedido perdón a las víctimas y a la sociedad por estos mismos.