Así funciona la ley colombiana para quienes deciden no votar: no tendría beneficios

A pocas horas de que millones de colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del país, una duda sigue apareciendo entre quienes aún no han decidido si participarán en la jornada electoral: ¿hay alguna multa o sanción para quienes prefieren no votar?

La respuesta es sencilla. En Colombia, el voto no es obligatorio. Esto significa que los ciudadanos habilitados para sufragar pueden decidir libremente si asisten o no a su puesto de votación, sin enfrentar castigos económicos, procesos administrativos ni ningún otro tipo de sanción por abstenerse.

La confusión suele surgir porque, en época electoral, también se habla de multas y obligaciones relacionadas con los jurados de votación. Sin embargo, esas medidas no aplican para los votantes, sino para las personas que fueron designadas por la Registraduría para cumplir funciones específicas durante la jornada.

Aunque no existe ningún castigo para quienes decidan quedarse en casa el 31 de mayo, sí hay una diferencia importante entre votar y no hacerlo. Los ciudadanos que participan en las elecciones reciben un certificado electoral, un documento oficial que acredita que ejercieron su derecho al sufragio.

Este certificado es entregado directamente en las mesas de votación una vez que la persona deposita su voto. Por esa razón, quienes no acudan a las urnas no obtendrán dicho documento y tampoco podrán acceder a los beneficios asociados a él. La entrega del certificado forma parte de las tareas asignadas a los jurados de votación, quienes tienen un papel fundamental para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Según la información divulgada por la Misión de Observación Electoral (MOE), en cada mesa electoral hay seis jurados designados, tres principales y tres suplentes. Entre las responsabilidades de estos últimos se encuentra precisamente la entrega del certificado a los ciudadanos que participaron en la jornada democrática.

Más allá de ser un simple papel, este documento constituye la constancia oficial de que una persona votó. Por eso suele ser requerido cuando se busca acceder a algunos de los beneficios contemplados en la legislación colombiana para quienes participan en los procesos electorales.

Mientras tanto, las verdaderas obligaciones recaen sobre los jurados seleccionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. A diferencia de los votantes, ellos sí deben cumplir una serie de responsabilidades establecidas por la ley. Su labor comienza incluso antes de la apertura de las urnas. Desde las 7:30 a. m. deben presentarse en el puesto asignado para verificar el material electoral y preparar la mesa de votación.

A partir de las 8:00 a.m. reciben a los ciudadanos, verifican sus documentos de identidad, registran su participación y entregan las tarjetas electorales correspondientes. Durante toda la jornada, además, deben velar por el adecuado funcionamiento del proceso y resolver situaciones que puedan presentarse en la mesa. Su trabajo no termina cuando se cierran las urnas a las 4:00 p. m. Una vez concluye la votación, los jurados deben realizar el preconteo de los votos, diligenciar los formularios electorales y consolidar los resultados que serán reportados a las autoridades.

Solo cuando todas esas tareas han sido completadas pueden retirarse de sus puestos. Precisamente porque cumplen una función esencial para el desarrollo de las elecciones, la designación como jurado es de obligatoria aceptación. La ley establece consecuencias para quienes, habiendo sido notificados, no se presenten a cumplir sus funciones o abandonen la mesa sin una justificación válida.

De acuerdo con la información oficial, las sanciones varían según la condición de la persona. En el caso de los servidores públicos, la falta puede derivar en la destitución del cargo. Para los ciudadanos particulares, la consecuencia puede traducirse en una multa de hasta diez salarios mínimos legales vigentes.

Esa diferencia marca una línea clara entre el papel de los votantes y el de los jurados. Mientras cualquier ciudadano tiene la libertad de decidir si participa o no en las elecciones presidenciales, quienes fueron escogidos para integrar las mesas electorales sí están obligados a cumplir con las funciones que les fueron asignadas. En ese contexto, la jornada presidencial del 31 de mayo dependerá tanto de la participación ciudadana como del trabajo de miles de jurados distribuidos en todo el territorio nacional.

Así, aunque la abstención no genera castigos en Colombia, votar sí permite obtener el certificado electoral, el documento que deja constancia de la participación en una de las decisiones democráticas más importantes del país y que definirá quiénes continuarán en la carrera hacia la segunda vuelta presidencial.