El presidente de Colombia Gustavo Petro se refirió a la firma del decreto 0545 de 2026, que establece lineamientos ambientales de obligatorio cumplimiento para la Sabana de Bogotá y que deberá ser incorporado por Bogotá, 31 municipios de la región, autoridades ambientales y promotores de proyectos públicos y privados en sus instrumentos de ordenamiento territorial.
El mandatario aseguró que la decisión busca proteger el agua, los ecosistemas estratégicos y el equilibrio ambiental de una de las zonas con mayor presión urbanística del país.
A través de una publicación en su cuenta de X, Petro presentó el decreto como una medida urgente para enfrentar el deterioro ecológico de la región y advirtió que la Sabana atraviesa un momento crítico.
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“La Sabana está a punto de destruirse y creo que esta es la última oportunidad de defenderla de la voracidad codiciosa de la especulación inmobiliaria”, escribió el jefe de Estado al referirse a la expedición de la norma, firmada el 29 de mayo.
Según explicó el Ministerio de Ambiente, el decreto desarrolla el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que reconoce a la Sabana de Bogotá como un área de interés ecológico nacional. La cartera señaló que las directrices tienen carácter vinculante y deberán ser incorporadas en los planes de ordenamiento territorial, los instrumentos metropolitanos y el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Bogotá.
El sustento técnico de la medida incluye un diagnóstico ambiental que concluyó que el 78,6% de la Sabana presenta algún nivel de afectación en su integridad ecológica por actividades humanas. Además, determinó que el 61% de las áreas protegidas se encuentra en estado “bajo” o “muy bajo” de conservación y que más de la mitad del territorio soporta una alta presión relacionada con el uso y la vulnerabilidad del recurso hídrico.
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Entre las principales disposiciones del decreto figura la restauración de ecosistemas considerados estratégicos para la regulación y abastecimiento de agua. Las autoridades ambientales deberán impulsar programas de recuperación en microcuencas abastecedoras, páramos, bosques andinos, humedales, corredores ecológicos y en la cuenca del río Bogotá.
La norma también establece que las corporaciones autónomas regionales tendrán un plazo de 24 meses para identificar y cartografiar oficialmente ecosistemas como el bosque andino y la subxerofitia andina, actualizar la información sobre humedales y delimitar las rondas hídricas del río Bogotá y sus principales afluentes.
Los municipios, por su parte, deberán incorporar esas delimitaciones dentro de sus estructuras ecológicas y reflejarlas en futuras revisiones de sus planes de ordenamiento territorial.
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En materia hídrica, el decreto ordena la elaboración de inventarios oficiales de humedales, la formulación de planes de manejo y la ejecución de acciones de conservación, rehabilitación y restauración. También contempla monitoreos permanentes sobre calidad del agua, biodiversidad y sedimentos, así como la priorización de especies nativas y el control de especies invasoras.
Petro aprovechó el anuncio para vincular la expedición de la norma con uno de los debates urbanísticos más relevantes de la región: la ampliación de la autopista Norte de Bogotá. En su mensaje, el mandatario cuestionó la idea de que la expansión vial pueda resolver los problemas de movilidad derivados del crecimiento urbano en la Sabana.
“La gente que hoy vive en la zona de Torca, al extremo norte de Bogotá, ya sabe cómo se degrada la calidad de vida en trayectos de cuatro horas, ida y vuelta, para dormir en casa. Creen que ampliando la Autonorte se resuelve el problema y solo se destruyen humedales y aumenta el trancón”, afirmó.
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El decreto incluye criterios ambientales para los procesos de expansión urbana y establece que los nuevos proyectos de infraestructura deberán evitar, desde las fases iniciales de planeación, superponerse con áreas de especial importancia ecosistémica.
Además, promueve sistemas de drenaje sostenible, la recuperación de ríos urbanos y la priorización de sistemas férreos y eléctricos de transporte.
En el mismo pronunciamiento, Petro anticipó que la medida podría enfrentar acciones judiciales y señaló directamente al gremio constructor. “Este decreto lo demandará Camacol, responsable en mucho del deterioro urbanístico de una de las ciudades más grandes del mundo: Bogotá, al supeditar el bien común a la codicia inmobiliaria”, escribió.
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Uno de los principales cuestionamientos provino del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que solicitó al Gobierno retirar la propuesta inicial al considerar que podía generar incertidumbre sobre proyectos estratégicos para la capital y afectar la autonomía territorial de Bogotá y de los municipios de la Sabana.