Días de incertidumbre y preocupación enfrenta la familia de Alexander Valencia y Nicolás Valencia, padre e hijo procedentes del Tolima, cuando ambos desaparecieron desde el luneso festivo 18 de mayo, tras un episodio violento en la zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca.
Según el relato de familiares directos, los Valencia viajaron al corregimiento de Bazán Bocana con la intención de disfrutar unos días de descanso y practicar pesca junto a otros conocidos. El viaje, planeado como una breve escapada, se transformó en una pesadilla de angustia y silencio.
La información más reciente indica que los dos hombres estarían secuestrados por sujetos armados en una isla del Pacífico, próxima a Buenaventura. Las versiones recogidas por la familia afirman que uno de los viajeros se habría separado del grupo para dirigirse hacia otra bahía.
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Al parecer, ingresó a una zona prohibida, donde fue atacado a tiros. El padre, al acudir a socorrerlo, también fue interceptado, mientras que los demás acompañantes lograron huir y regresar al hotel.
Yaneth Gutiérrez, familiar de los desaparecidos, expresó la preocupación del núcleo familiar: “Ellos todavía siguen desaparecidos y nos llamaron para decirnos que los tiene un grupo armado por allá en una isla. Lo que sucedió fue que uno de ellos se retiró hacia otra bahía y, según dicen, entró a una zona prohibida. Allí le dispararon y cuando el papá fue a ver qué había pasado, los agarraron a los dos. Ellos estaban de paseo con otros trabajadores, pero los demás sí lograron escapar hasta el hotel”.
Hasta la fecha, las autoridades han confirmado la puesta en marcha de un operativo especial para tratar de ubicar a los desaparecidos.
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La Policía Nacional informó, a través de un comunicado, que “activó los protocolos institucionales y desplegó capacidades operativas, investigativas y de inteligencia en coordinación con las autoridades competentes. De igual manera, se implementó un plan de búsqueda y verificación en articulación con unidades de Guardacostas y el GAULA, con el propósito de fortalecer las labores de ubicación”.
La familia Valencia, sumida en la preocupación, pidió a las autoridades nacionales que aceleren las acciones necesarias para localizar con vida a sus seres queridos. El llamado urgente busca mantener viva la esperanza y obtener respuestas en medio de la zozobra que los acompaña desde hace días.
Denuncian explotación sexual de niñas en Buenaventura en medio de diálogos de paz con bandas criminales Shottas y Espartanos
Las recientes denuncias de explotación sexual y reclutamiento forzado de niñas y mujeres en Buenaventura han encendido las alarmas en medio de los diálogos de paz que el Gobierno Nacional sostiene con las estructuras criminales Shottas, Espartanos y Los Chiquillos.
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Las voces oficiales y comunitarias coinciden en que la violencia de género persiste como una de las caras más graves del conflicto urbano en el distrito portuario.
El jefe de la delegación gubernamental en la mesa sociojurídica, Fabio Cardozo, expuso públicamente la gravedad de las denuncias recibidas. “Tenemos incluso nosotros denuncias de niñas que se llevan un fin de semana, eso se llama esclavitud sexual, de niñas que reclutan a la fuerza en las bandas, que las ponen a ser bandados, que tal cosa, o que las violentan directa y físicamente hasta perder la vida”, reconoció el funcionario ante los medios de comunicación.
La situación, según Cardozo, refleja una problemática que no ha cedido a pesar de los avances en los procesos de diálogo y los compromisos suscritos para la erradicación de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes en la región. Las estructuras criminales firmaron recientemente un acuerdo enfocado en la reducción de estos delitos, en presencia de autoridades y representantes de la comunidad.
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En Buenaventura, los grupos armados ilegales mantienen una influencia directa sobre la vida de la población femenina, lo que se traduce en hechos de abuso y explotación. Las denuncias de reclutamiento y esclavitud sexual han sido puestas sobre la mesa durante los últimos encuentros entre voceros del Gobierno y las organizaciones criminales.