Bogotá recibirá un refuerzo de 794 nuevos policías para fortalecer la seguridad en las localidades más afectadas por la criminalidad, según anunció el alcalde Carlos Fernando Galán junto al comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho Zambrano, y el secretario de Seguridad, César Restrepo.
Sin embargo, concejales del Partido Mira advirtieron que la llegada de estos uniformados no estará acompañada, al menos en el corto plazo, de la entrega de motocicletas, cámaras y vehículos ya adquiridos con recursos públicos, pero que siguen sin salir a la calle ni operar en los barrios.
De los nuevos efectivos policiales, 684 serán asignados a las localidades para fortalecer la seguridad territorial, mientras el resto se sumará a la Fuerza Disponible, los grupos de prevención y el Grupo de Operaciones Especiales. Entre las localidades con mayor número de nuevos agentes se encuentran Kennedy (88), Suba (84), San Cristóbal (45), Bosa (43), Rafael Uribe Uribe (40) y Engativá (37). El objetivo es mejorar la presencia institucional, reducir los tiempos de respuesta y reforzar la prevención y el combate a los delitos de alto impacto.
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No obstante, los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra alertaron sobre un patrón preocupante: al menos 120 motocicletas y decenas de cámaras de seguridad, ya adquiridas y con recursos totalmente ejecutados, permanecen sin ser entregadas, instaladas o puestas en funcionamiento.
En Santa Fe, por ejemplo, la localidad con mayor tasa de homicidios en 2025, hay 21 motocicletas verificadas técnicamente que siguen sin operar. En Rafael Uribe Uribe, donde los homicidios crecieron un 46,3% en 2025, las cámaras tienen el 100% de ejecución financiera, pero ninguna ha sido instalada ni está activa, y 18 motos permanecen en adecuación.
El problema se repite en otras zonas críticas: en Puente Aranda, con un alza del 44% en homicidios, hay 14 motos sin entregar y cámaras con solo el 50% de ejecución física pese al 100% de recursos girados. En Kennedy, Engativá y Tunjuelito, el panorama es similar: decenas de motos y cámaras siguen en trámites, bodegas o procesos administrativos, mientras la ciudadanía espera su operación real.
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“Celebramos que lleguen más policías a Bogotá, pero no podemos permitir que lleguen a las localidades sin herramientas para responder. La seguridad no se mide por anuncios, contratos o dinero girado; se mide con motos en la calle, cámaras funcionando y presencia real en los barrios”, afirmó Bedoya Piraquive.
Por su parte, Puentes Sierra sostuvo: “Hay localidades con el presupuesto ejecutado al 100% en el papel, pero con cero cámaras instaladas y motos que no salen a la calle”.
La bancada del Partido Mira exigió a la Administración distrital publicar una matriz de trazabilidad e impacto por localidad —con detalles de contrato, valor, número de equipos, fechas de compra y entrega, estado de operación, integración al C4 y resultados verificables—, además de un cronograma público de entrega inmediata que priorice las localidades más vulnerables.
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El alcalde Galán destacó que los nuevos policías —477 mujeres y 317 hombres de 22 departamentos, con 97 profesionales, 180 técnicos, 21 tecnólogos y 27 con formación en otros idiomas— serán distribuidos para fortalecer el Nuevo Modelo del Servicio de Policía y aumentar la presencia institucional en los territorios. Empero, la preocupación de los concejales y la ciudadanía radica en que más pie de fuerza sin equipos suficientes puede traducirse en mayor burocracia, pero no necesariamente en más seguridad.
La situación es especialmente crítica en localidades como Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Kennedy, Engativá y Tunjuelito, donde los índices de homicidio y otros delitos de alto impacto han venido en aumento, y la presencia de motos y cámaras es clave para mejorar la respuesta policial, el patrullaje y el monitoreo en tiempo real.
La bancada Mira advirtió que, de no solucionarse los cuellos de botella administrativos y logísticos, la ciudad tendrá más uniformados en las calles, pero sin las herramientas suficientes para proteger a la ciudadanía de manera efectiva. Por ello, instaron a la administración a reducir la burocracia, agilizar las entregas y garantizar que cada peso invertido en seguridad se traduzca en resultados visibles y medibles para los bogotanos.
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