Queda menos de una semana para la primera vuelta presidencial en Colombia y varios candidatos presidenciales han entregado los reportes financieros de sus campañas.
Los ingresos reportados para la primera vuelta ya superan los 82.500 millones de pesos, mientras los gastos registrados alcanzan los 60.545 millones de pesos, conforme a los datos consignados en la plataforma Cuentas Claras, y registrados por la organización Transparencia por Colombia.
Los topes aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para esta fase se fijaron en 39.003 millones de pesos.
Con corte al 19 de mayo, 12 de las 14 candidaturas inicialmente postuladas presentaron sus reportes de ingresos y egresos. En contraste, dos aspirantes presidenciales aún no entregaron esos informes, pese a la directriz del órgano electoral: Miguel Uribe Londoño (Partido Demócrata Colombiano) y la senadora Clara López (Unitarios), quien desistió de su aspiración, pero debe presentar su reporte financiero.
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El dato más alto del reporte está en la financiación: los créditos del sector financiero concentran el 93,9% de los ingresos declarados y suman 77.500 millones de pesos. A menos de una semana de la votación, ninguna campaña presidencial ha informado ingresos por concepto de anticipo estatal.
Entre tanto, el rubro dominante es la propaganda electoral, que representa el 74,1% del total y asciende a $44.810.852.346. El segundo gasto más alto corresponde a administración, con el 15,7% y un monto de $9.490.587.591.
Los actos públicos aparecen mucho más abajo en la contabilidad informada hasta ahora. Ese rubro suma $1.702.419.957 y equivale al 2,8% del total de gastos registrados.
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Reporte de ingresos y gastos
La campaña con mayores ingresos declarados es la de Abelardo de la Espriella, con $32.000.000.000. Le siguen Paloma Valencia, con $30.000.000.000, e Iván Cepeda, con $15.000.000.000. En los tres casos, la fuente de esos recursos corresponde a créditos con entidades bancarias.
Del lado del gasto, la campaña que más recursos ha declarado es la del aspirante del movimiento Defensores de la Patria, con $26.087.494.198. Después aparecen la candidata del Centro Democrático, con $17.775.569.774, y la del líder del Pacto Histórico, con $12.507.602.375, respectivamente.
Más abajo en la lista aparecen el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo con $1.827.000.000 ingresados y $1.478.512.400 gastados, al igual que el exalcalde de exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo con $1.407.287.070 de ingresos y $1.302.602.560,77 de gastos, respectivamente.
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El informe de Transparencia por Colombia pone en evidencia las diferencias entre los candidatos de menor recaudación. El exministro de Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) Mauricio Lizcano, que reportó un monto de $926.718.193 en ingresos y $293.480.979 en gastos, mientras que la abogada Sondra Macollins declaró $792.602.000 de ingresos y $647.254.360 en gastos a la plataforma autorizada por el CNE.
Entre quienes tuvieron recursos más bajos, aparecen el expresidente del Senado Roy Barreras, sumando $101.002.932 de ingresos y $87.118.770 de gastos, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, alcanzando $97.330.000 en ingresos y $86.947.282 en gastos.
En los últimos lugares del listado aparecen el empresario Santiago Botero Jaramillo, con $225.000.000 de ingresos y sin gastos reportados, al igual que Gustavo Matamoros y Luis Gilberto Murillo (renunció a su aspiración presidencial), quienes informaron $50.000.000 y $35.000.000 de ingresos respectivamente, y gastos iguales a sus entradas monetarias.
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Posibles sanciones para Miguel Uribe y Clara López
En caso de que Miguel Uribe Londoño y Clara López no presenten su reporte final de ingresos y gastos en la plataforma Cuentas Claras, se exponen a sanciones administrativas, consecuencias penales y efectos políticos, incluida la posibilidad de pérdida o revocatoria del cargo y prisión para el gerente de campaña.
Entre las medidas administrativas figura la imposición de multas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a candidatos, gerentes y partidos que incumplan la rendición de cuentas mediante el software Cuentas Claras, además de la pérdida de la reposición de votos y la congelación de giros de anticipos estatales o financiación pública.
En el plano penal, el Código Penal contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión por omitir información, financiar con fuentes prohibidas o violar topes de gasto. También prevé inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la condena y multas equivalentes al monto excedido o no reportado.
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