La presencia de las “pollas” deportivas en oficinas y empresas colombianas suele intensificarse en estos días, debido a la llegada del Mundial de Fútbol. Aunque muchos las ven como una tradición inofensiva, la legislación laboral les da un tratamiento muy diferente.
La normativa laboral en Colombia establece que tanto empleadores como trabajadores tienen prohibido organizar o permitir dinámicas que impliquen la recolección de dinero en el lugar de trabajo, como rifas, colectas o apuestas ligadas a eventos deportivos. Esta restricción está expresamente consagrada en los artículos 59 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo.
Prohibición expresa de juegos de azar y colectas en el trabajo
El artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo fija las prohibiciones para los empleadores e incluye la siguiente disposición: “Se prohíbe a los empleadores hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios de trabajo”.
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Así, la responsabilidad de la empresa no se limita a abstenerse de organizar el evento, sino que también recae sobre la tolerancia o permisividad frente a estas prácticas promovidas por los empleados.
Por otra parte, el artículo 60 del mismo código establece prohibiciones para los trabajadores, detallando: “Se prohíbe a los trabajadores hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo”. La doble restricción significa que las llamadas “pollas” no pueden llevarse a cabo legalmente dentro del entorno laboral, sin importar quién promueva la iniciativa.
Fundamentos jurídicos de la restricción
La razón principal detrás de esta normativa reside en la protección del clima laboral y la disciplina interna. Las autoridades consideran que el recaudo de dinero para apuestas puede presionar a empleados a participar, generar conflictos o incluso convertirse en fuente de disputas cuando la participación deja de ser completamente voluntaria.
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El Estado colombiano también establece un monopolio sobre los juegos de suerte y azar, regulado por la Ley 643 de 2001. Cualquier actividad de este tipo que implique la entrega de dinero necesita autorización estatal, lo que no suele ocurrir con las “pollas” informales que se organizan entre compañeros de trabajo.
¿Qué consecuencias puede haber para las empresas y empleados?
En la práctica, la realización de “pollas” con dinero dentro del lugar de trabajo puede acarrear consecuencias disciplinarias para los empleados y sanciones para los empleadores, especialmente si se demuestra que hubo promoción o tolerancia de la actividad. Aunque las sanciones no son habituales, el Ministerio del Trabajo tiene la facultad de intervenir cuando existen pruebas de que la empresa permitió o impulsó este tipo de prácticas.
En los casos más graves, si la organización de una “polla” genera conflictos internos, fraudes o situaciones de engaño, la empresa podría considerar la terminación del contrato de trabajo. La ley contempla como justa causa de despido la comisión de actos ilícitos o inmorales dentro del espacio laboral.
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Diferencias entre actividades permitidas y prohibidas
No todas las dinámicas recreativas están prohibidas en la oficina. Muchas empresas implementan concursos simbólicos, trivias o quinielas deportivas internas sin involucrar dinero de los trabajadores. En estos casos, los incentivos suelen provenir directamente de la organización como parte de los programas de bienestar, y no de una colecta entre empleados.
La clave legal que diferencia ambas situaciones está en el origen de los premios y la ausencia de recaudación entre los compañeros. Solo cuando existe manejo de dinero ajeno a la empresa y apuestas vinculadas a resultados deportivos se incurre en una infracción.
Riesgos adicionales asociados a las pollas
Más allá de la infracción laboral, existen riesgos legales adicionales. Si una persona organiza una “polla” y retiene el dinero de los participantes sin repartir el premio, podría configurarse un delito de estafa. Además, si el mecanismo se utiliza para encubrir recursos de procedencia ilícita, podrían darse investigaciones por lavado de activos.
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