A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, el Gobierno de Estados Unidos elevó el tono de sus advertencias frente a cualquier intento de alterar el proceso electoral en Colombia.
Esta vez, el pronunciamiento llegó por parte de Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, que aseguró que Washington mantiene un seguimiento cercano al desarrollo de los comicios y a las denuncias sobre posibles irregularidades.
El funcionario reiteró el respaldo de la administración estadounidense a las instituciones democráticas colombianas y recordó las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la importancia de garantizar la transparencia electoral.
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“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que EE. UU. está comprometido con la protección de la democracia de Colombia. También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior”, escribió Landau.
La declaración fue interpretada como una señal de respaldo al proceso democrático colombiano y, al mismo tiempo, como una advertencia para quienes eventualmente intenten influir de manera indebida en los resultados electorales, en el que se disputará entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
El subsecretario de Estado indicó que las autoridades estadounidenses han puesto especial atención en algunas zonas del país donde existen preocupaciones relacionadas con la transparencia de la jornada electoral. Entre ellas mencionó la región Caribe, aunque aclaró que el monitoreo se extiende a otras áreas del territorio nacional.
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“Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes”, aseguró el funcionario en su post.
La referencia a esa región se da en medio de denuncias y advertencias recurrentes sobre posibles prácticas de compra de votos y otras conductas que históricamente fueron objeto de investigación por parte de las autoridades electorales y judiciales en distintos procesos electorales.
Las sanciones que podrían enfrentar quienes alteren las elecciones
Además del seguimiento a la situación, Landau dejó claro que Estados Unidos contempla medidas migratorias contra quienes sean señalados de participar en acciones que busquen alterar la voluntad popular. Según explicó, tanto los responsables directos como sus familiares podrían verse afectados por decisiones relacionadas con la expedición o permanencia de visas.
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“Por lo tanto, aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas! (sic)”, escribió el alto funcionario norteamericano.
La advertencia se suma a una política que Washington aplicó en diferentes escenarios internacionales, al emplear restricciones migratorias como mecanismo para sancionar conductas consideradas contrarias a sus intereses de política exterior o a los principios democráticos que promueve en la región.
Las denuncias de fraude que surgieron tras la primera vuelta; de allí la advertencia de EE. UU.
Tras la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro y sectores del Pacto Histórico denunciaron presuntas irregularidades en más de 5.300 mesas de votación. El mandatario afirmó que existirían inconsistencias relacionadas con el censo electoral y con la información registrada por la Registraduría, aunque organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) señalaron que parte de esos datos corresponden al funcionamiento normal de las mesas habilitadas en el exterior.
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Además, desde la campaña de Abelardo De La Espriella y varios sectores de oposición también se lanzaron alertas sobre un posible fraude, pero desde otra perspectiva. Estos dirigentes de derecha aseguran que podría existir presión sobre contratistas y funcionarios públicos para respaldar electoralmente al oficialismo, bajo el temor de eventuales consecuencias laborales si triunfa la oposición.
La controversia incluso llegó al escenario internacional; en Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar pidió al Gobierno de Donald Trump evaluar sanciones contra cualquier persona o funcionario que participe en un eventual intento de alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de proteger la transparencia y legitimidad de las elecciones colombianas.